TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Desde Washington, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ordenó al gobierno de México implementar medidas cautelares a favor de las familias indígenas de 12 comunidades de Aldama que viven bajo el fuego de grupos civiles armados que operan en San Martha, Chenalhó.

Este martes la CIDH dio a conocer la Resolución 35/2021 dictada el pasado viernes 23 en el seno de ese organismo internacional de la Organización de Estados Americanos (OEA), donde se exige al gobierno de México poner fin al continuo acoso y ataques que viven poblaciones civiles indígenas tzotziles de Aldama.

Las medidas cautelares son a favor de las familias que viven en 12 comunidades: Coco’, Tabac, Xuxch’en, San Pedro Cotzilnam, Chayomte, Juxtón, Tselejpotobtic, Yetón, Chivit, Sepelton, Yoctontik y Cabecera Aldama.

Desde 2018, en esas comunidades se han registrado varias muertes, además de personas heridas, con consecuencias permanentes por los disparos recibidos de grupos civiles armados que operan desde el Sector de Santa Martha, municipio de Chenalhó, vecino de Aldama.

En una misiva oficial, la Comisión consideró que la situación reúne “prima facie” los requisitos de gravedad, urgencia e irreparabilidad contenidos en el artículo 25 del Reglamento de la CIDH.

La solicitud interpuesta por organismos como el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas y la Red Nacional de Organismos Civiles “Todos los Derechos para Todas y Todos” (Red TDT) señaló que las familias indígenas en las comunidades de Aldama se encuentran “en una situación de riesgo producto de agresiones, hostigamientos y amenazas por la presencia de personas armadas en la zona, lo que habría causado desplazamiento de las mismas en diversos momentos, en el contexto de un conflicto territorial en la zona”.

Ante ello, la CIDH valoró las acciones adoptadas por el Estado para atender la situación alegada; “sin embargo, tras el monitoreo del asunto, advirtió que las agresiones armadas siguieron presentándose, incluso pese a contarse con un Acuerdo de No Agresión; así también las consideraciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que en diversas oportunidades exhortaron al Estado a garantizar los derechos de los habitantes de la zona”.

En consecuencia, de acuerdo con el artículo 25 del Reglamento de la CIDH, la Comisión solicitó al gobierno de México que “adopte las medidas de seguridad necesarias y culturalmente pertinentes para proteger la vida e integridad personal de las familias beneficiarias; específicamente para garantizar la seguridad al interior de sus comunidades, y durante sus desplazamientos con miras a prevenir amenazas, hostigamientos, intimidaciones o actos de violencia armada por parte de terceros”.

De igual forma, exigió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador “que concierte las medidas a adoptarse con las personas beneficiarias y sus representantes, e informe sobre las acciones adoptadas a fin de investigar los hechos que dieron lugar a la adopción de la presente medida cautelar y así prevenir su repetición”.

Explicó que el otorgamiento de la medida cautelar y su adopción por el Estado no constituyen un prejuzgamiento a una petición que eventualmente pueda ser interpuesta ante el Sistema Interamericano sobre una posible violación de los derechos protegidos en los instrumentos aplicables.