CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un tribunal federal otorgó un amparo al exdirector del Instituto de Vivienda (Invi) del gobierno capitalino, Raymundo Collins Flores, para dejar sin efecto la orden de aprehensión librada en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de uso indebido de atribuciones y facultades, derivado de la compra de un terreno por un costo de 21 millones 333 mil pesos.

La resolución del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México advierte que el juez penal adscrito al Tribunal Superior de Justicia local deberá revocar la orden de captura librada desde el 21 de marzo de 2020 y emitir una nueva resolución en la que se justifiquen y corrijan las irregularidades que los magistrados señalaron al emitir la sentencia del caso.

La orden de aprehensión contra Collins fue dictada por el juez Centésimo Décimo Tercero del Sistema Procesal Penal Acusatorio de Ciudad de México, adscrito a la Unidad de Gestión número Doce, del Tribunal Superior de Justicia de Ciudad de México (TSJCDMX), pero con el amparo dejó de surtir efectos y el exfuncionario no puede ser detenido.

El fallo establece que el juez de la causa libró la orden de captura sin realizar una adecuada motivación y fundamentación de los elementos de prueba existentes en la judicialización del caso, además de que no acreditó de manera fehaciente la medida cautelar correspondiente, por lo que ahora el juzgador local deberá analizar y fundamentar la orden de captura en caso de que se vuelva a girar, según lo establece el artículo 141 del Código Nacional de Procedimientos Penales.

El también exdirector de la Central de Abastos y extitular de la Policía capitalina fue acusado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por incurrir en diversas irregularidades mientras fungía como director del Invi, bajo el mando de Miguel Ángel Mancera, provocando un daño al erario con la compra en 2017 de un predio para la construcción de vivienda por un monto de 21 millones 333 mil 616 pesos.

Sin embargo, dicha adquisición la habría concretado sin contar con un dictamen financiero e inmobiliario por parte del Invi, además de que tampoco solicitó la autorización al Comité sobre el uso de Suelo de ese organismo.

De acuerdo con la sentencia del tribunal federal, se advierte que ni la fiscalía capitalina ni el juez de la causa citaron al imputado para que conociera de los señalamientos en su contra con el argumento de que contaba con varios domicilios y existía riesgo de fuga, razón que el juez estimó insuficiente para solicitar la aprehensión como medida de cautela.

El argumento del impartidor de justicia es que la Policía de Investigación de la fiscalía capitalina no acreditó que el imputado no fuera localizable en alguno de sus domicilios, por lo que ahora el juez penal deberá emitir una nueva resolución en la que se podría volver a librar la orden de aprehensión, pero justificando y motivando la medida cautelar.