CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Tras el anuncio del aumento de un peso a la tarifa del transporte concesionado a partir del 15 de junio, líderes de la organización Fuerza Amplia Transportistas (FAT) y autoridades del gobierno de la Ciudad de México se enfrascaron en una serie de acusaciones de un presunto “albazo” y una “imposición” frente al “acuerdo de la mayoría” de los concesionarios.

Por la mañana, líderes de la FAT acusaron al gobierno de Claudia Sheinbaum de hacerles un “albazo” al anunciar, ayer por la tarde, el aumento de un peso a la tarifa, sin que los consultaran ni que hubiera un acuerdo con ellos. Dijeron que se levantaron de la mesa de negociación antes del anuncio y sin firmar nada con la autoridad. 

Nicolás Vázquez, vocero de FAT, dijo: “No vamos a parar, los transportistas que representamos no están conformes con dicho incremento. Anoche recibimos su justo reclamo, saben que el peso no les alcanza, que es apenas un respiro, pero no oxígeno para tener fortaleza económica”.

Y advirtió: “haremos asambleas en cada una de las rutas y más adelante vamos a determinar el camino a seguir… No quitaremos el dedo del renglón, el objetivo es alcanzar un aumento de tres pesos para brindar un mejor servicio”.  

En conferencia afuera del Antiguo Palacio del Ayuntamiento, los transportistas adelantaron que sí aplicarán la nueva tarifa, “pero bajo consigna”. Y siguió: “No estamos de acuerdo, no resuelve el problema de fondo, no es suficiente y solo es demagogia pura”. Y agregaron: “Vamos a corregir las situaciones de servicio por iniciativa propia, no porque Andrés (Lajous) nos diga”. 

Luego, tildaron al gobierno capitalino de “violentarlos económica, social y políticamente”, de tenerlos como “rehenes políticos“ y aplicar medidas “con tintes electoreros”, además de ser “tramposo y represor” por amenazarlos con la cancelación de licencias y concesiones si no mejoran el servicio. Recordaron que tienen el derecho de solicitar amparos si eso ocurre.

Explicaron que el peso de aumento no es suficiente para sustituir sus unidades por unas nuevas, aún con el bono de chatarrización, debido a que los costos de operación y mantenimiento son mayores y, a la larga, acabarían asfixiándolos y perdiendo los vehículos. Luego, pidieron que les mantengan el Bono de Combustible mensual para poder subsistir. El gobierno aclaró que con el aumento de tarifa de un peso, se suspendía dicho apoyo. 

Respecto a convertirse en empresas, dijeron que “es una emboscada” y no es opción porque ya hay, al menos, ocho rutas que lo hicieron y están a punto de la quiebra o de desaparecer. Pusieron como ejemplo a Integradoras de Transportes en el Eje Central (Itec), el primer corredor metropolitano, que “quedó con insolvencia para pagar los 20 autobuses que compraron en el 2012”.

Y lanzaron: “Retamos al gobierno a hacer buenas empresas de transporte, pero con una tarifa igual a la que ellos pagan por pasajero en la RTP … Que nos den las condiciones para movilizar a los pasajeros con tarifa de 13.50 pesos y claro que lo hacemos. Pedir que lo hagamos con seis pesos es demagogia y retórica barata”.

Los transportistas acusaron al secretario de Movilidad, Andrés Lajous, de que “solo ha servido para dar la cara y mentir… nunca pedimos más de tres pesos, es incompetente e indigno de tenerle confianza porque cada vez que pronuncia algo, miente”, dijo Vázquez. 

Según su argumento, mientras que el salario mínimo ha subido 115.9% en cinco años –de 80 pesos en 2017 a 172 en 2022-, “nosotros no recibimos ni un solo centavo de incremento”. Ofrecieron otro dato: la inflación ha tenido un aumento de 29.9%, mientras que el peso de incremento a la tarifa significa solo 20%. “Si el incremento hubiera sido de 1.50 pesos, apenas nos hubiéramos puesto al corriente con la inflación”. 

Gobierno prepara operativos

Luego del pronunciamiento de los transportistas, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que, a partir de que se aplique la nueva tarifa, el 15 de junio, se realizarán revisiones para garantizar que se cumpla la condición de mejorar el servicio para los usuarios. 

“Vamos a estar todos los días con la Secretaría de Movilidad, el INVEA, Secretaría de Seguridad Ciudadana y Semovi protegiendo a los habitantes de la ciudad para tener un mejor servicio”, advirtió en conferencia en la sede del C5.

La mandataria aseguró que la relación entre el gobierno de la ciudad y el transporte concesionado “cambió desde que nosotros llegamos. Antes había un acuerdo basado en la corrupción, en los beneficios para unos concesionarios y los castigos para otros, así que hay suficiente autoridad moral para hablar con los transportistas y con la ciudadanía”.

Aclaró que el primer objetivo de su gobierno es cuidar la economía familiar y el segundo, mejorar el servicio del transporte público. Destacó la inversión que se hace de cerca de 77 mil millones de pesos para los sistemas que dependen del gobierno central: Metro, Metrobús, Cablebús, Trolebús y RTP, que mantendrán su tarifa actual. 

Luego, mencionó que, además de mantener las mesas de trabajo con ellos, a los transportistas les dieron bonos de combustible de 4 mil y 6 mil pesos mensuales durante la pandemia de covid-19. 

Por ello, aseguró: “en este momento era inaceptable un aumento en la tarifa de tres a cinco pesos, que era lo que ellos estaban planteando, que es prácticamente igualar la tarifa a la del Estado de México. Y ahora lo que nos tenemos que dedicar principalmente es a la mejora del transporte público, eso significa que vamos a dedicar los recursos ahora a la sustitución de los microbuses, ya no es al bono de combustible”.

El secretario de Gobierno, Martí Batres, recordó las medidas de mejoramiento del servicio que deben aplicar los concesionarios, entre ellas: no llevar unidades con vidrios polarizados, que las placas coincidan con el número del autobús y tengan la cromática oficial; los choferes deben usar uniforme, no ir con acompañantes, no jugar “carreritas” ni ir a exceso de velocidad. Agregó que los concesionarios se deben inscribir en el proceso de renovación de las unidades.

Luego, reiteró la advertencia: “A partir del 15 habrá operativos, verificaciones, para que se cumplan con todas estas condiciones”.

Respecto a las organizaciones que, dijo, estuvieron de acuerdo con el aumento de un peso, Batres Guadarrama afirmó que no solo se habló con la FAT, sino también con el CAT, Movilidad de Vanguardia, ORDEMOVIL, “se habló con una diversidad de organizaciones; el 80% aceptaron estos elementos que se plantearon sobre la mesa”.

Y cerró: “Respetamos las discrepancias, sin embargo, ya estamos en una etapa nueva y no hay lugar alguno para que haya movilizaciones en adelante, menos aún bloqueos en la Ciudad de México”.

Ruta 18 ya aplicó aumento; será sancionada 

Aunque el secretario de Movilidad Andrés Lajous no estuvo en la conferencia, la Semovi emitió una tarjeta informativa en la que contestó a los transportistas, al revelar que la FAT “presentó por escrito el 28 de abril del 2022 una propuesta de incremento tarifario de $9 pesos la cual no es viable para la economía de las familias capitalinas”.

En contraste, dijo, las organizaciones Movilidad de Vanguardia (MOVA), Coalición De Agrupaciones de Transporte (CAT), Grupo Metropolitano De Transporte (GMT), Organización Democrática para la Movilidad Ciudadana (ORDEMOVIL) y Movilidad Interurbana Integral Y Turística, S.A.P.I. (MIIT), que en conjunto aglutinan a 45 organizaciones de transporte público concesionado de ruta fija y 24 empresas de corredores de transporte “coincidieron que un incremento mayor a la actualización de la tarifa de un peso anunciada ayer, afecta la economía de las personas usuarias”.

Aseguró que dichas agrupaciones están de acuerdo con las acciones de seguridad, calidad del servicio, mantenimiento y capacitación establecidas por la Semovi para mejorar, a corto plazo, la seguridad y calidad a los servicios de transporte.

Por último, la Semovi aseguró que recibió quejas ciudadanas contra la Ruta 18, de la FAT, “que indebidamente iniciaron con la aplicación de la actualización de un peso, por lo que ya se supervisa a la ruta y se aplicarán las sanciones correspondientes establecidas en la Ley de Movilidad como la revocación de la concesión”.