CAMPECHE, Camp. (apro).- El articulista Miguel Ángel Villarino Arnábar, quien en 2018 fue encarcelado y torturado por el gobierno de Alejandro Moreno Cárdenas, denunció hoy amenazas de muerte anónimas, presuntamente relacionadas con su labor periodística, ahora por sus críticas al Congreso local.

El comunicador expuso ante la Fiscalía General del estado (FGE) que las advertencias, recibidas a través de mensajes de texto vía el teléfono celular de su esposa, empezaron a llegarle el pasado viernes 10, un día después de que, con su peculiar sarcasmo, criticó en su popular portal Bestiómetro la reciente imposición del exmagistrado electoral veracruzano Javier Hernández como titular de la Auditoría Superior.

Y es que, con tal propósito, el también veracruzano Alejandro Gómez Cazarín, presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso local y líder de la bancada de Morena, “cabildeó” con los diputados de oposición los votos que le faltaban para reformar la ley que obstaculizaba la contratación de Hernández, quien no tenía la residencia mínima de cinco años en la entidad que se exigían para ocupar el cargo.

“Después de dos meses sin escribir, el jueves 9 de diciembre publiqué un texto sobre la imposición del auditor superior del estado, un tal Javier Hernández, a cargo del presidente de la Gran Comisión del Congreso y líder de la bancada de Morena, Alejandro Gómez Cazarín”, explicó Villarino.

“El viernes 10 de diciembre, a las siete de la noche, mi esposa recibió un mensaje dirigido a mí con amenazas de muerte o lo que sea que signifique ‘teyebo la berga”, añadió, y aclara que ese fue el primero de los mensajes que le llegaron en el mismo tono.

Por ello, hoy denunció tal situación ante la FGE, donde se inició la carpeta de investigación CI-2-2021-1881.

En 2018, Villarino Arnábar, uno de los periodistas a los que el gobierno de Moreno Cárdenas persiguió y etiquetó como “enemigos de Campeche”, estuvo preso 58 días en el Centro de Reinserción Social (Cereso) de San Francisco Kobén.

Fue liberado gracias a la presión de la red de asociaciones de protección a periodistas que defendieron su caso.

Apenas el 10 de noviembre pasado y en el ocaso de su período como presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche (Codhecam), Juan Luis Renedo Dorantes emitió las conclusiones y recomendaciones que generó la queja de Villarino Arnábar ante esa instancia.

De acuerdo con el oficio PVG/693/2021, la Codhecam concluyó, de acuerdo con sus pesquisas, que los derechos humanos del comunicador fueron recurrentemente vulnerados, y enlistó las causas.

Entre éstas, las amenazas que recibió por parte de Manuel Jesús Juárez Sonda, Primer Oficial de la Secretaría de Seguridad Pública del estado, adscrito al penal de Kobén, y el ejercicio indebido de la función pública por parte de Virginia Cáliz Alonso y Jorge Alberto Kuk Moo, directora y jefe de Seguridad y Vigilancia del reclusorio en ese tiempo.

Además, violación al derecho a la libertad de expresión por parte de Juárez Sonda, Cáliz Alonso y Kuk Moo.

Por lo anterior, la Codhecam reconoció “la condición de víctima directa de violaciones a derechos humanos” y, con el objeto de “lograr una reparación integral”, formuló en contra de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado diversas recomendaciones.

Entre ellas que, como medida de satisfacción, a fin de reintegrarle la dignidad a la víctima, publicara en la página de inicio del portal oficial de internet un hipervínculo que direccione a la recomendación íntegra emitida a la dependencia por agravios a los derechos humanos del comunicador.

Dicha publicidad permanecerá en el sitio señalado durante el periodo de seguimiento a la recomendación hasta su cumplimiento, como un acto de reconocimiento de responsabilidad, satisfactorio en favor de la víctima, en razón de que se acreditó la transgresión a sus derechos fundamentales.

La Codhecam también recomendó a la SSP que, al reconocerle su condición de víctima, proceda a la inscripción del quejoso en el Registro Estatal de Víctimas y remita a las documentales que lo acrediten.

Otra de las recomendaciones de la Codhecam a la SSP es que emita una disculpa pública a la víctima, que debe incluir el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades.

Asimismo, que se tomen las medidas para gestionar los recursos humanos y tecnológicos necesarios que garanticen la seguridad con dignidad y respeto a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en el Cereso de Kobén.

Y, como garantías de no repetición, se instruya al Órgano Interno de Control de la SSP para que inicie y resuelva el procedimiento administrativo contra los funcionarios mencionados y a quienes resulten responsables, atendiendo al grado de participación en los hechos, y en su caso finque responsabilidad administrativa por haber incurrido en la violación a derechos humanos.

También pidió sanciones administrativas para los responsables, aun cuando ya no se encuentren en funciones.

La Codhecam dejó a salvo los derechos del ofendido para investigar sus denuncias por tortura.

El 19 de noviembre, con el oficio 02.SUBSSP.DAJYDH/4432/2021, la encargada del despacho de la dirección de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos de la SSP, María Elena Ballesteros Paco, notificó a Renedo Dorantes la aceptación de la recomendación derivada del expediente 472/Q-076/2018 y que se daría cumplimiento.

Hasta ahora, la SSP no ha cumplido con las recomendaciones de la Codhecam para reparar el daño a Villarino Arnábar, quien en cambio recibió nuevas amenazas presuntamente por parte de personas vinculadas al líder del Congreso local.