Guanajuato
Procesan por peculado a exjefe de unidad de homicidios de la Fiscalía de Guanajuato
Marco Antonio Lozano González era investigado desde el año pasado, presumiblemente porque dispuso indebidamente de bienes (vehículos) asegurados y obtuvo un ingreso.GUANAJUATO, Gto., (apro).- Marco Antonio Lozano González, jefe de unidad de investigación de homicidios en la Fiscalía general del estado, fue vinculado a proceso ante un juez penal como presunto responsable de cometer peculado, al disponer de bienes o recursos asegurados.
La propia fiscalía difundió un comunicado el viernes 13 en el que dio a conocer escuetamente que “datos de prueba permitieron establecer que probablemente el inculpado dispuso de diversas cantidades en dinero”.
Sin embargo, el portal digital Poplab.mx reveló que el inculpado se desempeñaba como Jefe de la Unidad de investigación de homicidios en la Fiscalía regional D, con sede en San Miguel de Allende.
Lozano González era investigado desde el año pasado, presumiblemente porque dispuso indebidamente de bienes (vehículos) asegurados y obtuvo un ingreso.
Al encontrar elementos suficientes para acusarlo, la FGE turnó el caso a un juzgado penal, donde fue vinculado a proceso desde el lunes 9 de agosto, aunque la instancia no lo dio a conocer sino hasta el viernes, después de que fue consultada por medios sobre el caso.
Según Poplab, la Unidad de Asuntos internos de la Fiscalía inició la carpeta de investigación 53893/2020 el año pasado; Lozano fue bajado de rango y aparentemente despedido, aunque esto no fue informado por la Fiscalía.
La Fiscalía guanajuatense y particularmente su titular, Carlos Zamarripa Aguirre, enfrenta fuertes críticas desde el gobierno federal; el presidente Andrés Manuel López Obrador ha solicitado al gobernador Diego Sinhue Rodríguez su destitución ante las condiciones de violencia y el número de asesinatos en el estado.
Como el delito de peculado no está tipificado como grave en el Código penal del estado, el exagente enfrenta el proceso penal en libertad, con un par de medidas cautelares como firmar periódicamente en el juzgado.
El Código penal del estado establece una sanción de hasta 10 años de prisión por este delito, así como la destitución del empleo e inhabilitación para el servidor público que resulte culpable.
Fuentes al interior de la propia Fiscalía señalan al menos a otros tres funcionarios posiblemente involucrados en el delito del que es acusado el exjefe ministerial.
Dos agentes fueron dados de baja, pero la FGE ha mantenido silencio al respecto y únicamente ha procedido contra Marco Antonio Lozano.