MONTERREY, NL (apro).– El Congreso de Nuevo León aprobó este viernes una reforma a la Constitución del Estado para incluir la consulta de revocación de mandato del gobernador, aunque no será aplicable al actual mandatario, Samuel García, si no al que lo suceda.

Luego de que la enmienda fuera aprobada por mayoría, la legisladora del Partido del Trabajo, Anylú Hernández Sepúlveda, cuestionó que no se hiciera efectiva para el actual jefe del Ejecutivo, para que se sometiera a la voluntad popular en el 2024, cuando cumple sus primeros tres años de mandato.

La modificación, propuesta por el PRI desde el 2016, pero retomada hasta esta Legislatura, contempla modificar los Artículos 30 y 43 de la Constitución estatal y añadir al 36 las fracciones VI y VII. Esta última señala que la consulta de revocación la organizará la Comisión Estatal Electoral a petición de por lo menos el 10% del listado nominal en la mitad de municipios más uno.

Ocurrirá una sola vez durante los primeros tres meses posteriores al finalizar el tercer año de mandato, y para que sea válida la consulta deberá participar de menos el 40% del listado nominal, y procederá únicamente mediante mayoría absoluta.

El primero de los puntos transitorios aclara que esta ley entrará en vigor el 5 de octubre del 2025, es decir, cuando inicia el cuarto año de gobierno de García Sepúlveda, por lo que ya no será apto para ser sometido al escrutinio, que podrá ser estrenado hasta el 2030, cuando el próximo gobernador cumpla sus primeros tres años.

Se quejó la legisladora petista sobre esta excepción que beneficia a García Sepúlveda, pese a que él fue uno de sus más entusiastas promotores cuando era legislador local en el año en que fue propuesta la revocación.

“Extraña que nuestra Legislatura pretenda posponer hasta dentro de nueve años el derecho ciudadano a solicitar la revocación de mandato del gobernador y más cuando este proyecto de decreto fue admitido a discusión o primera vuelta desde hace más de cinco años, ya que lo heredamos de la antepasada Legislatura”.

“Y más nos extraña que se quiera evitar que la ciudadanía ejerza su derecho de solicitar la revocación de nuestro actual gobernador, siendo que fue el más activo impulsor de esta reforma como diputado y como senador aprobó la reforma constitucional para aplicar la revocación de mandato al presidente de la República”.

Pidió que la legislación local se homologue con la reforma federal en materia de consulta popular y revocación de mandato, publicada el 20 de diciembre del 2019, que en el sexto punto transitorio señala que las constituciones de las entidades deberán garantizar el derecho ciudadano a la petición de revocación del ejecutivo local a los 18 meses posteriores a la entrada en vigor del decreto.

“Consideramos que esta propuesta no se ajusta a la reforma constitucional federal y estaremos incumpliendo con nuestra obligación de garantizar el derecho ciudadano a solicitar la revocación de mandato del gobernador en turno”.

“La disposición para solicitar el proceso de revocación de mandato del gobernador está muy clara: la ciudadanía lo puede solicitar por una sola vez durante los tres meses posteriores del tercer año de gobierno y la condición para solicitarlo es a partir de la ¡pérdida de confianza!”, dijo la diputada.