CIUDAD DE MÉXCIO (apro) .- La descalificación del gobierno de Claudia Sheinbaum al informe del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (CED) detonó la respuesta de familias buscadoras de la Ciudad de México, quienes sostuvieron que el documento no es “tendencioso” ni “falto de rigor”, sino el reconocimiento internacional de una crisis de desapariciones vigente que el Estado mexicano “se niega a asumir”.  

Las familias dijeron, en un posicionamiento escrito, dijeron haber recibido “con indignación absoluta” la postura oficial. Con determinación, declararon: “La decisión histórica del CED de llevar la situación de México ante la Asamblea General de la ONU con carácter de urgencia confirma que la crisis ha superado la capacidad del Estado. La disputa por el diagnóstico no nos devuelve a nuestros seres queridos”. 

Horas después de que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Secretaría de Gobernación (Segob) emitieron un comunicado conjunto en el que arremetieron contra el informe del CED, este 2 de abril, los colectivos Mariposas, Hasta Encontrarles, Una Luz en el Camino, Lirios Buscadores Izcalli y Luciérnagas cuestionaron su sustento jurídico, lo calificaron de “tendencioso” y acusaron a sus integrantes de actuar con “ligereza” y posible “conflicto de interés”.

El Comité, en contraste, concluyó que existen “indicios fundados” de que en México “se han cometido y se siguen cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad”, al identificar “múltiples ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en diferentes momentos y en diferentes partes del país”, y decidió remitir el caso al secretario general de la ONU, António Guterres, para su consideración ante la Asamblea General. 

En su respuesta, el gobierno federal sostuvo que el informe se centra en hechos ocurridos entre 2009 y 2017 —durante los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto— y afirmó que, “a diferencia de periodos anteriores”, no existen indicios de una política federal de ataques generalizados o sistemáticos contra la población civil en las administraciones recientes. 

Las familias buscadoras de la capital mexicana respondieron directamente a ese planteamiento: “Las desapariciones forzadas siguen existiendo, no son cosa de administraciones pasadas”.  

“Para nosotras, el diagnóstico de la ONU no es una postura política ni un ataque a la soberanía; es el eco de nuestras voces y el reconocimiento de una tragedia que el Estado mexicano se niega a encarar”, sentenciaron.  

Y agregaron: “El Gobierno afirma que el informe carece de sustento. Nosotras respondemos: el rigor jurídico está en las más de 133,000 sillas vacías en nuestras mesas (pese al intento de rasurar el registro) y en los más de 83,000 cuerpos y restos que el Estado mantiene acumulados sin identificar”. 

En la opinión de las víctimas indirectas, la descalificación del CED implica desconocer tanto la evidencia acumulada como el trabajo realizado fuera de las instituciones:  

“Es descalificar años de nuestra propia documentación, de peritajes independientes y del testimonio de quienes hemos tenido que aprender leyes y antropología forense ante la omisión de las autoridades”. 

También consideraron: “Defender la soberanía no es rechazar la ayuda internacional; la verdadera soberanía se demuestra garantizando seguridad y justicia”. 

Advirtieron que negar esa asistencia tiene consecuencias operativas en la búsqueda: “El Estado da la espalda a una oportunidad real de profesionalizar la búsqueda y la identificación. No aceptar esta ayuda es condenarnos a seguir buscando solas, con nuestros propios recursos y bajo riesgos constantes”. 

El posicionamiento también cuestionó la efectividad de las estructuras institucionales en materia de desapariciones y denunciaron la participación de agentes del Estado: “La participación de agentes estatales —por acción, omisión o aquiescencia con el crimen organizado— no es un invento; es una verdad documentada en expedientes que no avanzan y en vehículos oficiales que han sido testigos de la tragedia”. 

Las familias plantearon exigencias concretas al Estado mexicano: 

• Reconocimiento de responsabilidad: Que el Estado asuma el carácter grave y sistemático de la crisis, tal como lo señala el CED. 
• Cooperación sin condiciones: Aceptar la asistencia técnica internacional en áreas de búsqueda y análisis forense de manera inmediata. 
• Justicia real: Acceso pleno a la verdad, sanción a los responsables (incluyendo agentes estatales) y fin de la manipulación de cifras en el Registro Nacional.
• Diálogo sin descalificaciones: Nuestra exigencia de verdad no tiene partido ni agenda oculta; nuestra única agenda es encontrarles. 

Finalmente señalaron: “El mundo ya lo ve. Es hora de que el Estado deje de negar la verdad y actúe. ¡Hasta encontrarles!”. 

El posicionamiento se suma a la respuesta del Centro de Derechos Humanos Agustín ProJuárez, que también cuestionó la descalificación del gobierno al informe del CED y sostuvo que dicha reacción “no está a la altura de la crisis”.