PUEBLA, Pue. (apro).- A dos años del desplome del helicóptero Agusta A109 en el que viajaban la gobernadora de Puebla, la panista Martha Erika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, la Fiscalía General de Puebla aún no levanta cargos contra los responsables de la omisión en el cambio y mantenimiento de los actuadores lineales de la aeronave, que acabó por costar la vida a cinco personas.

Nueve meses han transcurrido desde que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) presentó un peritaje final, en el que participaron expertos internacionales, el cual concluyó que ese 24 de diciembre de 2018 el helicóptero en el que viajaba el matrimonio panista “no debió haber volado”.

La Comisión Investigadora y Dictaminadora de Accidentes e Incidentes de Aviación, de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) de la SCT, dictaminó que la causa de que la aeronave matrícula XA-BON se desplomara sobre terrenos de cultivo de Santa María Coronango fue un alabeo repentino hacia la izquierda que no fue recuperado por el piloto al mando y provocó el impacto.

El abogado Alberto Peralta Merino, quien ha dado seguimiento al caso, advierte que este peritaje final, presentado el 27 de marzo de este año, fue claro en el sentido de que hubo una omisión en el mantenimiento de la aeronave y que eso fue lo que ocasionó su caída.

“Esa omisión constituye un delito de homicidio intencional porque no se cambiaron las piezas, y puede darse por hecho que fue con dolo, a lo mejor un dolo menor o mayor, eso es lo que se tiene que investigar, porque la falla fue reportada con antelación, no se corrigió y se permitió que el helicóptero siguiera volando”, explica.

Sin embargo, agrega, han pasado nueve meses y la Fiscalía General de Puebla que es a la que corresponde la carpeta de investigación por la muerte de los tres pasajeros y dos tripulantes del helicóptero, no ha podido dilucidar a los responsables de ese homicidio por omisión, con lo cual ya incurre en negligencia. 

Cabe señalar que Proceso pidió sin éxito una entrevista con el Fiscal General de Puebla, Gilberto Higuera Bernal para conocer los avances de la investigación. La vocería de la institución aclaró sólo que la carpeta de investigación sigue abierta y que por ahora no hay nada que informar en torno al caso.

El peritaje final de la SCT señaló como posibles responsables de las fallas en el mantenimiento a la propietaria del taxi aéreo, la empresa Servicios Aéreos del Altiplano, S.A. de C.V. y al taller de mantenimiento Rotor Flight Services, S.de R.L. de C.V.

Así, expone Peralta Merino, la investigación ya se encontraba muy delimitada desde que la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC) de la SCT entregó el informe preliminar, lo cual ocurrió en octubre.

“Se trataba ya sólo de revisar los manuales de procedimientos y operación, los organigramas, estatutos y citar al personal para ubicar a los posibles responsables entre una de esas dos empresas o de ambas”, añade.

“Que esa investigación no se haya desahogado en nueve meses, es no querer resolverlo, es una absoluta negligencia de la Fiscalía”, sostiene el abogado, quien dice que es además injustificable esta tardanza al haberse tratado de la muerte de una gobernadora y un senador.

En el percance fallecieron además de la gobernadora y su esposo, el también ex gobernador Moreno Valle, el asistente de éste, Héctor Baltazar Mendoza, y los dos pilotos Marco Antonio Tavera Romero y Roberto Javier Coppe Obregón.

El peritaje encontró que los dos actuadores, que son los motores hidráulicos que dan fuerza a las hélices para que giren, dirijan y mantengan el balance en el aire, presentaban fallas. Uno de ellos tenía dos tornillos sueltos y el otro debió ser reemplazado y no se hizo.

El entonces titular de la SCT, Javier Jiménez Espriú, anunció auditorías para la operadora Servicios Aéreos del Altiplano y al taller de mantenimiento Rotor Flight Services, así como la suspensión temporal de sus operaciones hasta contar con el resultado de las auditorías.

En ese entonces, igual la dependencia informó que se remitiría el informe final y los anexos a las Fiscalías General de la República y a la del Estado de Puebla para que fueran incorporadas a las carpetas de investigación iniciada por esos hechos. Hasta ahora, ninguna de estas instituciones, ha emitido otro reporte.

Cabe recordar que la propietaria del helicóptero, Servicios Aéreos del Altiplano (SAA), es propiedad de los hermanos José Antonio y Rafael Torre Mendoza, originarios de Veracruz pero radicados en Tlaxcala, quienes tenían vínculos con el PRI.  mismos que también son proveedores de distintas entidades como Baja California Sur, Tlaxcala y Puebla. También propietarios de las empresas textiles La Providencia, los empresarios eran proveedores en distintas entidades como Baja California Sur, Tlaxcala y Puebla.

En su momento se dio a conocer que SAA operaba aeronaves que habían pertenecido a la empresa Servicios Aéreos Milenio (SAM), propiedad del exsenador priísta, Ricardo Urzúa Rivera y que el helicóptero Agusta A109 perteneció antes a la empresa Eolo Plus, del Grupo Higa, propiedad del empresario mexiquense, Juan Armando Hinojosa Cantú allegado de Moreno Valle.

Por esto último, se había manejado la posibilidad de que la empresa de taxis aéreos de los Torre Mendoza, fuera realmente propiedad de Moreno Valle, quien usaba frecuentemente esas aeronaves. Desde el percance del 24 de diciembre de 2018, SAA cerró sus oficinas y dejó de operar sus teléfonos y páginas web en Puebla.

La cremación

Peralta Merino, representa a los ciudadanos Carlos Meza Gutiérrez y  José Guillermo Medina Álvarez, quienes han interpuesto una serie de denuncias por la cremación apresurada de los cuerpos de las cinco personas que viajaban ese día en el helicóptero.

Los cuerpos fueron incinerados cuando aún no transcurrían ni 24 horas de la caída de la aeronave.

El abogado afirma que esta cremación representó un delito cometido por funcionarios de la Fiscalía General del Estado porque había una carpeta de investigación abierta y por lo tanto, los indicios y pruebas, entre las que se incluyen los cuerpos, debían preservarse.

“Destruyeron pruebas y hubiera o no homicidio, esas pruebas tenían que preservarse de acuerdo al Código de Procedimientos Penales del Estado porque había una investigación en curso y eso, no hay vuelta de hoja, constituye un delito”, insiste. 

El 14 de diciembre, los ciudadanos Meza Gutiérrez y Medina Álvarez acudieron al Congreso del Estado a presentar una denuncia sobre estos hechos basados en el Artículo 125, fracción V, de la Constitución de Puebla.

Peralta Merino asegura que con este recurso, sería el Congreso local el que tendría que presentar denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción de la FGEP, al tener conocimiento de un hecho delictivo o de lo contrario se convertiría en cómplice.  

“Hay un responsable de que se cremaran los cuerpos, tendría que dilucidarse quienes estaban y quién dio la orden, pero debió ser alguien de la Fiscalía que, por más que los familiares lo pidieran, no debió autorizarlo”, subraya.