CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Un juez de control dictó una segunda vinculación a proceso contra Miguel Ángel Vásquez Reyes y Hedilberto Chávez Gerónimo, por su probable responsabilidad en delitos cometidos por servidores públicos en materia fiscal.

El primero fungió como subsecretario de Administración y Desarrollo Humano de la Secretaría de Finanzas en el gobierno de Miguel Ángel Mancera y el segundo como director general de Administración de la misma dependencia.

El vocero de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, Ulises Lara, informó que los dos exservidores públicos fueron acusados de entregar un contrato por 290 millones de pesos que presuntamente se utilizaron para el pago de nómina de la organización civil Enred@te por México. Actualmente ésta busca su registro como partido político para participar en el proceso electoral local de 2021.

En marzo pasado, Vásquez Reyes fue vinculado a proceso por su probable participación en delitos cometidos por servidores públicos del Código Fiscal Ciudad de México, y el juez le dictó prisión preventiva justificada como medida cautelar en el Reclusorio Norte.

En tanto, Chávez Gerónimo fue aprehendido el 12 de octubre del año pasado; desde entonces ya se sabía que en 2017 fungió como uno de los integrantes de la junta de la Dirección General de Administración. La Secretaría de la Contraloría identificó irregularidades en dicha junta, misma que avaló en su momento contrataciones y pagos.

La indagatoria

Este martes, en un video mensaje, el vocero de la FGJ, Ulises Lara, dijo que en la audiencia de continuación, la Fiscalía de Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos presentó pruebas determinantes para que el juzgador ratificara la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra ambos exfuncionarios, quienes deberán continuar internos los próximos cuatro meses en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, plazo fijado para el cierre de la investigación complementaria.

Según la investigación, en 2017 los ahora imputados actuaron juntos en actos en perjuicio de la Hacienda Pública, al realizar trámites para adjudicar un contrato de prestación de servicios para la recuperación del Impuesto Sobre la Renta (ISR), retenido a los trabajadores de 2015 a 2017, “sin que la empresa justificara las labores encomendadas y en contravención a la normatividad aplicable”. El monto de dicho contrato fue de 290 millones de pesos.

De acuerdo con la denuncia presentada el pasado lunes 14 ante el Ministerio Público adscrito a la Coordinación General de Investigación Estratégica, la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México no necesitaba contratar despachos contables, pues tenía la infraestructura tecnológica y de recursos humanos para la recuperación de las participaciones del ISR. Ese impuesto se recupera de manera automática con la presentación de las declaraciones del impuesto sobre la renta y el timbrado de nómina.

Lara López agregó que en la querella se señala que los despachos contratados “no realizaron trabajo alguno, ya que el mismo fue realizado por personal de la propia Secretaría de Finanzas capitalina y entregado a dichos consultores, quienes solamente agregaron sus logotipos para los entregables correspondientes, con la finalidad de justificar su supuesta labor”.

Parte de esos recursos desviados, abundó, “se destinaron para el pago de nóminas en la estructura de una nueva agrupación política que buscaba su registro”.

Por último, sostuvo que Vásquez Reyes y otras personas presuntamente formalizaron tres contratos en los años 2017 y 2018, con diferentes empresas, que ascendieron a 986 millones de pesos.