Gobierno de la CDMX

Gobierno de la CDMX deberá pagar deuda de 2 mdd que dejó Gertz Manero por chalecos

El Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en materia Civil de la Ciudad de México desestimó un recurso de revisión con el que buscaba evadir una orden judicial que obligaba a pagar la deuda adquirida por el exsecretario de Seguridad en 1999.
jueves, 29 de enero de 2026 · 14:15

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Un tribunal federal confirmó que el Gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Clara Brugada, no puede decir que está imposibilitado para pagar la deuda de más de 2 millones de dólares que desde 1999 heredó de Alejandro Gertz Manero. 

El Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en materia Civil de la Ciudad de México desestimó un recurso de revisión tramitado desde el año 2024 por la administración del entonces jefe de Gobierno capitalino, Martí Batres, con el que buscaba evadir una orden judicial de pagar a la empresa AP American Protective, S. A. de C. V., la deuda adquirida por el exsecretario de Seguridad, Gertz Manero. 

El recurso derivó de un juicio de amparo tramitado desde la administración de Claudia Sheinbaum, en el que el gobierno de la CDMX alegó estar imposibilitado jurídicamente para cumplir con el compromiso. 

Esto, debido a que, en el año 1999, cuando Gertz Manero contrató a AP American Protective como proveedora de 8 mil 995 chalecos antibalas para los elementos policiales del entonces DF, se estipuló que la empresa recibiría un pago de 2 millones 17 mil 128.75 dólares, para lo que el gobierno debía entregar una carta de crédito al banco Bital, misma que sería cobrada una vez que la proveedora entregara los chalecos. 

Sin embargo, el gobierno del DF nunca entregó la carta de crédito, lo que provocó que la empresa demandara a la administración capitalina obteniendo ya diversas resoluciones firmes que confirman que el gobierno de la CDMX debe pagar. 

Ante ello, la administración de Sheinbaum tramitó un incidente de imposibilidad jurídica y material para cumplir con la sentencia, en el que afirmó que no puede entregar la carta de crédito porque el banco Bital ya no existe y porque no tiene recursos para pagar. 

El juez Civil que conoció del asunto declaró que no existió tal imposibilidad y ordenó al gobierno capitalino a entregar la carta de crédito a través del banco HSBC, que absorbió la cartera de Bital, y ajustar las condiciones de pago a la realidad actual, es decir, pagar los más de 2 millones de dólares para recibir la cantidad de chalecos correspondientes al precio actualizado que, debido a que en estos años se multiplicó, implica que el gobierno recibirá menos de los 8 mil chalecos solicitados por Gertz Manero. 

El gobierno de la CDMX impugnó esta determinación apenas, el pasado 12 de diciembre de 2025, el Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en materia Civil en la CDMX confirmó que no existe imposibilidad para pagar. 

“No se desprende que haya imposibilidad para cumplir con la condena impuesta a cargo de la parte demandada, pues lo que se desprende de los citados oficios es que no se podía cumplir literalmente con los lineamientos fijados por el tribunal de alzada, más no, que no se pueda cumplir con la condena”, señaló el tribunal Colegiado. 

“El hecho de que la demandada actualmente no cuente con la partida presupuestaria para expedir la ‘carta de crédito’, no anula su obligación de expedirla, por constituir cosa juzgada, ya que puede gestionar todos aquellos actos tendentes a obtener la partida presupuestal que garantice la expedición de la ‘carta de crédito’”. 

En consecuencia, el tribunal declaró que el gobierno capitalino no requiere que el Congreso le autorice realizar el gasto para pagar la deuda, ni requiere la intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), porque la carta de crédito no constituye financiamiento ni deuda pública, por lo que el pago debe cubrirse con cargo al presupuesto de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la CDMX. 

La resolución ya no puede ser impugnada por lo que, si el gobierno capitalino insiste en incumplir, la empresa puede iniciar un incidente de incumplimiento para iniciar procedimientos de responsabilidad administrativa e incluso penal en contra de los funcionarios que resulten responsables, entre los que se encuentra la jefa de Gobierno, Clara Brugada. 

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