PUEBLA, Pue. (apro).- La Subsecretaría de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación (Segob) informó que dará acompañamiento al movimiento Unidad por Coyomeapan y a cuatro de sus integrantes que se encuentran presos en el penal de Tehuacán, a quienes reconoce como defensores sociales y pide no criminalizarlos por su activismo.

En su edición de esta semana, Proceso publicó que desde el 6 de junio ese movimiento de la Sierra Negra de Puebla se declaró en resistencia contra el cacicazgo de la familia Celestino Rosas, en el poder desde hace 11 años y ahora volverá a gobernar Coyomeapan por otros tres años, en alianza con el Partido del Trabajo (PT) y Morena.

El gobernador Miguel Barbosa Huerta justificó el encarcelamiento de los cuatro pobladores de esa localidad nahua, al acusarlos públicamente de cometer delitos, como el incendio de la presidencia, patrullas y urnas electorales, además de secuestrar y golpear gente. Sin embargo, los pobladores han mostrado evidencia de que eso jamás ocurrió.

Incluso el mandatario cuestionó que los pobladores indígenas fueran realmente luchadores sociales y sostuvo que se trata de “antorchistas” de otros municipios.

En un boletín, la Subsecretaría de Derechos Humanos, cuyo titular es Alejandro Encinas, reconoce que Unidad por Coyomeapan está integrada por más de 4 mil personas originarias de ese municipio, quienes “han visibilizado situaciones en detrimento de la población más desfavorecida, además de tener una participación en asuntos públicos de manera activa”.

La dependencia federal hace un llamado al Poder Judicial de Puebla y a la Fiscalía General del estado para que se garanticen los derechos humanos de Basilisa Montaño Gutiérrez, Eruviel Aguilar Gómez y Adán Anastasio González, integrantes de ese movimiento, quienes fueron detenidos el 1 de septiembre en Ajalpan, tras participar en una reunión con funcionarios del gobierno estatal.

“…especialmente los (derechos) que les son reconocidos como personas defensoras de derechos humanos y actualmente personas privadas de su libertad, entre otros, acceso a la justicia y derecho a la defensa técnica”, recalca el comunicado .

Añade: “Igualmente, integridad y seguridad personal, debida diligencia, presunción de inocencia, a no ser criminalizados por su activismo y labor de defensa de derechos humanos, y a un recurso efectivo ante presuntas violaciones a derechos humanos cometidas en su contra”.

En especial, hace referencia a la situación de Basilisa Montaño, mujer indígena perteneciente a esa comunidad nahua y representante de la organización de la sociedad civil Copalxóchitl, con una trayectoria reconocida a favor de los pueblos originarios de Puebla, quien además forma parte del Consejo Consultivo del Inmujeres.

Y también menciona la aprehensión de Gonzalo Martínez Herrera, ocurrida el 5 de septiembre.

En su comunicado, la Subsecretaría indica que el pasado 22 de septiembre, personal de la Unidad para la Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y del Inmujeres, acudieron al penal de Tehuacán para corroborar que los integrantes de ese movimiento se encontraban en “buen estado de salud” y escuchar sus propias denuncias de que su privación preventiva de libertad estaría “vinculada con el activismo que desarrollan en Coyomeapan”.

“La promoción y la defensa de los derechos humanos son herramientas imprescindibles para la garantía de una democracia plural. Restringir o inhibir el trabajo de quienes buscan evidenciar y combatir las injusticias incide directamente en un debilitamiento del Estado democrático de derecho”, recalca.

De igual manera, reitera su compromiso para “garantizar la protección de las personas defensoras de derechos humanos, así como reconocer y visibilizar la importancia de su trabajo como pilar fundamental para la democracia y bienestar social”.