CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno de la Ciudad de México anunció el endurecimiento del Reglamento de Tránsito para proteger a peatones, ciclistas y motociclistas, y prepara dos iniciativas de reformas al Código Penal y a la Ley de Movilidad para enviarlas al Congreso capitalino y con ello combatir la impunidad.

Además, anunció la creación de una Comisión de Seguimiento Interinstitucional con participación de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), las secretarías de Seguridad Ciudadana (SSC) y de Movilidad (Semovi), así como el C5, que dé seguimiento a los casos de lesiones y muertes de personas por incidentes viales, para que se atiendan e investiguen bajo un protocolo determinado, no queden en la impunidad y que a las víctimas se les repare el daño.

Según el más reciente reporte de la Semovi sobre hechos de tránsito, publicado en diciembre de 2020, en los primeros nueve meses de ese año se duplicaron las muertes de ciclistas con respecto al mismo periodo de 2019, al pasar de siete a 16 casos. En tanto, en el tercer trimestre murieron seis ciclistas, nueve conductores, 34 motociclistas, 17 pasajeros y 28 peatones.

Este miércoles, en videoconferencia, el secretario de Movilidad, Andrés Lajous, y representantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la FGJ, anunciaron las modificaciones.

Respecto al Reglamento de Tránsito, informaron que, si un conductor es detectado con niveles de alcohol en la sangre al pasar en el llamado “Alcoholímetro”, su auto será remitido al “corralón”, en vez de que un acompañante se lo lleve.

Los vehículos foráneos que sean trasladados al depósito no podrán ser retirados hasta que sus conductores paguen todas las infracciones que tengan pendientes, sean económicas o de arresto administrativo.

Y los vehículos que sean detectados con cinco o más infracciones sin atender, serán remitidos al corralón de inmediato y sólo saldrán si el dueño responde por todas ellas.

Reformas legislativas

Las autoridades informaron que enviarán a los diputados locales una iniciativa para modificar la Ley de Movilidad en la que se haga obligatorio que los concesionarios de transporte público tengan una póliza de seguro que cumpla los requisitos de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas.

Explicaron que la mayoría de los concesionarios contratan seguros con empresas mutualistas que suelen ser más baratas, pero no garantizan resarcir el daño que los choferes puedan ocasionar a las víctimas en cualquier incidente.

Además, se propondrá suspender el ramal al que pertenezca la unidad involucrada en un hecho de tránsito en el que resulten lesionadas o fallecidas personas, así como cancelar la licencia de su conductor y hasta revocar la concesión. De paso, se fortalecerán operativos de revisión de las condiciones físico-mecánicas y documentales del transporte público.

En cuanto a las reformas al Código Penal de la Ciudad de México, informaron que la FGJ propondrá buscar más agravantes para tipificar las muertes de víctimas como homicidio culposo, y más sanciones económicas cuando los conductores ocasionen hechos de tránsito por ir a exceso de velocidad o bajo los efectos del alcohol.

La Fiscalía también desarrolla un protocolo con el que agentes del Ministerio Público acudan más rápido al lugar de los hechos de tránsito para realizar las diligencias correspondientes antes de que las pruebas desaparezcan de la vía pública.

En tanto, la SSC realizará el llamado Operativo Carrusel en 27 vialidades, que consiste en que patrullas circulen a baja velocidad en todos los carriles para evitar el exceso de velocidad de los autos cuando no hay tráfico. También se colocarán 700 dispositivos de control de velocidad en vialidades de acceso controlado, ejes viales y vías primarias. Esta cantidad será casi el doble de los 324 que operaron en 2020.