CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A dos años de la tragedia de la Línea 12 del Metro que dejó 26 personas sin vida y más de 100 lesionadas, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) logró la vinculación a proceso de 10 exfuncionarios, pero ninguno de ellos está en prisión.

Además, la institución dirigida por Ernestina Godoy informó en un comunicado que, hasta ahora, ha logrado la firma de 117 acuerdos reparatorios entre víctimas directas e indirectas con las empresas constructoras –entre ellas Grupo Carso, del magnate Carlos Slim-, y están pendientes de concretarse 12 acuerdos más. 

En la víspera de que se cumplan dos años del colapso de una trabe metálica del tramo elevado de la llamada “Línea Dorada”, entre las estaciones Olivos y Tezconco, la Fiscalía local recordó que las vinculaciones a proceso han sido contra seis exservidores públicos -entre ellos, Enrique Horcasitas, exdirector del Proyecto Metro-, un corresponsable de seguridad estructural, un director responsable de obra y dos particulares.

Los delitos por los que fueron imputados son homicidio culposo de 26 personas, lesiones culposas provocadas a 34 personas y daño a la propiedad culposa en tres propiedades: el Metro como tal, el convoy y la estructura.

Quien ni siquiera fue llamada a declarar fue la exdirectora del Metro, Florencia Serranía, pese a las reiteradas solicitudes que hicieron al juez los abogados particulares de algunas de las víctimas. La funcionaria renunció al cargo el 30 de junio del 2021, casi dos meses después de la mayor tragedia reciente del Metro.

Reparación del daño

Respecto a la reparación del daño a las víctimas directas e indirectas, la FGJ capitalina detalló que “ha privilegiado la reparación del daño a las víctimas, a través de la firma de acuerdos reparatorios” que, a la fecha, suman 117 y están pendientes por firmar 12. 

La institución recordó que los acuerdos reparatorios están establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales y “son un mecanismo incorporado a nuestro sistema de justicia que busca privilegiar los intereses de las víctimas y encontrar soluciones que impliquen la reparación eficaz y oportuna de los daños causados sin necesidad de desahogar un largo proceso judicial”.

Los acuerdos, dijo, se celebran entre víctimas e imputados con aprobación del Ministerio Público en la etapa de investigación inicial y del Juez de Control en la investigación complementaria, y sólo si sus términos se cumplen a cabalidad, tienen como efecto la extinción de la acción penal.

Por último, la Fiscalía capitalina reiteró “su solidaridad para las familias de las personas que perdieron la vida y de las que resultaron lesionadas a raíz de estos hechos que conmocionaron a nuestra sociedad. Desde que ocurrieron los hechos, la Fiscalía se ha abocado a conocer la verdad y las posibles responsabilidades atribuibles a los mismos”.