La captura del exmandatario César Duarte Jáquez da aliento a las autoridades de Chihuahua, quienes están al pendiente de su extradición. El gobernador Javier Corral adelanta que el detenido deberá responder por los delitos que cometió contra la entidad, así como sobre la red de corrupción que aceitó. Una veta en la que se profundizará, según el actual mandatario, es la llamada “nómina secreta” de personeros implicados en el entramado duartista.  CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- La captura de César Horacio Duarte Jáquez el miércoles 8 en Miami en una de sus 50 propiedades –que presuntamente adquirió con prestanombres o por familiares en Florida, Texas y Nuevo México– removió las piezas políticas locales y nacionales de la red de corrupción que tejió cuando fue gobernador de Chihuahua, del 4 de octubre de 2010 al 3 de octubre de 2016. Durante su gestión, el priista Duarte saqueó las arcas públicas de la entidad. Lo hizo con el apoyo del Congreso local, cuyos legisladores aprobaron reformas legislativas en materia de seguridad y finanzas. En su sexenio adquirió ranchos y ganado exótico, incluso creó una institución fiduciaria llamada Unión Progreso, que se convirtió en banco desde el cual se hicieron escandalosos manejos de divisas. Duarte colocó a familiares y conocidos en las secretarías de Hacienda, Salud, Comunicaciones y Obras Públicas, Desarrollo Rural, Educación y la coordinación de Comunicación Social para cometer sus tropelías. Su sucesor en el cargo, el panista Javier Corral Jurado, emprendió la operación Saneamiento Financiero (Safiro) mediante la cual detectó la red de corrupción en la cual, según las indagatorias, varios gobiernos estatales de filiación priista participaron en la desviación de fondos para el financiamiento de campañas políticas para el PRI, partido en el que militaba Duarte. Tras la detención del exmandatario, el titular de la Fiscalía General de Chihuahua, César Augusto Peniche Espejel, adelantó que en las próximas semanas solicitará se activen las más de 40 órdenes de aprehensión contra otros presuntos responsables de la red de corrupción mediante la cual Duarte desvió miles de millones de las arcas estatales. Corral Jurado comentó que ya hay carpetas de investigación contra quienes protegieron a Duarte, que incluyen a legisladores, políticos de varios partidos, empresarios e incluso representantes del clero, pues el duartismo en Chihuahua no fue privativo del PRI.  Este texto es un adelanto del reportaje publicado en el número 2280 de la edición impresa de Proceso, en circulación desde el 12 de julio de 2020