CIUDAD VICTORIA, Tams. (apro).- El Congreso local creó una comisión especial que revisará la serie de decretos que fueron aprobados para blindar al gobernador panista Francisco García Cabeza de Vaca, cuyo fuero lo protege contra acciones de la justicia federal.

La comisión, propuesta por la Junta de Coordinación Política de la 65 Legislatura, tiene como propósito “subsanar lo que conforme a derecho corresponda en relación con decretos expedidos por la anterior Legislatura”, lo que podría conducir a una reforma integral de la Constitución tamaulipeca para retirarle los beneficios que el mandatario obtuvo de los diputados que recién concluyeron su trienio.

Al dar lectura a la propuesta, la priista Alejandra Cárdenas Castillejos, secretaria de la Mesa Directiva, remarcó que ese órgano especial podrá suscribir acuerdos y convenios con entidades paraestatales u órganos autónomos y dependencias de todos los órdenes de gobierno para cumplir con su objetivo.

“La anterior Legislatura se extralimitó de manera inexplicable en sus facultades”, dijo la legisladora tricolor.

La revisión de la comisión iniciará con siete decretos, entre los cuales figura el que delimita la actuación de la Legislatura, por considerar que son razonables las dudas sobre la constitucionalidad y la vigencia de las leyes reformadas y aprobadas.

En su oportunidad, el también priista Edgar Melhem consideró que esta revisión es obligada para darle certeza a los tamaulipecos sobre el ejercicio del gobierno.

“Los tamaulipecos tienen fe y esperanza en que hagamos bien las cosas, de que recobremos la dignidad y el orgullo de un poder del estado que lamentablemente es hoy de los peores evaluados en la opinión pública”, subrayó.

Las enmiendas constitucionales que blindan al gobernador del estado, al fiscal estatal, y a los secretarios general de Gobierno y de Seguridad Pública, fueron expedidas entre los días 23 de junio y 30 de septiembre del presente año.

Actualmente hay una orden de aprehensión en contra del panista García Cabeza de Vaca por los delitos federales de delincuencia organizada y lavado de dinero, aunque la justicia no puede proceder en su contra porque está protegido por el fuero que le proporciona su investidura de gobernador.

El fuero le fue entregado por la anterior Legislatura, que determinó no homologar la resolución que al respecto emitió el Congreso de la Unión.