OAXACA, Oax. (apro).- A ocho días del atentado contra José Castillo Castro, defensor del territorio y el medio ambiente, cuyo estado de salud se reporta grave, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) solicitó medidas cautelares para salvaguardar su integridad y la de su familia.

Además, exigió el esclarecimiento del ataque contra el activista, el pasado miércoles 8, en el municipio de San Pedro Huamelula.

El Centro de Derechos Humanos y Asesorías a Pueblos Indígenas (Cedhapi) confirmó que José Castillo Castro, quien protege la flora y la fauna endémica de la comunidad chontal de Barra de la Cruz, perteneciente al municipio de Santiago Astata, en la región del Istmo de Tehuantepec, recibió dos impactos de bala cuando circulaba en un automóvil.

En respuesta, la CNDH solicitó a la Guardia Nacional (GN), a diversas autoridades del estado de Oaxaca y al presidente municipal de Santiago Astata, implementar medidas cautelares para salvaguardar su integridad.

Según información pública, Castillo Castro circulaba en un vehículo particular, acompañado de su familia y amigos, cuando fue agredido con disparos de arma de fuego --a la altura del entronque “Guadalupe Victoria”, en el municipio de San Pedro Huamelula-- por dos personas que circulaban en una motocicleta.

La CNDH hizo un llamado a las autoridades estatales para identificar a los responsables del ataque y agotar todas las líneas de investigación relacionadas con el caso, incluida la posible vinculación del hecho con su actividad defensora del territorio y el medio ambiente de la comunidad indígena chontal en Barra de la Cruz.

Las medidas cautelares ya fueron notificadas a las citadas autoridades, por lo que el organismo permanecerá atento a su respuesta y, de ser aceptadas, dará seguimiento a la implementación y cumplimiento de las mismas.

De acuerdo con el presidente de Cedhapi, Maurilio Santiago Reyes, Castillo Castro está al frente de la defensa de la tierra, el territorio y los recursos naturales en la región del Istmo de Tehuantepec y mantiene una lucha jurídica desde hace varios varios años “para impedir que grupos de poder impongan a los comisariados de bienes comunales, como es el caso de los señores Marcelino Sánchez García e Inocente Barras Robles”.

El activista, dijo, se ha opuesto al despojo y venta de las tierras de la comunidad costera Barra de la Cruz y ha defendido los recursos naturales, así como la flora y fauna del lugar, y es por eso lo atacaron.