CHETUMAL, Q. Roo. (apro). - Después de acusar al gobernador Carlos Joaquín González de sabotear la sesión de las comisiones unidas que el miércoles 24 discutían el dictamen para despenalizar el aborto en la entidad que hoy presentarían al pleno legislativo, integrantes de la Red Feminista Quintanarroense se apoderaron nuevamente la sede del Congreso.

Dado el incumplimiento al Legislativo al acuerdo que tenía con los colectivos de feministas para elaborar a más tardar el 24 de febrero el dictamen, lo cual no ocurrió debido a que varios legisladores abandonaron la sesión antes de la medianoche para romper el quórum, las quejosas advirtieron que esta vez no entregarán el inmueble hasta que su demanda llegue al pleno. 

Dicho acuerdo fue firmado el pasado 10 de febrero.

Antes de tomar nuevamente el Congreso, dirigentes de la Red Feminista Quintanarroense reprocharon al gobernador su intromisión en los asuntos legislativos y de impedir en este caso la aprobación del dictamen para la despenalización del estado valiéndose de diputados que reventaron la sesión al romper el quórum para la aprobación del dictamen.

También anunciaron que por este sabotaje se retiraban de la mesa de trabajo con el Ejecutivo. No obstante, dijeron que seguirán abiertas al diálogo para establecer un nuevo acuerdo respecto a la protección de los derechos humanos de las mujeres, aunque ahora exigieron que la interlocución “sea a nivel nacional”.

Las manifestantes tomaron por primera vez la sede del Congreso luego de la violenta represión policiaca a la protesta feminista de noviembre pasado en Cancún por el feminicidio de Alexis, que dejó varios heridos de bala, caso por el que coincidentemente ayer fueron imputados once elementos de la Seguridad Pública Municipal de Benito Juárez.

Ante una juez de control, se les imputaron los delitos de abuso de lesiones, abuso de autoridad, robo agravado, encubrimiento y delitos contra el sistema penal acusatorio. El 28 de febrero se resolverá su situación jurídica, pero mientras tanto se les impusieron medidas cautelares.

Las manifestantes aceptaron entregar la sede del Congreso tras acordar con legisladores en cuanto se elaborará el dictamen para la despenalización del aborto, fijando como fecha límite el 24 de febrero.