PUEBLA, Pue., (apro).- Una joven de 17 años de edad, llamada Andrea, se convirtió en la tercera víctima mortal de la explosión registrada la madrugada del 31 de octubre por una fuga de gas provocada por delincuentes que ordeñaban un ducto de Pemex, en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacán.

El secretario de Salud del Estado, José Antonio Martínez García, informó que la joven presentaba quemaduras en 32 por ciento de su cuerpo y por inhalación en las vías aéreas y que, a consecuencia de una orgánica múltiple, murió en la madrugada de este martes.

Martínez García informó que aún hay nueve víctimas de esas explosiones internadas en hospitales de Puebla, de las cuales siete se reportan como graves, y de éstas, cuatro están intubadas.

Ya antes un hombre llamado Abimael Eduardo Zamorano, de 32 años de edad, y una mujer de 62 años, de nombre Praxedis Martínez, fallecieron a consecuencia de las quemaduras que les produjo la explosión.

La madrugada del 31 de octubre, un grupo de llamados “huachigaseros” provocó una explosión por una fuga de gas en una toma clandestina que se ubicaba en las calles de Gasoducto y Ferrocarril, en la junta auxiliar de San Pablo Xochimehuacán, que forma parte del municipio de Puebla capital.

29 kilómetros de ductos

El alcalde panista Eduardo Rivera Pérez advirtió que 29 kilómetros de ductos de Pemex pasan por la zona urbana del norte de Puebla y representan un grave riesgo porque no se ha respetado el derecho de vía.

En entrevista, el edil dijo que en San Pablo Xochimehuacán ya se notificó que 70 predios se encuentran de manera irregular sobre los ductos o el derecho de vía de Pemex.

Sin embargo, aclaró que esa situación no sólo se presenta en esa junta auxiliar sino en todo el norte de la ciudad de Puebla, lo que representa un grave riesgo para la población.

“Son 29 kilómetros de ductos que con el paso del tiempo han sido invadidos por la mancha urbana, en zonas donde no está permitido establecer negocios ni viviendas”, señaló al indicar que se trabaja en coordinación con los gobiernos federal y estatal para emprender acciones para regularizar todas estas áreas donde operan las bandas dedicadas al robo de gas.