CAMPECHE, Cam., (apro).- En cumplimiento a una recomendación emitida por la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codehcam), el gobierno estatal ofreció una disculpa pública al articulista Miguel Villarino Arnábar, por su encarcelamiento arbitrario durante la administración del exgobernador Alejandro Moreno Cárdenas.

En 2018, Villarino Arnábar, uno de los periodistas a los que el gobierno de Moreno Cárdenas persiguió y etiquetó como “enemigos de Campeche”, estuvo preso 58 días en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Francisco Kobén.

Fue liberado gracias a la presión de la red de asociaciones de protección a periodistas que defendieron su caso.

Apenas el 10 de noviembre pasado y en el ocaso de su periodo como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam), Juan Luis Renedo Dorantes emitió las conclusiones y recomendaciones que generó la queja de Villarino Arnábar ante esa instancia.

De acuerdo con el oficio PVG/693/2021, la Codhecam concluyó, de acuerdo con sus pesquisas, que encabezó la entonces visitadora Ligia Rodríguez, nueva presidenta del organismo, que los derechos humanos del comunicador fueron recurrentemente vulnerados, y enlistó las causas.

El acto de disculpa pública fue encabezado por el fiscal general Renato Sales Heredia y la secretaria de Seguridad Pública, Marcela Muñoz Martínez, quien tuvo a su cargo el mensaje institucional, dado que las recomendaciones fueron giradas a la dependencia que ahora ella encabeza.

La disculpa se hizo extensiva a la esposa del periodista, Milagros Higueredo, y a sus hijos quienes fueron reconocidos también como víctimas del sistema, aunque los actos violatorios de sus derechos humanos fueron perpetrados durante el cuatrienio que gobernó el ahora dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI). 

En su disculpa, Muñoz Martínez, precisó que esas violaciones fueron cometidas por el gobierno anterior, cuyos funcionarios, “se alejaron de los principios y prefirieron esconder su actuación y deber en el tiempo”.

“Con dignidad acudo ante ustedes a ofrecer una disculpa pública para dar cabal cumplimiento a las recomendaciones de la Codehcam por violaciones evidentes y consistentes amenazas, ejercicio indebido de la función pública y violación a la libertad de expresión en contra del señor Miguel Villarino Arnábar durante el tiempo que fue privado de su libertad en el penal de San Francisco de Kobén”, dijo la funcionaria.

Aseguró que en la presente administración no habrá “más violencia disfrazada de justicia” y reconoció que “la impunidad debe alejarse del poder y dar paso a un estado de más libertades, a un Campeche justo”. 

“Hoy a nombre de la Secretaría de Seguridad Pública y de las y los policías ofrezco una disculpa pública al señor Miguel Villarino Arnábar y también a su esposa Milagros y a sus hijos por las violaciones de que fueron objeto en su persona y dignidad”, reiteró.

Y se comprometió a que “este acto no sea un mero trámite, sino que constituya una oportunidad para revisar nuestras normas, protocolos de actuación y observación permanente de nuestro actuar cotidiano para que nunca más se den este tipo de actos que lastiman y dañan la imagen y actuaciones de una institución que está al servicio de los campechanos”.

Informó que instruyó que la recomendación de la SSP que derivó en esta disculpa, se publique en el portal de internet de la dependencia y “para que en los términos que establece la Ley del Sistema de Justicia de Víctimas del estado de Campeche, este caso sea inscrito en el registro estatal de víctimas”.

También ofreció garantías a Villarino “para que no sea molestado en su persona en función del ejercicio de su actividad profesional”.

Asimismo, aseguró que instruyó “al sistema penitenciario que se tomen las medidas para garantizar la seguridad con dignidad y respecto a los derechos humanos de las personas privadas de su libertad y se inicie y concluya el proceso formativo del personal que intervienen en la administración” de los penales. 

De igual manera, informó que instruyó a la Comisión de Honor y Justicia de la SSP para que, como medida de no repetición, inicie un procedimiento administrativo contra “el entonces director, primer oficial en turno y comandante de seguridad y vigilancia que resultaron directamente involucrados en estos esos y se impongan las sanciones a que den lugar estas violaciones a los derechos humanos”.

“Vamos a investigar a fondo este lamentable suceso porque en este caso alguien instruyó a quienes de manera material intervinieron estas lastimosas violaciones que dañaron la dignidad de una familia campechana”, dijo, y afirmó que se actuará “en consecuencia y en contra de los autores materiales de este hecho”.

En su turno, en ambos posicionamientos, la pareja Villarino-Higueredo valoró la disculpa pública, pues reconocieron que les ayudará a cerrar el amargo trance, pero aclararon que esto no les hace justicia y advirtieron que el perdón solo lo otorgarán cuando se hayan emprendido las acciones legales contra todos los responsables de los tormentos a que fueron sometidos:

El exgobernador Alejandro Moreno Cárdenas, el entonces secretario de Gobierno y posterior sucesor del primero, Carlos Miguel Aysa González, el exfiscal general Juan Manuel Herrera Campos y los jueces David Bacab y Miriam Collí. 

“Reconozco la voluntad de la gobernadora y valoro este mea culpa institucional, pero dejo pendiente dar las gracias. Esas las daré cuando los verdaderos responsables de lo que me sucedió paguen por lo que hicieron”, dijo el comunicador como colofón de su mensaje en el que detalló las violaciones a sus derechos humanos desde la integración de su expediente hasta su estancia en la prisión. 

Sostuvo: “Si fui a la cárcel fue por instrucciones de Alejandro Moreno, instrucciones que fueron cumplidas a cabalidad por su secretario de gobierno Carlos Miguel Aysa, por el fiscal Juan Manuel Herrera y por el elenco secundario de sicarios con toga, la Collí y el tal Bacab”. 

Por ello, consideró “injusto” que sólo el custodio que para torturarlo se hizo pasar como “sicario veracruzano” en el penal, Jesús Juárez Sonda, “pague por lo que me pasó cuando hizo lo mismo que los otros: cumplir las órdenes provenientes de los desajustes mentales de Alito Moreno”.

Y agradeció a las organizaciones no gubernamentales defensoras de periodistas CPJ, Pen Club, Artículo 19, Periodistas Desplazados, Propuesta Cívica, “quienes ejercieron presión sobre las autoridades, a quienes mi presencia en el reclusorio se les convirtió en un problema”.

Antes, Milagros Higueredo relató las violaciones a sus derechos y humillaciones que el sistema les hizo pasar a ella y sus hijos desde que se le negó información sobre el paradero de su esposo cuando este fue detenido y durante el período de reclusión, sus 32 visitas al penal en 58 días. 

“Este acontecimiento de disculpas es la oportunidad para que nuestra familia cierre el ciclo. Reconocernos como víctimas del estado no nos da justicia, pero nos permite sanar un poco la herida; que espero que no se vuelva a abrir. Esa es una posibilidad porque en el ejercicio de informar se pisan cayos y afectan intereses del poder y eso siempre pondrá en riesgo al periodista”, dijo.

Y, en un mensaje a la gobernadora Layda Sansores, expresó: 

“Sé que es muy difícil que Alito y sus secuaces sean castigados por las torturas que ordenaron en nuestra contra, pero eso es tan sólo una rayita más de su larga lista de pendientes con la justicia. Delitos que exijo que usted no deje pasar. 

“Le encargo que se investigue y castigue el saqueo al erario, el enriquecimiento ilícito, el tráfico de influencias, la corrupción; y que junto con él se castigue a quien deba ser castigado y sin miramientos. Si desea una verdadera transformación, deberá ser profunda, radical”.