CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El exgobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, acusado de operaciones con recursos de procedencia ilícita, podría seguir su proceso en libertad, luego de que un juez admitió a trámite el amparo que interpuso su defensa.

El exgobernador pretende seguir su proceso en casa, igual que lo hace su hija Lidy Sandoval, acusada del mismo delito que su padre.

El Juzgado Primero de Distrito de Amparo en Materia Penal con sede en Nayarit dio entrada a la demanda de garantías con la que Sandoval Castañeda impugnó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, y solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) y al juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal con residencia en Tepic, Nayarit, entregar sus informes justificados.

En lo que se refiere a la audiencia constitucional para resolver el amparo, se programó para el próximo 29 de julio.

Inicialmente el juez concedió la medida cautelar de prisión preventiva en contra del exgobernador, con el argumento de que existía riesgo alto de que éste se fugara, dado que dispone de los recursos económicos para hacerlo.

Desde su detención, el domingo 6, en Monterrey, Nuevo León, Sandoval fue vinculado a proceso por el presunto delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, en tres carpetas de información distintas.

El exmandatario es investigado por supuestamente adquirir propiedades con recursos ilícitos, y por su relación con el exfiscal estatal Édgar Veytia, detenido en Estados Unidos por narcotráfico.

Sandoval adquirió esos bienes y los puso a nombre de Lidy Alejandra, a pesar de que ésta no tenía forma de justificar ese gasto por ser estudiante universitaria. Desde su detención, la hija de Sandoval fue enviada a su casa, donde sigue su proceso.

El pasado 1 de marzo la Fiscalía General de la República (FGR) emitió una orden de captura en contra del exmandatario y su hija Lidy Sandoval, por su probable responsabilidad en operaciones con recursos de procedencia ilícita, producto de denuncias presentadas por Rodrigo González Barrios, representante de la Comisión de la Verdad, ante la fiscalía de Nayarit y posteriormente ante la FGR.

Las querellas contienen las escrituras de los inmuebles, en las que consta que la hija los pagó de contado, así como los nombres de las empresas y fundaciones utilizadas para desviar los recursos, según publicó Proceso en su edición del 9 de junio de 2019.

Las denuncias también incluyen a la esposa del exmandatario, Ana Lilia López Torres, y a su hijo Pablo Roberto.

Dos días después de que se emitieron las órdenes de aprehensión, López Torres difundió en redes sociales un video en el que asegura que solicitó al presidente Andrés Manuel López Obrador una cita con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para detener lo que llamó "la encarnizada persecución política" en contra de su esposo y de su hija.

Ella responsabilizó al gobernador Antonio Chavarría de lo que le pudiera pasar a su familia y a ella misma: "Están poniendo en riesgo nuestras vidas".

La mujer omitió señalar que la orden de detención provenía de la FGR, en respuesta a la denuncia de un colectivo de ciudadanos, señaló González Barrios, representante de la Comisión de la Verdad, entrevistado después de la emisión de la orden de detención, según publicó el semanario Proceso en su edición del 7 de marzo pasado.