CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Congreso de la Ciudad de México aprobó el dictamen para fijar un límite al aumento anual de la renta de vivienda en la capital, cuyo porcentaje no podrá ser superior a los índices de inflación marcada por el Banco de México.

Se trata de la iniciativa propuesta por el jefe de gobierno, Martí Batres, que también promovió la obligación de crear un registro digital puntual de contratos de arrendamiento para dar mayor seguridad, tanto a arrendadores como a arrendatarios. El arrendador debe reportar ese registro a más tardar 30 días después de la firma.

La aprobación del documento antes discutido por las Comisiones Unidas de Administración y Procuración de Justicia y de Planeación del Desarrollo, tuvo 57 votos a favor, cero en contra y cero abstenciones, en el periodo extraordinario que tuvo hoy el Congreso capitalino. 

La modificación a la Ley de Vivienda y al Código Civil de la CDMX también incluyó el fincar la responsabilidad del gobierno capitalino de construir vivienda para renta asequible para las personas de menores ingresos.

El propósito es beneficiar principalmente a capitalinos en situación de pobreza, en particular, “trabajadores, madres solteras y personas jóvenes entre los 18 y 35 años”.

Uno de los propósitos de la modificación a la mencionada ley es evitar el alza del monto de las rentas que obliguen a las personas y salirse de los inmuebles donde viven porque no pueden pagarlas. Actualmente se estipulaba que el incremento no podrá exceder del 10% de la cantidad pactada como renta mensual.

Los artículos reformados fueron los artículos 1, 5, 12, 13, 21, 26, 59 y 60 de la Ley de Vivienda local, así como el 2448 D y 2448 F del Código Civil del Distrito Federal. 

En la discusión del dictamen, varios diputados de distintos partidos coincidieron en que esas reformas son un “paliativo”, pero no resuelven el problema de fondo en la ciudad. 

Además de las reformas a la Ley de Vivienda, el Congreso local aprobó otra para incorporar el mejoramiento de los barrios y colonias como un derecho, otra para proteger la propiedad privada y una más para hacer lo mismo con la propiedad pública y la social.