CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de un litigio de 10 años, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) condenó a los propietarios de Reforma 222 y a la empresa que brinda seguridad en dicha plaza comercial a indemnizar por daño moral y pagar daños punitivos a Jessica Marjane Durán, mujer y activista por los derechos de las personas trans. 

Esto, luego de considerar que en el año 2015 fue víctima de discriminación luego de que personal de seguridad y de atención a clientes de la plaza comercial le impidieron a ella y a su amiga Alessa entrar al baño de mujeres del lugar y les exigieron presentar una identificación que acreditara su género. 

Durante la sesión de la Primera Sala de la Corte, los ministros avalaron, con cuatro votos, el proyecto presentado por Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena a favor de Jessica Marjane Durán y sobreseyeron el de su amiga Alessa, quien en el año 2016 fue víctima de transfeminicidio. 

El caso llegó a la Corte luego de que las agraviadas presentaron una queja ante el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred CDMX) contra Reforma 222 y la empresa de seguridad de la misma. 

Pese a que celebraron un convenio ante dicha institución, ambas empresas incumplieron con el pago de una compensación por daño psicológico, por lo que las demandaron ante un juez civil. 

El juez civil determinó que Jessica no sufrió discriminación, pero, en apelación, una Sala Civil consideró que sí hubo tal discriminación contra Alessa, pero no contra Jessica, y no pudo determinar el pago de daño moral ni las medidas de reparación integral que ambas solicitaron. 

A través de organizaciones que defienden los derechos de las personas LGBTIQ+, fueron tramitados tres juicios de amparo a nombre de las afectadas. 

Sin embargo, para cuando la Corte los atrajo, Alessa ya había sido asesinada, razón por la que su caso fue sobreseído, pero el de Jessica sí pudo ser resuelto y generar un precedente con el que buscan que el Estado mexicano implemente reglas para la asignación de baños inclusivos en establecimientos abiertos al público en general para evitar futuros casos de discriminación contra las personas trans. 

Fuentes federales confirmaron a Proceso que en el proyecto avalado esta tarde por la Primera Sala, el ministro Gutiérrez Ortiz Mena declaró que tanto el juez civil como la Sala no juzgaron con perspectiva de género debido a que tanto la plaza comercial como la empresa de seguridad, a través de su personal, incurrieron en actos de discriminación al desconocer el derecho a la identidad y expresión de género de Jessica. 

Por ello, ordenó a ambas empresas pagar no sólo la indemnización por daño moral, sino al pago de daños punitivos porque la conducta en la que incurrieron perpetúa estereotipos y estigmas en contra de las personas LGBTIQ+.