CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El jefe de Gobierno, Martí Batres, presentó la Ley del Derecho al Bienestar e Igualdad Social, la cual establece que los programas sociales implementados por las alcaldías deberán coordinarse con las áreas correspondientes del Gobierno de la Ciudad de México.

De acuerdo con lo publicado este lunes en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, la ley contempla la creación de un Consejo de Consulta y Participación en Materia de Bienestar, el cual podrá “conocer y opinar sobre las políticas y programas en materia de bienestar e igualdad social”, y estará integrado por el jefe de Gobierno, el titular de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (SIBISO), diez académicos o miembros de organizaciones sociales y comunitarias -estos últimos serán nombrados por el jefe de Gobierno-.

Durante la presentación de la publicación de la ley, en el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el mandatario local hizo énfasis en que las alcaldías son mencionadas en la legislación, pues en ella se establece la creación de un programa especial de bienestar que contendrá un padrón unificado de beneficiarios de los programas sociales y la articulación con instituciones, dependencias y demarcaciones.

“Con el fin de unificar padrones de beneficiarios para evitar su duplicidad, con el propósito de maximizar el impacto económico y social de los mismos”, explicó.

También aclaró que esta ley sustituye a la Ley de Desarrollo Social para el Distrito Federal, entonces, recordó que participó en su aprobación en el año 2000, cuando fue presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Batres ofreció un listado de los objetivos fundamentales de la Ley del Derecho al Bienestar e Igualdad Social. Entre ellos, mencionó que busca organizar la prestación de servicios públicos universales, gratuitos, accesibles, suficientes, de calidad.

También pretende revertir procesos de segregación socio territorial y brindar herramientas a la administración pública para cumplir con la responsabilidad social del Estado.

Para lograr lo anterior, el jefe de Gobierno detalló que se establecen principios como la universalidad de las políticas sociales, así como la progresividad y no regresividad en sus modificaciones, es decir: “Se pueden modificar todas las leyes sociales siempre y cuando sea para agregar, nunca para quitar”.