CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Oficina en México del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) hizo un llamado a todas las autoridades del Estado mexicano para que redoblen esfuerzos y mejoren la coordinación para poner fin a la violencia en el territorio de la Tribu Yaqui en el estado de Sonora.

El exhorto se da después de que esa etnia se ha visto agraviada en los últimos días con la desaparición, en mayo pasado, de Pablo Hernández García, miembro del pueblo de Vícam, y los asesinatos del líder de la tribu Yaqui, Luis Ubando Domínguez Mendoza, perpetrado el 8 de junio en el centro de Ciudad Obregón, y, 13 días más tarde, el del vocero Tomás Rojo Valencia, cuyo cuerpo fue semienterrado por sus victimarios en las inmediaciones de Vicam.

Además, el 17 de junio último fue reportada la desapareció Josefina Valenzuela Esquer, hermana del defensor de derechos humanos Yaqui Mario Luna Romero y cinco días después fue encontrada con vida en Puerto Peñasco.

Guillermo Fernández-Maldonado, representante en México de la ONUDH, recomendó que ante tales hechos de violencia las acciones que lleven a cabo las autoridades deben abarcar todas las posibles líneas de investigación, incluida la posible vinculación de los crímenes con las actividades de liderazgo que realizaban las víctimas, así como la incorporación efectiva de la perspectiva de género.

“La ONUDH confía que las acciones llevadas a cabo hasta la fecha por las autoridades permitan un pronto esclarecimiento del paradero de la persona desaparecida y la sanción penal a los responsables”, dijo.

Además, recordó que en México los pueblos indígenas son víctimas de la violencia de diferentes actores que buscan tener el control de su territorio, como el crimen organizado.

Asimismo, dijo que los líderes de estos pueblos están expuestos a represalias y acciones violentas debido a su visibilidad por la defensa de sus derechos al territorio y cosmovisión.

“Su asesinato o desaparición tiene un efecto amedrentador sobre los pueblos indígenas, que impide el libre ejercicio de sus derechos humanos”, señaló.

Por otra parte, afirmó que la impunidad en los crímenes cometidos contra personas indígenas no sólo supone la negación práctica del derecho de acceso a la justicia, sino que agrava la discriminación estructural que viven.

“Una investigación pronta y efectiva, en línea con los estándares de debida diligencia, que logre que las personas responsables sean identificadas y rindan cuentas ante la justicia por sus crímenes, constituye el más claro mensaje de que estos terribles actos no son tolerados”, declaró.