CIUDAD DE MÉXICO (apro).— El Gobierno de la Ciudad de México presentó una estrategia para atender el delito de despojo de inmuebles, que incluye un endurecimiento de las penas y la creación de unidades especializadas para atender a la ciudadanía. Las autoridades capitalinas registraron 2 mil 245 denuncias por el delito de invasión hasta el 15 de julio de 2025, lo que representa un incremento del 8% en comparación con el mismo periodo de 2024.

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, informó en conferencia de prensa el 29 de julio de 2025 sobre la implementación de la "Estrategia Contra el Despojo de Inmuebles en la Ciudad de México". "Vamos a hacer frente a este delito de manera coordinada y con un equipo especial de funcionarios que revisarán caso por caso y actuarán de forma inmediata", declaró Brugada.

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La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) detalló que, como parte de estas acciones, durante 2025 se han asegurado 265 inmuebles y se ha detenido a 94 personas. Del total de propiedades recuperadas, 196 ya fueron restituidas a sus legítimos dueños. Las alcaldías con mayor incidencia de denuncias son Iztapalapa, Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.

¿Cómo funcionará la nueva estrategia legal?

La fiscal general de Justicia, Bertha Alcalde Luján, anunció que se enviará al Congreso de la Ciudad de México una propuesta de reforma al artículo 237 del Código Penal local. Esta modificación busca aumentar la sanción básica por el delito de despojo para que sea de seis a 11 años de prisión.

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La pena se elevará de 12 a 22 años de cárcel cuando existan agravantes. Entre las nuevas agravantes se considera la participación de personas que simulen tener un cargo público, la suplantación de identidad del propietario, el uso de documentos falsos y que el delito sea cometido en contra de personas menores de edad, adultas mayores, mujeres embarazadas o integrantes de comunidades indígenas.

Además, se propondrá la adición del artículo 238 bis para tipificar como delito equiparable al despojo la resistencia a un desalojo ordenado por una autoridad competente. También se sancionará a servidores públicos o notarios que participen u obtengan algún beneficio de un acto de despojo.

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Para la ejecución de esta estrategia, se anunció la creación de la Unidad Operativa Especializada contra el Despojo, que dependerá de la Secretaría de Gobierno. Esta unidad trabajará en conjunto con el Gabinete de Prevención y Atención a los Despojos, un órgano integrado por diversas dependencias del gobierno, la Fiscalía y el Poder Judicial para revisar cada caso.

¿Qué hacer si una propiedad fue invadida?

El primer paso para una persona que sufre la ocupación ilegal de su inmueble es presentar la denuncia por el delito de despojo ante el Ministerio Público. Es importante aportar pruebas que acrediten la legítima propiedad o posesión del bien, como escrituras, contratos o recibos de servicios.

El Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Consejería Jurídica y de Servicios Legales (CEJUR), ofrece asesoría y representación legal gratuita para las víctimas de este delito. La CEJUR ha reforzado sus canales de atención para orientar a los afectados durante el proceso legal.

Una vez que se registra el caso, la Consejería asigna un abogado para guiar al ciudadano en cada etapa del proceso judicial. En situaciones que se consideren urgentes, las autoridades tienen la facultad de solicitar el resguardo del inmueble para evitar que ingresen más personas o se alteren las pruebas.

Canales de atención y denuncia por despojo

Para facilitar el acceso a la justicia, el gobierno capitalino habilitó una línea telefónica especializada para recibir denuncias y brindar acompañamiento. El número 55 5345 8120 opera de lunes a viernes en un horario de 9:00 a 20:00 horas.

Además de la línea telefónica, los ciudadanos pueden solicitar apoyo a través de otros canales como Locatel, el número de emergencias 911 y las redes sociales oficiales del Gobierno de la Ciudad de México. También se han instalado mesas de atención ciudadana en el Zócalo para ofrecer asesoría directa.

La Dirección General de Regularización Territorial (DGRT), ubicada en la colonia Granjas de México, alcaldía Iztacalco, es otra de las instancias que ofrece orientación a quienes buscan certeza jurídica sobre su patrimonio.

Las autoridades han identificado tres modalidades principales de despojo:

• La simulación de actos jurídicos con documentos falsos
• El uso de la violencia o amenazas
• El usufructo ilegítimo de un inmueble aprovechando una indefinición sobre la propiedad. 

La nueva estrategia busca combatir estas tres formas de operación.