CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El Gobierno de la Ciudad de México, a través del Gabinete de Búsqueda de Personas Desaparecidas, inició esta semana el primer proceso formal de exhumación en fosas comunes bajo el Plan de Recuperaciones Controladas, con la apertura de la fosa 26 del Panteón Civil de Dolores. 

Antes de comenzar las labores de exhumación, las autoridades realizaron un evento protocolario con la presencia de la titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde; el Comisionado de Búsqueda local, Luis Gómez Negrete, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX), Rafael Guerra.  

En el pronunciamiento, Alcalde habló de las exhumaciones como un trabajo de largo plazo para revisar 75 fosas comunes; sin embargo, en entrevista posterior con Proceso, Gómez Negrete reconoció una limitación estructural que condiciona el alcance del proyecto: la ciudad cuenta con solo tres arqueólogos forenses para enfrentar un rezago histórico en materia de identificación.  

“Tenemos no más de 100 arqueólogos forenses en todo el país (…) ¿Qué pasa? las escuelas de arqueología se han dedicado a la revisión de los vestigios históricos más que al ámbito forense en términos de la arqueología”, declaró.  

Este arranque, en un panteón donde desde mediados del siglo XX se han inhumado personas identificadas y no identificadas, abre un proceso que el Gobierno capitalino presentó como técnico, humanitario e histórico. 

Alcalde Luján afirmó que cada intervención “estará respaldada por una investigación rigurosa con el fin de reconstruir la identidad e historia de las personas sepultadas en fosas comunes”.  

Problemática no se concentra sólo en el Panteón Dolores 

La distancia entre el alcance institucional y las búsquedas que las familias han sostenido durante años quedó expuesta desde el primer día. Entre quienes asistieron como observadoras estuvo Araceli González García, quien busca a su hijo Eduardo Ramírez González y a su hermano Marcos González García, desaparecidos el 20 de septiembre de 2020 en Álvaro Obregón.  

Ella acudió al primer día de jornada para festejar la apertura del plan, ya que este tipo de acciones están relacionadas con indicios recabados en las carpetas de investigación abiertas por la desaparición de sus familiares, solo que en su caso no se trata del Panteón de Dolores, sino del de San Isidro, ubicado en Azcapotzalco.  

Las líneas de investigación que ha recabado la madre buscadora indican que su hijo y su hermano pudieron haber sido víctimas de una agresión con armas de fuego en un establecimiento llamado “Bar Zona Flow”; después habrían sido trasladados al Panteón de San Isidro en carrozas de funerarias que son propiedad de los presuntos responsables: “Obtuvimos unos videos donde baja la carroza a la hora más o menos aproximada que mi hijo y mi hermano desaparecen”.  

Ahora, con las exhumaciones del Panteón de Dolores, González García mantiene sus reservas sobre la confianza hacia las autoridades:

“Ya son cinco años de búsqueda, pidiendo exhumaciones sin parar, pues hasta ahorita no se había podido. Para mí esto me fortalece, si me siento bien, que ya están empezando a trabajar aquí, me da como pensar que probablemente nos falte poco para entrar a San Isidro; yo he pedido desde hace cinco años, que se busque en el Panteón San Isidro”.  

En su trayectoria como madre buscadora, aseguró que ha coincidido con una cantidad importante de casos cuyas investigaciones apuntan al Panteón de San Isidro, pero no detalló un número y no mencionó nombres por respeto a las víctimas directas e indirectas de desaparición.  

Mientras las familias plantean la necesidad de extender la búsqueda a otros panteones, el proyecto piloto inició en Dolores bajo criterios técnicos definidos por el Gobierno.  

Gómez Negrete explicó que la fosa 26 fue seleccionada porque tenía “la mayor proporción de hipótesis de identidad”, lo que permite un mayor control del proceso.  

La apuesta institucional es comprobar si los datos documentales coinciden con lo que se recupere en campo. “Ese es el gran reto, ver que toda esa documentación (…) se corrobore con lo que vamos encontrando fácticamente”, dijo el funcionario.  

La intervención se llevó a cabo y continuará con la participación rotativa de quince familias buscadoras como observadores por día.  

Durante la primera jornada se excavaron 40 centímetros y se recuperaron 90 elementos óseos que serán analizados por el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (INCIFO).  

El comisionado detalló que el proceso depende de equipos integrados por personal del propio instituto, de la Fiscalía, de la Comisión de Búsqueda y de especialistas independientes.

“Aquí no hay un equipo del INCIFO que interviene primero y después uno de la Fiscalía; tenemos equipos integrados por personal de todas las instituciones para evitar retrocesos”, señaló.