PUEBLA, Pue. (apro).- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectó transacciones financieras de un ayuntamiento y 34 empresas ubicadas en Puebla, como posible lavado de dinero de bandas dedicadas a la trata de personas.

En una nota publicada por el periódico La Jornada de Oriente, con base en solicitudes de información presentadas por la reportera Kara Castillo, se detalla que estas empresas son del ramo textilero, de seguridad privada, del sector inmobiliario, refresqueras, restaurantes, escuelas, despachos contables y de auditoría.

Sin precisar el nombre de los negocios ni del ayuntamiento, la UIF entregó a ese medio de comunicación un listado de los giros de empresas a las que congeló cuentas bancarias, porque se detectaron operaciones inusuales que se sospecha se relacionan con prostitución y esclavitud forzada, pornografía, tráfico de menores, tráfico de órganos, así como movilización de migrantes.

En la nota se menciona que, en un foro virtual realizado a finales de 2020 con fiscales y procuradores del país, el titular de la UIF, Santiago Castillo Nieto, reportó que el año pasado se registró un aumento en el delito de trata de personas, al recibir esa dependencia mil 919 reportes inusuales de movimientos financieros relacionados con esas bandas.

En ese encuentro, el funcionario mencionó que en Puebla, Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Tlaxcala se registra la modalidad de la sustracción de niños y niñas para llevarlos con fines de explotación a grandes ciudades del país o del extranjero como Nueva York, Chicago y Los Ángeles.

También señaló que descubrieron la llegada al país de mujeres jóvenes traídas con engaños de Europa y Centroamérica para obligarlas a prostituirse.

Las empresas con cuentas congeladas servirían como negocios fachada para que el flujo financiero de esas redes de traficantes fuera enviado a paraísos fiscales.

El congelamiento de cuentas bancarias de empresas poblanas estaría relacionado con otra revelación que hizo Nieto Castillo en 2019, cuando sostuvo que habían congelado siete cuentas por un monto superior a los 52 millones de pesos que se presumía eran de ese tipo de bandas.

El titular de la UIF explicó que el flujo de dinero investigado era manejado “en un embrollado laberinto donde uno de los implicados se dedicaba a realizar los depósitos a otro y ese tercero lo ingresaba al sistema financiero mediante la compra de inmuebles.

“Los documentos que constan en esta casa editorial dan cuenta de la versión pública de los giros mercantiles con movimientos financieros relacionados con la trata de personas en Puebla, con la que la UIF va mapeando la intrincada red hasta ahora difusa y desconocida”, refiere la nota publicada por Castillo.

En la información entregada tras un amparo, la UIF enumeró que en estas investigaciones se incluye a un gobierno municipal, así como siete empresas dedicadas al giro mercantil de “acabado de hilos”, “compraventa de otros productos textiles” y la “fabricación de accesorios para la industria textil”.

Se identificaron tres empresas dedicadas a la “compraventa de casas y otros inmuebles”, dos a la “construcción de inmuebles” y una con funciones para la “administración de inmuebles”.

Aparecen también dos empresas “restauranteras”, dos dedicadas a la “compraventa de refrescos, aguas gaseosas y aguas purificadas”, y una corporación de “seguridad privada”, además de “establecimientos públicos de instrucción, educación subprofesional y profesional, cultura e investigación”, e incluso una empresa con el giro mercantil de “fabricación de maquinaria e implementos agrícolas”.

De igual manera, se incluye a dos empresas de “servicios de contaduría, auditoria y teneduría de libros”, 11 empresas enmarcadas en “usuarios menores, otras actividades” y una de “compraventa de artículos no clasificados en otra parte”.

La relación de giros mercantiles no incluyó el monto de los recursos confiscados ni el número de las cuentas bloqueadas.