CHIHUAHUA, Chih. (apro).- Con la promoción de amparos y peticiones de aplazamiento, la alcaldesa con licencia de esta capital y precandidata del Partido Acción Nacional (PAN) a la gubernatura, María Eugenia Campos Galván, le apuesta a diferir dos procesos penales que pesan en su contra.

La primera de las acusaciones que enfrenta Campos Galván es porque presuntamente formaba parte de la nómina secreta del exgobernador César Duarte Jáquez, actualmente preso en Miami, Florida, con un proceso de extradición a México.

La otra acusación la hizo la Fiscalía Autónoma Especializada en el Combate a la Corrupción del gobierno estatal, por uso ilegal e indebido de atribuciones y facultades durante su periodo como alcaldesa, ya que se presume que recibió prebendas a cambio de otorgar licitaciones.

En el primer caso, el juez Cuarto de Distrito negó el amparo 542/2020 a María Eugenia Campos, que se suma a otra serie de amparos promovidos para evitar que se realice la audiencia inicial.

El consejero jurídico del gobierno estatal, Jorge Espinoza Cortés, dio a conocer que el juez federal sobreseyó el amparo en contra de las supuestas violaciones de la Fiscalía General del estado en contra de la precandidata.

“El juez de Distrito sobreseyó dicho amparo, es decir, le negó que se hubiera violado algún derecho fundamental, considerando que la alcaldesa de Chihuahua no tenía ningún derecho al acceso a las carpetas de investigación, sino hasta que se llevara a cabo la audiencia de imputación ante un juez de Control, que es cuando se otorga el derecho a tener conocimiento de los hechos que se le imputan”, explicó Espinoza Cortés.

De acuerdo con el funcionario, el juzgador resolvió que la quejosa no tiene ningún interés jurídico para promover este juicio, porque no tiene derecho a intervenir dentro de las carpetas de investigación, ya que su derecho a ser oída será en la audiencia de formulación de imputación que se llevará a cabo ante el juez de Control.

La audiencia se ha pospuesto por lo menos en dos ocasiones porque la defensa ha indicado que no tiene el expediente completo. La siguiente fecha para realizar la audiencia en el caso de la nómina secreta es el próximo miércoles 24.

“Ya se le había negado la suspensión definitiva y ahora se le niega este amparo donde se argumentaban supuestas violaciones a sus derechos y al debido proceso”, señaló el consejero.

En la segunda acusación, la audiencia estaba fijada para el pasado martes 16 a las 9 de la mañana, pero la defensa solicitó diferirla para el 5 de marzo.

El titular de la Comisión de Transparencia de Morena en el estado, Óscar Castrejón Rivas, así como Andrea Méndez y el activista Víctor Quintana Silveyra, denunciaron que el juez de Garantía que suspendió la última audiencia lo hizo sólo por la petición de la defensa de María Eugenia Campos, sin remitir a la Fiscalía que presente sus argumentos para la vinculación a proceso. "Ahorrándole a la alcaldesa con licencia la molestia de presentarse en el tribunal", señalaron en un comunicado.

Asimismo, detallaron que las garantías para el debido proceso tienen como límite la defensa de los derechos humanos de toda la sociedad, sobre todo de las víctimas. Y para hacerla efectiva se requiere la aplicación rápida y sujeta a la ley en tribunales.

Advirtieron que la prolongación indebida del caso señalado toca el terreno de lo inconstitucional y violenta el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales que protegen a la sociedad.

"En este caso se está evitando aplicar justicia, pronta completa e imparcial, tal como lo establece el artículo 17 constitucional. Aunado a lo anterior, violenta a todas luces el principio de publicidad que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales, siguiendo en secrecía los procesos", abundaron.

Los denunciantes indicaron que la ciudadanía necesita saber la verdad, porque la víctima no es una sociedad abstracta sino las y los chihuahuenses con rostros concretos, con necesidades concretas y derechos atropellados o no cumplidos por el conjunto de ilícitos cometidos por diferentes funcionarios que motivaron la apertura de la carpeta de investigación.