PUEBLA, Pue. (apro).- Autoridades judiciales, con el apoyo de la policía estatal,  intervinieron esta mañana las instalaciones de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), como parte de las denuncias presentadas en contra de la Fundación Mary Street Jenkins por la presunta sustracción de bienes para operaciones ilícitas. 

Los alumnos, maestros y personal administrativo de la casa de estudios, quienes se encontraban en las instalaciones universitarias de Santa Catarina Mártir, fueron desalojados a la llegada de actuarios del Poder Judicial del Estado, quienes se hicieron acompañar de decenas de elementos de la policía estatal. 

Varias grúas ingresaron a las instalaciones y sacaron al menos dos vehículos de la Universidad, además de cajas con documentos, mientras algunas patrullas bloqueaban las distintas entradas del campus.

Se informó que tales acciones forman parte de la denuncia que interpuso la Junta para el Cuidado de las Instituciones de Asistencia Privada (JCIAP) de Puebla en contra integrantes del patronato de la Fundación Jenkins.  

Carlos Serna, abogado de Guillermo Jenkins de Landa, primogénito de la familia, quien interpuso la primera denuncia contra sus padres y hermanos, dijo que, según informes de la JCIAP, la intervención del campus de la UDLAP se deriva de diligencias que se llevan a cabo como parte de la causa penal por el delito de administración fraudulenta. 

“Parece ser que como parte de este proceso se ordenó el aseguramiento del inmueble de la Fundación Mary Street Jenkins, que es justamente el inmueble donde opera la Fundación de la UDLAP”, comentó. 

También surgieron versiones de que se estarían tomando algunas medidas administrativas para auditar a la institución educativa privada, sin que hasta ahora se confirme eso, pues la UDLAP no ha emitido ninguna información al respecto. 

La JCIAP del gobierno de Puebla interpuso una denuncia por el delito de fraude en contra de la Fundación Mary Street Jenkins, luego de que integrantes de la familia, quienes fungen como patronos, fueron acusados de haber saqueado los bienes que pertenecían al ente filantrópico. 

El pasado 4 de junio, un juez de control de Puebla emitió una orden de aprehensión en contra de seis integrantes de la familia y tres de sus abogados, a los que acusan de haber donado la mayor parte del patrimonio de la Fundación, valuado en 720 millones de dólares, a otro ente caritativo de Aguascalientes.

Esa fundación, denominada Bienestar de Filantropía, cambió su domicilio a Barbados y luego a Panamá, donde los Jenkins se autonombraron como beneficiarios únicos del patrimonio que antes era para obras filantrópicas. 

Los integrantes de la familia, contra quienes ahora hay dos órdenes de aprehensión, han emitido varios comunicados en los que aseguran que en 2018 ya fueron investigados y exonerados por las acusaciones que se les hacen por supuesto saqueo de la fundación. 

Cabe recordar que desde 2017 el mismo campus de la UDLAP está embargado por el Sistema de Administración Tributaria (SAT), debido a un crédito fiscal por 650 millones de pesos que adeuda la Fundación Mary Street Jenkins. 

Esto debido a los impuestos que se generaron tras la “donación” que hizo la FMSJ en 2014 a la Fundación Bienestar de Filantropía por 720 millones de dólares.

Operativo, para dar posesión a nuevo patronato: FMSJ

La Fundación Mary Street Jenkins (FMSJ) denunció que la intervención policíaca al campus de la UDLAP, esta mañana, fue para remover el patronato de la institución educativa privada. 

En un comunicado --firmado por el abogado de la FMSJ, Virgilio Rincón Salas-- acusó que la intervención violenta dos suspensiones, una provisional y otra definitiva, que les fueron otorgadas por juzgados federales, mismas que “protegen la conformación del patronato de la Universidad”. 

La remoción del patronato de la Fundación de la Universidad de las Américas Puebla, de acuerdo con esta información, fue ordenada por el juez Segundo Civil de Distrito Judicial en Cholula, José Cuauhtémoc Blaquez Guevara, quien dio posesión a Horacio Magaña Martínez como nuevo titular, a la vez que pide al rector Luis Ernesto Derbez Bautista que se “abstenga” de impedir el cumplimiento de ese mandato. 

En la resolución del juez, como parte del expediente 426/2021, se autoriza el uso de la fuerza pública y hasta romper cerraduras para dar posesión al nuevo patronato. 

En tanto, en las instalaciones universitarias fue colocada la hoja de una resolución judicial en la que se concede la suspensión en contra de la remoción de los patronos de la fundación de la UDLAP, promovida por la Junta para el Cuidado de Instituciones de Asistencia Privada del gobierno de Puebla. 

“Con el otorgamiento de la medida, la Fundación promovente del amparo podrá seguir funcionando con los patronos que actualmente desempeñan el cargo y a su vez queda obligada a cumplir con la normatividad que la rige”, dice el escrito pegado en la caseta de acceso de la institución académica. 

En su posicionamiento, la FMSJ califica de ilegal “la invasión” del campus de la UDLAP y asegura que el operativo violenta la autonomía de la institución. 

“La intervención con medidas de fuerza que se realiza dentro de la Universidad es un atropello inadmisible a su autonomía, que perjudica a una de las mejores instituciones académicas de nuestro país”, sostiene. 

“Ningún diferendo de carácter administrativo está por encima del interés de miles de estudiantes y sus familias, que están siendo afectados por una acción injustificada mediante el uso de la fuerza pública”. 

De acuerdo con el abogado de la fundación, la intervención de la policía estatal en el campus de la UDLAP violenta dos suspensiones que les fueron otorgadas por jueces federales y que protegen la conformación actual del patronato de la universidad. 

“La Fundación Mary Street Jenkins lamenta profundamente que dichas medidas de fuerza a todas luces ilegítimas perjudiquen la vida académica de una institución tan importante para México y el estado de Puebla”, apuntó.