CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En la próxima audiencia del 2 de mayo, la defensa jurídica de 12 víctimas del colapso de la Línea 12 del Metro solicitará al juez de control que se reclasifique el delito de homicidio culposo a homicidio por dolo eventual, debido a que hubo fallas graves en todo el proceso, desde el diseño hasta el mantenimiento, informó el abogado Teófilo Benítez.

Agregó que también solicitarán, mediante una acción colectiva, la demolición de todo el tramo elevado de dicha línea, debido a que no representa seguridad para los usuarios, aún con los trabajos de rehabilitación y reforzamiento que se realizan tras el colapso del 3 de mayo del 2021.

El litigante aclaró que las víctimas a las que representa no han firmado ningún acuerdo reparatorio con el Grupo Carso, del magnate Carlos Slim, como salida alterna al proceso, pues “no les interesa el dinero, sino llegar a la justicia y la verdad”; además de que el hecho no quede impune y se garantice la no repetición.

 En conferencia, acompañado de algunas víctimas de la tragedia de hace un año, Teófilo Benítez acusó que, a un año de los hechos, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX (FGJCDMX) ha apostado a que las víctimas se desesperen con los actos de dilación hecho en el Ministerio Público y en otras instancias para que no avance la imputación contra 10 exfuncionarios.

En particular, se refirió al exdirector del Proyecto Metro, Enrique Horcasitas, quien obtuvo un amparo de un juez federal para evitar ser detenido. Aclaró que éste solo lo cubrirá hasta la audiencia del 2 de mayo, “pero quién sabe si salga”.

Y es que, dijo, que la defensa de las víctimas exhibirá al juez de control los datos de prueba para corroborar que Horcasitas y coacusados incurrieron en “faltas graves en el modelo, construcción, diseño, operación y mantenimiento” de la Línea 12.

“Estamos más que preparados, vamos por la reclasificación, no quieren que lleguemos a las imputaciones y van a realizar diversas artimañas para que eso no se haga. Nos opondremos y queremos que esa audiencia se realice forzosamente, para que se reclasifique de lo culposo a lo doloso”.

Falló construcción y mantenimiento

Teófilo Benítez aseguró que los manuales de mantenimiento obligan a los diversos directores y sudirectores del Sistema de Transporte Colectivo Metro a revisar y supervisar la operación del mismo y hacer lo correspondiente para evitar tragedias como las de la noche del 3 de mayo.

Recordó que del segundo informe de la empresa DNV, contratada por el gobierno de Claudia Sheinbaum para hacer un peritaje independiente, se desprendió que la parte del mantenimiento falló y que, en consecuencia, la entonces directora del STC, Florencia Serranía, “deberá ser citada” a clarificar su responsabilidad.

Tomás Andrade, perito contratado por el despacho para hacer un peritaje del hecho, explicó que se detectó la ausencia de 400 pernos, de los más de 700 que debía tener la trabe que colapsó, además de que se pasó por alto el monitoreo que debía realizar un comité de vigilancia. por ello, dijo que no se detectó la debilidad de las columnas y trabes y la deformación de éstas, mismas que requerían acciones inmediatas.

Acusó que la “inobservancia de instrucciones” en el diseño de la obra generó que éstas no se aplicarán en realidad en la estructura. Por ejemplo, mencionó que “se pusieron apoyos móviles (en las trabes) en vez de fijo, con lo que se pudo haber deformado, pero no caído”.

Los especialistas adelantaron que ese peritaje lo van a presentar en la audiencia del próximo 2 de mayo y será clave para formular la imputación contra las personas señaladas.

“Todas las omisiones en conjunto llevan a la conclusión de que el desplome no es un hecho fortuito ni tampoco culposo, sino doloso, en el sentido de que nadie intervino a pesar de lo que establece el Manual de Mantenimiento de la Línea 12, en su tramo elevado”, insistió Benitez.

Demolición y sin acuerdo

Los abogados de las 12 víctimas dijeron que pedirán la demolición del tramo elevado de la “Línea Dorada” –que va de Atlalilco a Tláhuac- como la única medida que garantizaría que los hechos no se vuelvan a repetir y que no haya decenas de muertos y heridos.

Agregaron que también sería un acto de justicia y de “agradecimiento” a los cientos de personas que les dieron apoyo luego de la tragedia.

Sobre las indemnizaciones que la empresa Carso Infraestructura y Construcciones (CICSA) ha negociado con la mayoría de las víctimas, ya sea con intervención de las autoridades o mediante sus abogados particulares, Teófilo Benítez aclaró que, en todo caso, será el Poder Judicial y sus jueces quienes establezcan de manera legal y certificada los montos que debe recibir cada víctima.

A propósito, denunció que la FGJ no ha querido hacer cinco peritajes básicos en materia de medicina forense, sicología, trabajo social, antropología social y matemática actuarial para cuantificar los pagos reparatorios.

Y cerró al decir que las víctimas están dispuestos a obtener una suma reparatoria, sólo si se hace de manera justa y legal.