PUEBLA, Pue. (apro).- El gobernador Miguel Barbosa Huerta reveló que la Fiscalía General del estado (FGE) aún tiene cinco órdenes de aprehensión pendientes en torno al accidente aéreo en el que perdieron la vida la gobernadora Martha Erika Alonso Hidalgo y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle.

Al destacar la detención en Veracruz de Iris Cristina N., quien también es empleada de la empresa Rotor Flight Service (RFS) y era la encargada de prestar mantenimiento al helicóptero Agusta A109S en el que falleció el matrimonio de políticos panistas, así como tres personas más, el mandatario poblano reconoció la “labor de inteligencia” que lleva a cabo la FGE.

"Faltan cinco órdenes más por cumplir y, bueno, ahí está el proceso. Tendrán ellos que acreditar su inocencia y la autoridad acreditar su culpabilidad. Va a haber muchas más cosas, eso sí se los puede decir, muchas más cosas en este tema ", declaró el gobernador.

La FGE informó que con el apoyo de autoridades de Veracruz se ubicó a Iris Cristina, de 45 años de edad, quien es señalada por los delitos de homicidio a título de culpa, daño en propiedad ajena a título de culpa y falsedad en declaraciones dadas ante una autoridad.

Desde finales del año pasado fueron detenidos el propietario de RFS, Antonio N., y cuatro trabajadores de la misma empresa identificados como Ricardo N., Israel N., María Magdalena N., y Miguel N.

Cabe señalar que las detenciones realizadas por la FGE se basan en el dictamen que elaboró la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del gobierno federal en torno al percance, que considera como causa probable de la caída del helicóptero una falla simultánea en los dos actuadores, uno de los cuales reportaba una falla que había detectado RFS.

Sin embargo, durante la audiencia inicial del proceso que se lleva a cabo contra cuatro de los acusados, un experito de la Fiscalía General de la República (FGR), quien incluso participó en la elaboración del dictamen, declaró que la falla simultánea de los dos actuadores era algo “casi improbable” que jamás se había presentado en la historia de la aeronáutica mundial.

Además, la defensa de los procesados mencionó que había dos puntos que echaban abajo las imputaciones que hacía la Fiscalía poblana contra la empresa encargada del mantenimiento.

Una de ellas es que la falla en uno de los actuadores que detectó la Rotor Flight Service no era una avería grave que pudiera causar la caída del helicóptero, pues sólo afectaba al piloto automático, y tan era así que la aeronave hizo 51 vuelos previos al desplome.

Incluso se ha mencionado que el piloto del helicóptero, Roberto Coppe, quien era director de Servicios Logísticos de Apoyo al Ejecutivo del gobierno estatal, tenía el reconocimiento de ser uno de los más experimentados.

Y días antes del percance, el 7 de diciembre de 2018, Coppe obtuvo el certificado de aprobación del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional Aérea, con el que se establecía un protocolo para mitigación de peligros en el uso de aeronaves.

“Si Coppe y otros pilotos volaban ese helicóptero, aun cuando sabían que no se había cambiado el actuador, era porque tenían claro que esa falla lo único que afectaba era el piloto automático”, aseguró a Proceso uno de los familiares de los detenidos.

El otro punto es que la empresa encargada del mantenimiento notificó la falla y la necesidad de cambiar la pieza a la operadora de la aeronave, Servicios Aéreos del Altiplano (SAA), propiedad de los hermanos José Antonio y Rafael Torre Mendoza, pero ésta se negó a detener el helicóptero por los numerosos vuelos que tenía agendados.

Según los familiares de los detenidos, en el taller de RFS se tenía conocimiento que quien tomaba decisiones sobre ese helicóptero era el entonces senador Rafael Moreno Valle, a quien identificaban como el verdadero propietario.

En el mismo sentido, Eduardo Rojano y Sergio Arana Monroy, abogados del propietario de RFS, sostienen que, de acuerdo con el contrato firmado por el taller de mantenimiento, Rotor Flight no tenía atribuciones legales para evitar que el helicóptero operara, ni podía privar de su propiedad a SAA, que fue la que decidió y aprobó los vuelos.

Los seis detenidos son trabajadores del taller de mantenimiento, y aunque existen versiones de que también hay órdenes de aprehensión contra los dueños y trabajadores de SAA, hasta ahora no se han ejecutado.