PUEBLA, Pue. (apro).- Con el respaldo de la Universidad  Iberoamericana Puebla, el Colectivo Voz de los Desaparecidos presentó dos juicios de amparo en contra de la omisión del Congreso local para legislar en materia de desaparición forzada. 

Simón Hernández León, coordinador de la licenciatura en Derecho, dijo que los juicios fueron interpuestos el 10 y 13 de mayo pasado en los juzgados Primero y Segundo de Distrito en Materia de Amparo Penal y son llevados con los números 442 y 462, respectivamente. 

Indicó que el primero de ellos fue interpuesto a nombre de varios jóvenes desaparecidos, y el segundo por familiares del colectivo Voz de los Desaparecidos, con la representación jurídica de la Ibero Puebla.

“Con estos recursos buscamos que el Poder Judicial de la federación sea el garante de restablecer la ausencia de una ley estatal ante la violación de los derechos fundamentales que produce esta omisión legislativa absoluta al no emitir y armonizar la legislación en Puebla con la Ley General en Materia de Desaparición Forzada”, indicó el académico. 

Sin embargo, dijo, en estos dos juicios la dirección general jurídica del Congreso local ha decidido litigar contra los familiares de las víctimas, pues en sus alegatos ha sostenido que no existe obligación alguna del Legislativo estatal para emitir una ley en ese sentido, aunque esto contradice a los 14 estados que ya han emitido una legislación en materia de desapariciones.   

Además, acusó que el Congreso poblano ha recurrido a prácticas dilatorias, como entregar sus informes fuera de plazo y pedir la acumulación de juicios para tratar de retrasar las resoluciones. 

En un foro, Roberto Alonso Muñoz, responsable del Observatorio de Participación Social y Calidad Democrática de la Ibero, recordó que hace más de un año el colectivo, la universidad y diputados del Congreso elaboraron una iniciativa de ley estatal que fue presentada el 15 de julio de 2020. 

Dijo que, aunque la iniciativa que presentaron cumple con lo que ordena la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, y que hace 20 días le sumaron las observaciones que hizo el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Cruz Roja Internacional, los diputados no la tienen contemplada, cuando faltan dos semanas para que concluya el último período de la actual legislatura estatal. 

Alonso Muñoz demandó a los diputados tomar en cuenta la gravedad de la problemática en materia de desapariciones en la entidad, para que en las próximas semanas sometan a aprobación la iniciativa. 

María Luisa Núñez Barojas, fundadora del colectivo Voz de los Desaparecidos Puebla, lamentó la falta de sensibilidad de los legisladores, y en particular de las mujeres que presiden comisiones en el Congreso local, como Carmen Cabrera y Nora Merino Escamilla, quienes han obstaculizado la iniciativa presentada por los familiares de las víctimas y han emprendido un ataque institucional en contra del colectivo. 

“Es incomprensible, inadmisible, no logramos entender qué es lo que quiere el Congreso de Puebla… se jactan de representar al pueblo, pero de facto han emprendido una guerra injustificable en contra de las víctimas desaparecidas --que ni siquiera están aquí para defenderse--, en contra de las madres, de las familias que luchamos y trabajamos para encontrar a nuestros familiares”.

El temor, abundó, es que la intención del Congreso de Puebla sea desechar la iniciativa ciudadana y acaben por aprobar una ley “a modo” del gobierno estatal, para continuar con prácticas que sólo simulan la búsqueda de las personas víctimas de desaparición forzada.  

Rosario Arrambide González, directora del Instituto de Derechos Humanos Ignacio Ellacuría (IDHIE), de la Ibero Puebla, señaló que hasta ahora han transcurrido mil 258 días naturales desde que entró en vigor la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, sin que el Congreso local haya armonizado la legislación estatal, lo cual debió cumplir en un plazo de 180 días.

También mencionó que ya ha pasado casi un año que la diputada Estefanía Rodríguez Sandoval presentó la iniciativa, sin que a la fecha se prevea su discusión. 

“Esto nos hace ver la falta de voluntad política por parte del Congreso, pero también la falta de respeto del Congreso hacia las víctimas frente a este contexto tan grave, pero sobre todo frente a las necesidades tan sentidas de las familias de personas desaparecidas”, expresó Arrambide. 

Finalmente, precisó que al jueves 24 el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas reporta 2 mil 783 víctimas en Puebla.