CIUDAD DE MÉXICO (apro).– A una semana de cumplirse un año del colapso en la Línea 12 del Metro, que dejó 26 personas muertas y más de 100 lesionadas, víctimas denunciaron a Grupo ICA y a las empresas supervisoras de la obra ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) por los delitos de homicidio doloso y lesiones, debido a que, presuntamente, realizó un diseño “incorrecto” de la obra, informó Cristopher Estupiñan, del despacho Carbino Legal.

Agregó que 14 de sus defendidos ya alcanzaron un acuerdo reparatorio con Grupo Carso y su empresa CICSA, de Carlos Slim, en el que se logró aumentar hasta 250% la oferta inicial, a condición de no emprender acciones legales en su contra. Y agradeció al magnate “por dar la cara”, aunque éste no reconoció su responsabilidad penal en el hecho.

En una conferencia de casi dos horas de duración, el abogado explicó que la denuncia penal que interpusieron este martes contra ICA obedece a que “es el presidente del consorcio constructor de la Línea 12 fue quien suscribió los contratos de obra, quien recibió los recursos, fue la que llevó un 75% de participación respecto a la ejecución de la obra civil, y así como salió orgullosamente a la luz pública a celebrar la obra, debió dar la cara cuando sucedió la tragedia, pero no lo hizo”.

Acusó que la FGJ que dirige Ernestina Godoy y el gobierno de Claudia Sheinbaum “protegen” a ICA ante la presunta negligencia por el diseño deficiente de la Línea 12. “ICA sigue siendo intocable… hay un notorio contubernio” entre autoridad y empresa, subrayó. 

Además, detalló que la Fiscalía “sigue siendo omisa en investigar” a esta empresa, pues al menos cuatro veces se ha negado a llamarla para rendir informes por subcontrataciones, lo cual podría dilucidar los grados de responsabilidad. 

Luego, lanzó un llamado a ICA “para asumir sus responsabilidades” y acercarse a las víctimas antes de que avance la demanda penal en su contra por los delitos de homicidio y lesiones culposo y por negligencia en el diseño de la obra.

“No fueron los pernos”

Para sostener la acusación contra ICA, el ingeniero Guadalupe Roque, perito especialista en ingeniería estructural contratado por Carbino Legal, mencionó elementos que echan abajo algunos resultados del peritaje de la empresa noruega DNV que contrató el gobierno de Sheinbaum, y que señalan presuntas deficiencias desde el diseño de la obra, es decir, desde antes de la construcción.

Por ejemplo, aseguró que en “ningún documento” de la carpeta de investigación que integró la FGJCDMX se encuentra un “vehículo de diseño” para la Línea 12. “La línea se cayó porque omitieron desde un principio el vehículo, lo hicieron como si el tren no se moviera y no se calculó el espectro de carga o el número de ciclos”, dijo.

El especialista aseguró que quienes diseñaron la obra usaron un reglamento de construcción para estructuras “sin movimiento”, cuando debieron seguir reglamentos usados en Estados Unidos y Europa, donde este tipo de obras están diseñadas para durar más de 100 años y no necesitan un mantenimiento mayor como el que ahora se hace en la Línea 12.

Añadió que “los pernos Nelson no fallaron (como dijo DNV), lo que falló fue el diseño de la viga”. Tan es así, dijo, que en el reforzamiento que actualmente hace la Secretaría de Obras “no van a tocar los pernos”. Agregó que “no hubo revisión por fatiga” después de cierto tiempo de operación de la obra y eso, no solo fue responsabilidad de la administración de entonces, sino de las siguientes.

“Gracias Slim”

El litigante Cristopher Estupiñán agradeció a Slim Helú “por dar la cara” a las víctimas y actuar “con responsabilidad social” al llegar a un acuerdo para indemnizar a las víctimas que representa ese despacho. 

En la negociación se logró que los lesionados recibieran una cantidad de dinero hasta 250% mayor a la oferta inicial, cifra que resulta más de lo que la empresa acordó con las víctimas representadas por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI) del gobierno capitalino.

“Las familias que representamos tienen la tranquilidad de que vamos a continuar con la batalla y de que esto que están firmando no fue un acuerdo impuesto por el gobierno, sino revisado por sus abogados con todas las modificaciones pertinentes”, destacó.

No obstante, a pregunta de la reportera, aclaró que Carso no asumió la responsabilidad legal-penal del hecho, pues en el acuerdo “no se determinaron responsabilidades”. 

Luego, aclaró que este acuerdo no aplica para ICA, CAF y Alstom, quienes en su momento deberán responder por su responsabilidad penal en el colapso de una trabe del tramo elevado de la “Línea Dorada” la noche del 3 de mayo del 2021. 

“El tema no se termina aquí, vamos a seguir con las demandas contra las otras empresas y no vamos a descansar hasta que respondan a nuestras familias”, advirtió. 

El abogado mencionó también que esas tres empresas ya también fueron denunciadas en la Corte de Nueva York por la vía civil, por presunta negligencia en la construcción de la obra, como lo adelantó Procesoen su edición 2373 que circula esta semana.

Persiste el trauma psicológico

Verónica Rodríguez, psicoterapeuta privada contratada por Carbino Legal para atender a las víctimas de la Línea 12, aseguró que, a un año de la tragedia, las personas lesionadas y sus familias, así como los deudos de los fallecidos, aún padecen secuelas psicológicas y estrés postraumático por lo que vivieron aquella noche a bordo del tren que se desplomó.

Entre las secuelas que permanecen están el que no puedan entrar a elevadores o abordar el transporte público por miedo a que les ocurra lo mismo. Hay lesionados que ya no podrán retomar sus ejercicios de alto rendimiento o que simplemente ya no pueden cargar a sus hijos por el tipo de heridas que tuvieron, hecho que les genera daño emocional.

Otros siguen con problemas en los ciclos del sueño y aún tienen pesadillas, mientras que otros han dejado de salir solos y se han vuelto “familias muégano por el miedo de que les pase algo, dicen: ‘si le pasa a uno, que nos pase a todos’”.

Unos más, dijo la especialista, tienen inconformidad con la percepción de su imagen corporal por las cicatrices que les quedaron o porque ya no podrán regresar a su vida normal.

Algunas víctimas han llegado a recuperar cierta funcionalidad, pese a la tristeza. Y, para todos los casos, es necesario seguir el trabajo de terapia, pues destacó que el gobierno capitalino no les dio una atención de primeros auxilios psicológicos desde el inicio del hecho ni ha habido un seguimiento adecuado. 

Reclamarán responsabilidad patrimonial

Miguel Ángel Alcalde, integrante de Carbino Legal, informó que en los próximos días presentarán una reclamación administrativa por responsabilidad patrimonial del Estado ante la Secretaría de la Contraloría General del gobierno capitalino por cada una de las víctimas de la tragedia.

Como presuntos responsables señalarán a la propia jefatura de gobierno y a las secretarías de Movilidad Integral (Semovi), Obras y Servicios (Sobse), Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC); así como el Sistema de Transporte Colectivo Metro (STC), independientemente de la administración de que se trate.

El argumento principal será que la autoridad prestó el servicio del Metro de manera “ineficiente, pues tenía obligación de detectar las fallas en la Línea y corregirlas, pero no lo hizo”.

Según el litigante, la primera reclamación que harán será la de la familia de una víctima fallecida por la que pretenden obtener un pago de 110 millones de pesos para cubrir a sus deudos, con base en parámetros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del tribunal de Justicia Administrativa.

Las cantidades que se aprueben, agregó, deberán salir del Fondo para Pago de Indemnizaciones por Responsabilidad Patrimonial que debe tener el gobierno de la CDMX. Luego, llamó al contralor, Juan José Serrano, a hacer un procedimiento abreviado a favor de las víctimas. 

Incluso, adelantó que pedirán al Congreso de la CDMX y a la Cámara de Diputados la creación de una “Comisión de la Verdad” para garantizar el cumplimiento del derecho humano “al no olvido”.