GUADALAJARA, Jal. (apro).- La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHJ) emitió la primera recomendación del año a la Fiscalía del estado y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF), por su deficiente actuación en la investigación de 31 personas desaparecidas.

El organismo explicó que revisaron 26 quejas presentadas en el segundo semestre de 2019 y el primer bimestre del año pasado, por las desapariciones de tres mujeres y 28 hombres, ocurridas entre 2010 y 2020.

De la totalidad de desaparecidos, sólo cuatro fueron localizados sin vida. De hecho, el cuerpo de una de las víctimas permaneció en el IJCF sin ser identificado, y fue inhumado durante la contingencia de 2018.

La desaparición del joven fue denunciada el 18 de junio de 2018. Ese mismo día los familiares acudieron al IJCF para que tomaran a la madre una muestra de ADN. No recibieron noticias.

Posteriormente, el 13 de febrero de 2020, recibieron una llamada del IJCF para que acudieran a identificar un cuerpo que coincidía con las características del joven. Y así fue como lo reconocieron.

Cuando reclamaron el cadáver se percataron de que había una carpeta de investigación por la muerte por atropellamiento del joven, el 16 de junio, día de su desaparición, sin embargo, no se avanzó para responsabilizar al conductor, supuestamente porque no hubo parte acusadora. Pero, además, entre sus pertenencias la víctima tenía documentos a su nombre.

La CEDHJ acreditó que el cadáver del joven llegó al IJCF el día que murió atropellado, pero ni el Ministerio Público ni la policía investigadora de la Fiscalía de Desaparecidos lo buscaron. Con ello, se evidenció la falta de coordinación entre las áreas de la Fiscalía estatal y de éstas con el IJCF.

“Provocaron que el dolor y sufrimiento de sus familiares se prolongara durante dos años”, apuntó el organismo.

El organismo también detalló que nueve de los desaparecidos habrían sido levantados por grupos delictivos; seis corresponderían a desaparición forzada, al existir la participación de policías estatales, municipales o de la fiscalía estatal, y en el resto de los casos no hubo señalamientos hacia alguien en particular.

La CEDHJ detectó una serie de irregularidades en común en todos los casos, entre ellas poco o nulo seguimiento a los datos proporcionados por los familiares de las víctimas, trato indigno, negativa de información al denunciante e inactividad procesal.

Por ello, el organismo pidió al fiscal estatal, Gerardo Solís; a la fiscal especial en Personas Desaparecidas, Blanca Trujillo, y al titular del IJCF, Gustavo Quezada, la reparación integral del daño a los familiares y víctimas indirectas de las personas desaparecidas.

Además, deslindar responsabilidades de los funcionarios involucrados en las deficientes investigaciones, entre otros puntos.