TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (proceso.com.mx).- La Oficina en México del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ONU-DH) pidió este domingo a las autoridades del estado de Chiapas garantizar el debido proceso y el respeto a los derechos humanos de los 95 estudiantes normalistas detenidos, pero sobre todo garantizar que las mujeres privadas de la libertad estén protegidas contra cualquier posible acto de violencia sexual.

En una misiva emetida este domingo por esa oficina de la ONU en México se refirió hoy a los 95 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Mactumactzá” detenidos el pasado 18 de mayo en una jornada de protestas para exigir a la Secretaría de Educación, examen de ingreso presencial para unos mil mil 300 estudiantes que aspiran a una de las 150 matrículas de nuevo ingreso.

“La información que hemos recibido es preocupante y es fundamental que las alegaciones por abuso no sean ignoradas, sino tomadas con toda la seriedad e investigadas de forma diligente”, afirmó Guillermo Fernández-Maldonado, representante de la ONU DH en México.

“Es especialmente importante garantizar que las mujeres privadas de la libertad estén protegidas contra cualquier posible acto de violencia sexual o de discriminación por motivos de género”, añadió Fernández-Maldonado.

De acuerdo con la información recibida por la ONU-DH, el 18 de mayo, en la caseta de cobro de la autopista de Tuxtla Gutiérrez a San Cristóbal de las Casas fueron detenidas 97 personas, 93 de ellas estudiantes de la Escuela Normal Rural “Mactumactzá” (72 mujeres y 21 hombres) y cuatro personas parte de las familias desplazadas del ejido Puebla, Chenalhó (todos hombres, dos de ellos adolescentes).

Las detenciones se dieron en el contexto de las protestas en contra de los cambios en la prueba de acceso a la escuela. Posteriormente, los dos adolescentes habrían sido puestos en libertad y las 95 personas restantes puestas a disposición del juez, quien declaró legal su detención.

La ONU-Dh dice que recibió de parte de testigos de los hechos, organizaciones acompañantes y abogados de las personas detenidas alegaciones sobre actos de posibles detenciones arbitrarias, malos tratos, violencia sexual, abusos de poder y uso excesivo de la fuerza e información sobre acciones que habrían dificultado el acceso de las personas detenidas a contar con representantes legales de su elección.

De igual forma le hicieron llegar a la ONU DH, información sobre posibles violaciones a los derechos de las personas detenidas durante su estancia en instalaciones de la Fiscalía General de Chiapas y en el Centro Estatal de Reinserción Social para Sentenciados 14, “El Amate”.

Es por eso que la ONU pidió a las autoridades judiciales chiapanecas “garantizar el debido proceso a todas las personas detenidas incluye el absoluto respeto a los principios de presunción de inocencia, la individualización de las conductas que puedan ser calificadas como violatorias de la ley y el acceso al derecho a la defensa”.

Demandó también que en el caso de las personas hablantes de lenguas indígenas, se debe incorporar la perspectiva intercultural a la investigación, así como garantizar su derecho a contar con servicios de traducción e interpretación que les permitan seguir todo el proceso y participar en el mismo en su propio idioma, para garantizar su derecho de acceso a la justicia.

Pidió también investigqr posibles casos de abuso que podrían haber sido cometidos por las funcionarias públicas y los funcionarios públicos deberán ser diligentes e imparciales, desde lo ocurrido en el momento de su detención y durante todo el tiempo que las personas detenidas permanezcan bajo el control de las instituciones del estado.

E investigar si se cumplió con la efectiva incorporación de la perspectiva de género al atender especialmente las denuncias de violencia sexual.

La ONU-DH recocrdó la responsabilidad de las autoridades de garantizar que las condiciones de las personas privadas de su libertad cumplan con lo establecido en la legislación nacional y los estándares internacionales, bajo una adecuada perspectiva de género y multiculturalidad, incluyendo la atención diferenciada a la salud, alimentación, agua, condiciones dignas de alojamiento y los elementos necesarios para mantener la higiene. Además, se deberán adoptar las medidas necesarias para prevenir contagios de covid-19.

De acuerdo con la información recibida, las protestas se habrían producido en rechazo a la decisión de las autoridades educativas de establecer que el examen de admisión a la escuela normal rural fuese exclusivamente por internet, como parte de las medidas para contener los contagios de COVID-19, con lo cual se corre el riesgo de negar su acceso a la educación a personas que no tengan acceso a computadoras, internet y/o electricidad.

La ONU-DH recuerda a las autoridades que las medidas adoptadas para contener la expansión de la pandemia por COVID-19 deben evitar en todo momento exacerbar la situación de discriminación que viven las personas y grupos tradicionalmente discriminados y excluidos.

“La pandemia ha agudizado las desigualdades. Es responsabilidad de las autoridades evitar que sus medidas profundicen esta brecha. Las medidas de respuesta a la pandemia deben poner los derechos humanos en el centro para garantizar que ninguna persona sea dejada atrás.

Las jóvenes y los jóvenes indígenas, que han enfrentado la discriminación estructural y muchas veces viven en condiciones de exclusión y pobreza, tienen derecho a acceder a todos los niveles educativos sin enfrentar barreras que en la práctica constituyen discriminación”, concluyó Fernández-Maldonado.