PACHUCA, Hgo. (apro).- El diputado federal sin fuero Cipriano Charrez Pedraza mantuvo una huelga de hambre por 77 días en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Pachuca, donde está recluido desde el 20 de septiembre de 2019 por dos causas penales en su contra: homicidio doloso –primero homicidio culposo– e intento de homicidio.   

La protesta que inició por presuntas anomalías en su proceso y supuesta colusión de juezas con el gobierno del estado para mantenerlo en prisión, terminó, según una carta escrita por Charrez desde la cárcel, “ante el inminente riesgo de perder la vida”, por el daño que, aseguró, han sufrido sus órganos vitales.  

El también exdiputado local y exalcalde del municipio de Ixmiquilpan, Hidalgo, acusó que las juezas Karina Vértiz Marín y Janeth Montiel Mendoza, a quienes llamó “instrumentos de represión y de corrupción” del gobernador Omar Fayad Meneses, no permitieron su hospitalización, lo cual, expuso, es una violación a sus derechos. 

Charrez, que se ha denominado preso político, también criticó que la presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Janeth Herrera Meneses, “prima de Fayad”, no atendió una petición de audiencia de su familia, que igualmente hizo huelga de hambre durante ocho días afuera de su oficina. 

Asimismo, cuestionó la eficacia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, al afirmar que no resolvió una queja a su favor por presuntos actos violatorios en el Cereso, donde, asegura, ha sufrido tortura y tratos degradantes.   

El legislador desaforado anunció que continuará con la lucha jurídica “para demostrar la fabricación de delitos que hizo el MP y por ende demostrar mi inocencia”.      

La madrugada del 6 de octubre de 2018, la camioneta Ford Raptor de Cipriano Charrez impactó con el Pointer de un joven de 21 años que murió calcinado tras el percance. Después de que se difundieran videos en los que se muestra al entonces diputado en funciones salir de la unidad y ser auxiliado para retirarse del lugar, la procuraduría estatal inició una carpeta de investigación por homicidio culposo y omisión de auxilio.  

El informe de criminalística de campo del 6 de octubre de 2018, elaborado por peritos de la PGJEH, refirió que al interior de la camioneta había vasos, refrescos, agua mineral y una botella de alcohol de marca Buchanan’s. 

Asimismo, de acuerdo con el dictamen de vialidad terrestre que es parte del expediente de la causa penal 284/2019, Charrez conducía a una velocidad aproximada de 132.3 kilómetros por hora, cuando la permitida era de 60 kilómetros. Expone, además, que no se localizaron huellas de frenado. 

Cuando Charrez fue detenido el 20 de septiembre de 2019 en la Ciudad de México, contaba con un amparo por este caso, de igual forma, buscaba un acuerdo con la familia de la víctima para obtener el perdón legal; no obstante, la procuraduría le imputó otro presunto delito por el cual se libró orden de aprehensión: intento de homicidio. El denunciante fue su hermano Pascual Charrez, quien en ese momento era presidente de Ixmiquilpan, cargo en el que sucedió a Cipriano. 

Pascual denunció que Cipriano intentó “estrangularlo”, “después de sacarlo a la fuerza de su casa”, con cuatro hombres más. A él, en tanto, lo acompañaban otras dos personas (causa penal 648/2019).  

Cipriano acusó a su hermano de ser instrumento del gobierno estatal, con el que había rivalizado políticamente, para que fuera encarcelado, debido a que por el otro caso –hasta ese momento sin justicia para la víctima– no podía ser detenido por el recurso legal que había obtenido.