CIUDAD DE MÉXICO (apro).– El secretario del Trabajo y Fomento al Empleo, José Luis Rodríguez, destituyó a todos los presidentes de las Juntas Especiales de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCA) de la Ciudad de México que, de por sí, tiene un rezago de 139 mil expedientes laborales sin atender.

En respuesta, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD) expresó su “más enérgica condena a la arbitraria e ilegal destitución” ordenada por el funcionario del gabinete de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, exigió la “inmediata reinstalación” de los expresidentes y pidió una audiencia con ella para expresarle sus preocupaciones y propuestas sobre el tema. 

En un comunicado, acusó que esa medida de destituciones “viola directamente la Ley Federal del Trabajo, respecto a la autonomía de la propia Junta Local y a la inamovilidad de los citados presidentes durante el periodo para el que fueron designados, precisamente para garantizar su independencia como juzgadores”.

El organismo aseguró que esa medida “representa un grave ataque a nuestro Estado de Derecho y denota el desconocimiento y la arbitrariedad de los funcionarios responsables, bajo el pretexto de una supuesta falta de presupuesto”.

En su edición 2395 del 22 de septiembre del 2022, Proceso publicó un reportaje en el que denunció una de las paradojas de la 4T: “la Junta de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de México –cuya razón de ser es la justicia laboral– despidió a unos 50 trabajadores sin justificación alguna y violando sus derechos laborales. Se trata de secretarios de acuerdo, auxiliares de audiencias y de trámites, auxiliares dictaminadores, actuarios y conciliadores”.

La reportera tiene copia del oficio enviado ayer –2 de mayo– a uno de los funcionarios cesados, firmada por el secretario Rodríguez de León, en el que no especifica la razón de dicha decisión. Según fuentes afectadas, la autoridad les ha dicho que la causa del despido es “que no hay dinero para pagar sus salarios”.

El rezago será peor, advierten 

El lunes 1 de mayo, el titular de la STyFE, José Luis Rodríguez, informó que, de los 145 mil casos con los que se quedó la JLCA, tras su cierre a finales de septiembre del 2022 –en cumplimiento de la Reforma Laboral– hasta hoy solo ha resuelto seis mil casos y le queda pendientes 139 mil. 

Lauro Sol Orea, ahora expresidente de la Junta Especial número 13, consideró que esa “acción significa un ataque al nuevo sistema de justicia laboral, y perjudica directamente a los trabajadores y a su familia, así como a los propios patrones que verán más retrasado aún el trámite de sus respectivos juicios laborales, mismos que actualmente suman más de 125 mil”.

Advirtió que un juicio laboral en promedio dura cuatro años, “pero con las medidas para desmantelar la JLCA, el periodo se duplicará para que el trabajador pueda obtener una resolución”. Estimó que, para abatir el rezago total de los expedientes, se requerirán 12 años, “por lo menos, lo que convierte a este tribunal en el más ineficiente de todo el país”.

El también expresidente de la ANAD destacó que, en los dos últimos años, salieron ocho presidentes de las Juntas Especiales “por distintas razones”. Ayer, 12 funcionarios fueron notificados de su destitución mediante el Boletín Laboral y con oficios personales firmado por el secretario de Trabajo y Fomento al Empleo, José Luis Rodríguez de León.

Peor aún, dijo que en las 20 Juntas Especiales han sido designados encargados de despacho, que son auxiliares de trámites y ahora resentirán una carga laboral al tener que realizar múltiples funciones.

Justicia laboral “de segunda clase”

María Luisa Campos Aragón, secretaria de Finanzas de la ANAD, alertó que la medida aplicada por Rodríguez de León “no está apegada a derecho, porque al ser trabajadores de confianza tienen derecho a ser escuchados y a notificarles las causales de separación, lo cual no ocurrió”.

Óscar Alzaga, expresidente de la ANAD, acusó que “se está cometiendo una arbitrariedad y se pretende dar una justicia laboral de segunda clase a los expedientes en rezago, porque no se puede proceder de esta manera totalmente fuera de la ley, a costa de abaratar los costos y reducir el presupuesto de la Junta Local”.

La ANAD pidió a la autoridad rectificar está “grave violación” al Estado de Derecho y se respete lo establecido en la Ley Federal del Trabajo y en propio Artículo 123 constitucional, además de que se actúe con pleno respeto al debido proceso.

Entonces, exigió “la inmediata reinstalación de los presidentes de las Juntas Especiales en sus cargos y se suspenda el ilegal despido de funcionarios, como ha ocurrido desde septiembre del año pasado”.

Por último, solicitaron una reunión con la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum; y los secretarios de Gobierno, Martí Batres, y del Trabajo, José Luis Rodríguez, para hablar del tema.