El enlace natural existente entre los estados de Querétaro y Guanajuato, que hace 200 años hizo posible el levantamiento de Miguel Hidalgo, en la actualidad está roto por culpa del crimen organizado. Asesinatos y desapariciones, atribuibles a diversos cárteles, ocurren en la zona fronteriza de ambas entidades, pero las autoridades encargadas de impartir justicia simplemente le echan la responsabilidad al vecino… y no se investiga ni aclara nada.

QUERÉTARO, QRO.- Querétaro fue uno de los estados protagonistas del inicio del movimiento independentista libertador de México, pero en la actualidad está sitiado por una inseguridad –que azota a estados vecinos, como Guanajuato, Michoacán o el Estado de México– de la que no se ha podido sustraer.

La confrontación entre los grupos criminales del Cartel de Santa Rosa de Lima y el de Jalisco Nueva Generación en Guanajuato, se extendió al territorio queretano, donde los crímenes de alto impacto fueron más frecuentes durante el último sexenio.

De acuerdo con datos oficiales, mientras en el sexenio del priista José Eduardo Calzada Rovirosa (octubre de 2009 a agosto de 2015), hubo 593 homicidios dolosos, en el actual sexenio del panista Francisco Domínguez (octubre de 2015 hasta julio de 2021), el número de crímenes ya iba en 976, es decir un incremento de 64%.

Uno de estos crímenes ocurrió el 18 de diciembre de 2019, tras el cruce de narcomensajes entre bandas criminales, un grupo armado baleó la fachada de dos negocios provocando la muerte de dos personas –una era menor de edad–, en Ceja de Bravo, en el municipio de Corregidora, en los límites con el estado de Guanajuato.

Sin embargo, los homicidios dolosos en el actual sexenio en Querétaro son mucho menores a los mil 711 que sólo durante los primeros siete meses de este 2021 sumaban en el estado de Guanajuato, gobernado por el PAN, y en entidades vecinas como el Estado de México (mil 321), gobernado por el PRI, o Michoacán que gobernó los últimos años el PRD (mil 253).

No obstante, los gobiernos locales de los últimos sexenios de Querétaro, surgidos todos del PRI y del PAN, se culpan del aumento de la inseguridad en Querétaro, que no ha cesado en la última década.

“¡Hemos perdido, se les fue de la mano la seguridad!”, aseguró en 2015, siendo candidato, el hoy gobernador Francisco Domínguez Servién, como parte de sus críticas al gobierno saliente encabezado por el priista José Eduardo Calzada Rovirosa.

De manera similar, la candidata del PRI a la gubernatura de Querétaro, Abigaíl Arredondo Ramos, dijo en su campaña este 2021 que “hace cinco años y medio dejamos, con un gobierno priista, con un gobernador priista, Querétaro en el segundo lugar a nivel nacional, en un tema tan sentido como es la seguridad; hoy ahí vamos por el escaño número 15 y seguimos bajando”, afirmó sobre el aumento de la inseguridad registrada durante el sexenio del panista Francisco Domínguez.

Eje roto

Hace 211 años, para el inicio de la lucha independentista, personajes de diversos orígenes y entidades, como Miguel Hidalgo y Costilla o Ignacio Allende, de Guanajuato, mantenían coordinación con el entonces corregidor de la ciudad de Querétaro, Miguel Domínguez, y su esposa Josefa Ortiz, para las reuniones en las que planearon el inicio del movimiento libertador.

Inclusive cuando la conspiración fue descubierta, alertaron en un mensaje enviado a Guanajuato, para sus compañeros conspiradores, lo que derivó en el Grito de Independencia por parte del cura Hidalgo.

Sin embargo, ahora esa comunicación y coordinación parece inexistente, entre las autoridades locales de Querétaro y Guanajuato, cuando se trata de afrontar al crimen organizado y librar a las personas de la inseguridad.

Por ejemplo, hace ya casi dos años –días antes de que ocurriera el ataque a los comercios en la localidad de Ceja de Bravo, Corregidora, en el que fallecieron dos personas–, un grupo criminal dejó pancartas, entre los límites de Corregidora y Querétaro, junto a las extremidades superiores del cuerpo de una persona, en el que se amenazaba a quien apoyara al Cártel de Jalisco Nueva Generación, además de ordenar “quitar policías de Corregidora”, uno de los municipios queretanos.

Sin embargo, ante ese hecho, atribuido a un “comando especial” del Cártel de Santa Rosa de Lima, según una de las pancartas, el fiscal queretano Alejandro Echeverría Cornejo, se limitó a declarar que ese mensaje correspondía investigarlo a las autoridades de Guanajuato.

“Hasta donde yo tengo entendido es un hecho que ocurre en el estado de Guanajuato, no tenemos la certeza ni la probabilidad de verificar si es o no es cierta, y por supuesto que correspondería a las autoridades de Guanajuato que es donde se encontró este documento investigar los hechos”, dijo.

Una postura similar ha mantenido la autoridad sobre la desaparición de personas originarias de Querétaro en el estado de Guanajuato, como ocurrió con el joven Jonathan Alexis Arroyo Arias, de 19 años, habitante de Ceja de Bravo, a quien su abuela buscaba con desesperación, ante la indolencia de las autoridades locales que le dijeron que no lo podían ir a buscar a otros estados.

Igual pasó con la desaparición, durante 10 días, del conductor de Uber Noé Cruz Sánchez, quien cruzó a San Antonio Calichar, Guanajuato, para llevar a un pasajero que le solicitó el servicio en Querétaro, pero donde fue localizado sin vida, a sólo tres y medio kilómetros del estado de Querétaro.

Durante el tiempo en el que no se sabía nada de él, un grupo de sus colegas realizó protestas en Querétaro, pero las autoridades locales las minimizaron y hasta el exalcalde de Corregidora y diputado local por el PAN del distrito correspondiente a ese municipio, Luis Antonio Zapata Guerrero, les recomendó ir a protestar a Guanajuato.

“En el caso de la demanda de seguridad, pues creo que pueden tener razón, na’más que hay que hacer la protesta en Guanajuato, no en Querétaro”.

Ante la indiferencia de las autoridades locales para la búsqueda del chofer, su padre, Noé Cruz Malerva, mencionó por primera vez la necesidad de formar una especie de “autodefensas” para enfrentar este tipo de situaciones, pues durante la búsqueda de su hijo dio con muchos casos similares en los que los familiares no buscaban por temor.

La falta de coordinación no sólo se ha apreciado en el caso de Guanajuato, en septiembre de 2019 fue atacado Jesús Cancino Téllez, El Apá, de la Familia Michoacana, en las inmediaciones del fraccionamiento Pueblo Nuevo, municipio de Corregidora, a un kilómetro de una unidad de la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

Tras el ataque, el sujeto fue trasladado al Hospital Ángeles donde permaneció resguardado por policías, pero el fiscal de Querétaro, Alejandro Echeverría, negó que se tratara de quien era uno de los objetivos prioritarios del gobierno federal, por lo que fue puesto en libertad y trasladado por su familia a Michoacán.

Sin embargo, allá fue rematado, en el hospital Acueducto de Morelia, como lo confirmó el gobernador Silvano Aureoles Conejo, quien dijo que se dedicaba al trasiego de drogas y vivía en Querétaro.

“La información está confirmada, que esta persona vivía en Querétaro y allá intentaron atentar contra su vida y privaron de la vida a una persona que era su chofer, y a él con una lesión se lo trajeron y hoy por la madrugada algunos individuos le dispararon, pero es un tema que viene desde Querétaro”, reprodujo el diario Plaza de Armas que dio seguimiento al caso.

En la última década, durante el sexenio de Francisco Domínguez, también fueron detenidos en Querétaro, en su mayoría por fuerzas federales, al menos cinco presuntos líderes de cárteles del narcotráfico: Martín Navarro Escutia, El Cebollón, de Jalisco Nueva Generación; Alejandro Castro Alfonso, El Picoreta, jefe regional de Los Zetas, considerado uno de los “122 objetivos prioritarios del gobierno federal”; Walter Alonso de Loya Tomás, La Medusa, vinculado con el caso Ayotzinapa; Jesús Contreras Arceo, El Canasto, del Cártel de Jalisco Nueva Generación; y David L o El Cabo 20, de los Arellano Félix.

Este tipo de hechos ya venían ocurriendo desde el final de la administración del priista José Eduardo Calzada Rovirosa, como la ejecución por elementos de la Marina de quien era considerado el segundo al mando de Los Caballeros Templarios, por debajo de La Tuta, Enrique Plancarte Solís, o la de Adrián Jaime Vences, El Faraón, quien murió en el Hospital General de Querétaro tras recibir un impacto de bala en un operativo también de la Marina, en el municipio de San Juan del Río, donde fue ubicado.

Igualmente, tras la detención de Héctor Beltrán Leyva, El H, en San Miguel de Allende, Guanajuato, en octubre de 2014, fue confirmado que vivía en una residencia de una zona exclusiva de Juriquilla, Querétaro.

Un mes después, en noviembre de 2014, Drey Jaime Vences, hermano de El Faraón, fue capturado en el fraccionamiento El Mirador, municipio de El Marqués, conurbado con la capital del estado.

En Querétaro, en septiembre de 2019, también fue localizado el más grande y sofisticado narcolaboratorio del centro del país, a dos kilómetros de la autopista México-Querétaro y a 10 de la capital estatal, cuyo valor de la bodega, equipo y droga fue valuado por la PGR en 20 millones de dólares.

No obstante todos estos hechos, las autoridades han insistido en rechazar la operación del narcotráfico en el estado de Querétaro, uno de los estados llamados cuna de la Independencia de México.