TOLUCA, Edomex (apro).- A propuesta del Partido Revolucionario Institucional (PRI), las integrantes del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) accedieron a iniciar una denuncia e investigación en contra del periodista Bernardo Barranco, por supuestamente vulnerar el sistema nacional de información electoral en la pasada contienda del domingo 6.

La medida contra el periodista fue respaldada por los representantes de Movimiento Ciudadano (MC), César Severiano; Alejandro Neyra, excolaborador de Enrique Peña Nieto y ahora representante del partido Fuerza México (FM); Alejandro Colchado, del Partido de la Revolución Democrática (PRD), y prácticamente todas las consejeras electorales. Incluso Severiano acusó a Barranco de “delincuencia organizada”.

En su artículo, publicado en un medio nacional, Bernardo Barranco revela que durante las elecciones del pasado domingo en el Estado de México, donde se disputaron los 125 ayuntamientos y el Congreso local, se improvisaron tres de cada 10 integrantes de las Mesas Directivas de Casilla, porque los elegidos no llegaron ese día para ocupar sus puestos y fueron sustituidos por ciudadanos de la fila, lo que denotaría –alertó-- la mala organización y capacitación durante los trabajos preparativos del proceso, y pudo poner en riesgo la contienda ante la posible filtración de “ciudadanos partidizados”.

Durante una de las sesiones de seguimiento a la jornada del domingo, e instalados en “sesión permanente” desde el domingo 6, el representante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Tonatiuh Medina Meza, reanudó la sesión exigiendo a las consejeras y el consejero que integran el Consejo General, revelar quiénes de ellas tienen acceso al sistema nacional para el seguimiento de las elecciones, conocido como SIGE, y cuáles eran sus claves de acceso e IPs (de sus computadoras).

Asimismo, demandó que se diera vista a las autoridades electorales del Instituto Nacional Electoral (INE) y se iniciara una demanda o denuncia, toda vez que se trata de claves a las que sólo tienen acceso los consejeros.

En respuesta, la presidenta Daniela Durán Ceja no sólo apoyo al representante del PRI, sino que de inmediato puso a disposición su teléfono personal --porque no cuenta con un aparato institucional--, lo mismo que sus chats de WhatsApp y claves de acceso al sistema. En suma, todo su aparato de comunicación completo, para ser revisado por el abogado del PRI.

También se sumaron a la petición de investigación contra el periodista Sandra López Bringas, Paula Melgarejo y Karina Vaquera, asegurando que ese sistema, el SIGE, está clasificado como de información “reservada”.

“Por lo tanto lo solicito, antes de que nosotros lo hagamos, que sean ustedes quienes envíen esta información a la FEPADE, pero también a la fiscalía local y eventualmente al INE. Porque esto es la comisión de un delito electoral”, aseguró Tonatiuh Medina, lo que fue respaldado por las consejeras en cadena y por representantes de partidos.

Incluso Cesar Severiano, representante de MC, acusó de delincuencia organizada el asunto, toda vez que desde su punto de vista hay una red de implicados en el IEEM, sugiriendo responsabilidad de alguna de las consejeras o el consejero.

“Secreto profesional”

Entrevistado esta mañana, Bernardo Barranco recordó que como periodista tiene derecho a proteger sus fuentes, además de que al haber sido consejero electoral en varias ocasiones, tiene una gran cantidad de contactos y formas de acceder a información para construir sus investigaciones, análisis y artículos, algo que protegen leyes internacionales y nacionales en cuando a “no revelar sus fuentes” y que en el derecho a la Libertad de Expresión se conoce como “secreto profesional”.

También aclaró que no se trató de una vulneración al sistema, como acusaron los integrantes del Consejo General y los partidos, sino de una “filtración” en el uso del ejercicio pleno de sus derechos como periodista.

En abril pasado, la 60 Legislatura local aprobó la Ley de Protección Integral de Periodistas del Estado de México, publicada el 31 de mayo por el ejecutivo estatal.

En este nuevo ordenamiento, que se construyó con aportaciones de diversos colectivos y expertos, el artículo 51 consagra el “secreto profesional” como una garantía de los periodistas, quienes de acuerdo con este ordenamiento no están obligados a revelar sus fuentes.

El citado ordenamiento indica textualmente: “los periodistas tienen el derecho y el deber ético de mantener el secreto de identidad de las fuentes que le hayan facilitado información bajo condición expresa o tácita de reserva”.

El artículo 51 del mismo ordenamiento añade: “el secreto profesional comprende y garantiza: I. Que los periodistas al ser citados para que comparezcan como testigo, indiciada u otra calidad, ante autoridad ministerial o jurisdiccional en materia penal, así como parte, tercero o cualquier otra, en procesos jurisdiccionales u otro seguido en forma de juicio, podrán reservarse la revelación de sus fuentes de información, identificar a sus fuentes, así como excusar las respuestas que pudieran revelar la identidad de las mismas, salvo que la persona interesada de manera expresa lo libere de esa obligación”.

Además, la fracción segunda indica que los periodistas “no sean requeridos por las autoridades judiciales o administrativas, para informar sobre los datos y hechos de contexto que por cualquier razón no hayan sido publicados o difundidos, pero que sean parte de una investigación periodística”.