CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Diana Sánchez Barrios, lideresa de comercio ambulante y candidata a una diputación local por la alianza “Va por la CDMX” -conformada por PRI, PAN y PRD- fue vinculada a proceso por los delitos de extorsión y robo en pandilla y deberá permanecer en el reclusorio femenil de Santa Martha al menos durante los próximos tres meses.

Este lunes, durante la continuación de la audiencia inicial y luego de que venció la duplicidad del término constitucional que solicitó su defensa, el juez de control del caso determinó vincularla a proceso por los delitos mencionados, ambos agravados.

El agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) formuló imputación contra una mujer y logró que un juez de control la vinculara a proceso por su probable participación en los delitos de extorsión y robo en pandilla, ambos agravados.

De acuerdo con la FGJ-CDMX, el juzgador le ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, quien fue detenida la noche del pasado 17 de marzo en la colonia Tabacalera, alcaldía Cuauhtémoc.

Además, el impartidor de justicia, fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Según la FGJ-CDMX, el Ministerio Público presentó los datos de prueba aportados por el representante social, adscrito a la Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto, para acusar a la mujer de encabezar una organización que comete agresiones, hostigamientos y amenazas contra sus agremiados y otras personas, al exigirles el pago de cuotas a cambio de no dañar su integridad física o patrimonial.

La detención de Sánchez Barrios, hija de la histórica lideresa de ambulantes, Alejandra Barrios, ha generado diversas protestas de cientos de comerciantes informales, quienes acusan que su detención es por motivos políticos. También se han manifestado integrantes de la comunidad LGBTTTI -debido a que ella es mujer transgénero-, quienes demandan que sea juzgada con perspectiva de género y no mediante persecución política.