CIUDAD DE MÉXICO (apro).– La organización feminista FemxFem pidió ayuda de sus seguidoras para replicar que hacen responsables a Jorge Cruz Romero y Víctor Manuel Velázquez Rangel, del Cruz Azul, así como a las autoridades por lo que le pudiera pasar a Patricia, quien está presa por denunciar a estos individuos por acoso y abuso sexual.

Señaló que Patricia ha recibido amenazas de muerte desde la cárcel. Fue privada de la libertad tras denunciar que Cruz Romero, socio del Cruz Azul, y Velázquez Rangel, presidente del Consejo de Vigilancia de la Sociedad Cooperativa Cruz Azul, la violaron en 2016.

“Necesitamos de tu ayuda para hacer el mayor ruido posible”, pidió y agregó que las colectivas alrededor del país se unen para exigir la liberación inmediata de Patricia, quien de momento está detenida en el penal de Santa Martha Acatitla.

“Hermanas, necesitamos de todo tu apoyo, hemos intentado que los medios de comunicación lo publiquen, pero como Jorge y Víctor tienen poder dentro de Cruz Azul, no hemos tenido éxito.

“Patricia está en la cárcel tras denunciar a los violadores, mientras que a ellos la justicia no los toca. Los hacemos responsables a ellos y a las autoridades por lo que le pueda pasar a Patricia. Exigimos que se libere cuanto antes a Patricia”, escribió Femxfem en su cuenta de Instagram.

 

 

 

 

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Entre las reacciones, una usuaria denunció que fue víctima de acoso sexual por parte de un fisioterapeuta que trabajaba con ellos, llamado Daniel Saucillo.

Asimismo, etiquetaron a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y crearon el hashtag #libertadparapatricia.

El caso de Patricia data de 2016, pero interpuso una denuncia hasta 2017 y antes de que se resolviera fue aprehendida en su estado natal, Michoacán, acusada de falsedad de declaraciones y fraude, lo cual es considerado por su abogada defensora, Olivia Rubio, como un acto para amedrentarla. Lleva recluida tres meses.

La denuncia la hizo en marzo de 2017 contra el entonces director comercial de la Cooperativa Cementos Cruz Azul y un gerente de zona, quienes, según declaraciones de la afectada, se aprovecharon de la relación comercial que tenían con ella como distribuidora para violarla.

Rubio resumió el caso y en entrevista dijo que su representada conoció a sus agresores en 2016, luego de que su padre murió y ella tomó las riendas de la distribuidora de cemento de su familia, en Michoacán, por lo que tuvo diversas reuniones con los acusados en la Ciudad de México. La citaban en hoteles o en restaurantes donde, dijo, le insinuaban que “para continuar en el negocio tenía que ser amable con ellos”.

Comentó que Patricia se tardó un año en denunciar porque sabía que, al acusar a los directivos de la cooperativa, el negocio familiar se iba a derrumbar, pero después decidió que no podía lidiar ella sola con la situación y acudió a las autoridades.

“Tiempo después, los señalados se enteraron y empezaron a intervenir en el caso”, indicó.

La abogada reconoció que, en la primera relatoría de hechos que la víctima presentó en la Fiscalía de Delitos Sexuales en la Ciudad de México tuvo “algunas imprecisiones” debido al “shock” en el que estaba, pero las fue corrigiendo conforme avanzó el proceso y aportó más información, lo que fue aprovechado por los señalados para denunciarla por falsedad de declaración.

A la acusación contra Patricia se sumó la presentación de un testigo que, según la abogada, fue falso y que acusó a Patricia de haber cometido un fraude por 12 millones de pesos.

“Con la vinculación a proceso de Patricia, la carpeta por violación que se estaba integrando se intentó resolver como no ejercicio de la acción penal, decisión que apelamos y actualmente está en proceso, pero nos parece gravísimo que, si una mujer comete imprecisiones en su declaración por una experiencia tan violenta como esta, termine siendo la imputada”, señaló.

La familia de Patricia está preocupada por su salud mental, ya que desde que fue víctima de abuso sexual requirió atención psiquiátrica y medicamentos para la depresión, estado que ha empeorado desde que está presa.

“Nosotros pedimos una prueba pericial en psiquiatría para evaluar el estado de Patricia, por lo que un perito fue a verla al interior del reclusorio de Santa Martha, y lo que estableció es que, aun con los medicamentos que toma, su depresión continúa y hay riesgo de que cometa suicidio”, apuntó.

La abogada dijo que, además del proceso, han tenido que lidiar con la exposición del caso que la cementera hizo en sus redes sociales, señalando a Patricia como culpable de fraude y que busca inculparlos.

“Publicaron las fotos de su detención en Michoacán, y estuvieron diciendo que era una delincuente mentirosa, lo que es tremendo y grave porque da un mensaje a las mujeres que deciden denunciar violencia sexual de que pueden terminar en prisión, acusadas de falsedad de declaración, mientras los agresores gozan de total impunidad”, añadió.