PUEBLA, Pue. (apro).- El rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Luis Ernesto Derbez Bautista, calificó de arbitraria e ilegal la toma del campus de esa institución para imponer un nuevo patronato, nombrado por la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada del gobierno de Puebla.

“Cambiaron patronato por sus pistolas”, reclamó Derbez, quien reconoció que existe un proceso legal en contra de patronos de la Fundación Mary Street Jenkins, benefactora de la UDLAP, pero sostuvo que no existe procedimiento legal o administrativo contra la institución educativa, por lo que calificó la intervención como “un despojo”.

“La UDLAP y la Fundación Mary Street Jenkins (FMSJ) son instituciones independientes, personas morales diversas con personalidad jurídica y patrimonio propios, por lo que de ninguna manera se pueden ni deberían afectar sus circunstancias, actividades y problemáticas de manera indiscriminada”, señaló.

En rueda de prensa, Derbez denunció que las autoridades judiciales de Puebla bloquearon las cuentas bancarias de la casa de estudios, y con apoyo de la policía el nuevo patronato tomó control de las instalaciones de la universidad, desalojó bajo amenaza de cárcel a los trabajadores, académicos y estudiantes presentes, y rompió candados y chapas de oficinas.

“Nadie puede garantizar hoy qué está pasando en ese campus, que no está en poder de nosotros, está con una autoridad amorfa, respaldada por policías armados”, manifestó el rector, y adelantó que presentarán una querella contra los integrantes del nuevo patronato, contra quienes participaron en el operativo y contra la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada.

Explicó que el operativo policíaco violentó un amparo que había promovido la UDLAP --con fecha 4 de mayo de 2021-- ante el Juzgado Primero de Distrito, radicado con el número 613/2021, en el que se les otorgó la suspensión provisional contra la remoción de los patronos y cualquier intervención de la administración, contabilidad o acto de molestia o de privación de bienes y derechos.

“Queda claro que lo que están haciendo (la Junta) es regalar instituciones privadas a quienes ellos consideran que deben ser, personas que seguramente les darán algo”, expresó Derbez, y aclaró que esa autoridad estatal conocía que existía el amparo y la suspensión que se les había otorgado.

Asimismo, confirmó que como presidente del Patronato --que la Junta califica de “legal”-- fue nombrada una persona de nombre Horacio Magaña Martínez, de quien no se tiene ningún antecedente y prácticamente es un desconocido en Puebla.

“Esto representa un acto de arbitrariedad absoluto, indebido, en un país democrático y respetuoso del Estado de derecho, que se desprende de un proceso legal que se sigue en contra de la Fundación Mary Street Jenkins (FMSJ), más no así en contra de la Fundación Universidad de las Américas Puebla. Este acto de despojo en contra de la comunidad UDLAP será denunciado como tal ante las autoridades”, expuso.

Fuentes allegadas a Guillermo Jenkins de Landa, quien interpuso la denuncia contra su familia por el saqueo de la Fundación Mary Street Jenkins, se mostraron preocupados por la acción tomada por el gobierno de Puebla y advirtieron que podría estarse aprovechando de las denuncias contra la Fundación para tomar el control de la universidad privada.

En la rueda de prensa, Derbez incluso equiparó la invasión policíaca del campus de la UDLAP con la ocupación de UNAM en 1968.

“Como en el 68, esta acción por autoridades, de esta naturaleza, representa verdaderamente un acto de humillación e intimidación a la comunidad universitaria. Esto manda un mensaje peligroso para México, de que cualquier institución puede ser atacada y vulnerada en el área académica, en el área de educación por actos de la autoridad”.

La acción policíaca, abundó, no toma en cuenta la calidad académica que ha construido la institución, que ha sido reconocida entre las mejores universidades privadas del país y del mundo, y hoy ese prestigio está en riesgo, además de que genera incertidumbre entre alumnos y personal académico y administrativo.

La institución educativa emitió un comunicado en el que responsabiliza a las personas que tomaron “ilegalmente” el campus, así como a las autoridades estatales, de cualquier “daño o perjuicio que se cause a las instalaciones, recursos, documentos de la institución, así como a los bienes personales, empleados administrativos y académicos”.