CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Miguel Ángel Mancera Espinosa, exjefe de gobierno, fue inhabilitado por un año para ejercer cargos públicos en la Ciudad de México por transgredir normas electorales en el 2018; sin embargo, ello no le impide seguir en su cargo de actual senador de la República por el PRD.

El pasado 5 de octubre, la Secretaría de la Contraloría General de la CDMX emitió la resolución de inhabilitación temporal, en cumplimiento a la sentencia dictada por el Pleno de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Dicho órgano acreditó que durante su participación durante la campaña presidencial de 2018 a favor de Ricardo Anaya -el panista candidato de la coalición Frente por México-, Mancera Espinosa “puso en riesgo la equidad de la contienda, vulnerando el principio de imparcialidad y neutralidad a que se refiere el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, según explicó la Contraloría, dirigida por Juan José Serrano. 

Con esta resolución, a partir del 5 de octubre pasado y hasta el mismo día de octubre del 2022, Mancera Espinosa no podrá desempeñar empleos, cargos o comisiones en la administración pública de la ciudad que él mismo gobernó de diciembre de 2012 a marzo del 2018.

La medida en su contra es la mínima administrativa y no implica multa o castigo pecuinario para el también exprocurador general de justicia, pues no es un delito grave en materia electoral.

El origen de la sanción 

La inhabilitación de Miguel Ángel Mancera tiene su origen en una queja que presentó el PRI al órgano electoral en marzo de 2018, en la que acusó al hoy senador –así como al hoy gobernador de Chihuahua, Javier Corral-, de participar difundir spots en radio y televisión en el periodo electoral en los que hablaba de las cualidades del panista y manifestaba apoyo a su candidatura. 

Para entonces, Mancera Espinosa ya se había separado de la jefatura de gobierno, aunque la Asamblea Legislativa no había aprobado legalmente su separación del cargo.

En su momento, la Primera Sala Regional del TEPJF dijo que no había delito, pero el PRI impugnó y la queja fue turnada a la Sala Superior, la cual determinó la inhabilitación temporal, pues afirmó que lo hecho por Mancera “transgredió el orden constitucional y legal” y que éste faltó al deber de abstención durante el periodo de campaña.

Cabe recordar que Mancera Espinosa renunció a la jefatura de gobierno el 29 de marzo de 2018 y dijo que sería parte de la coordinación de la campaña electoral del Frente por México. Para entonces, el PAN ya lo había inscrito en su lista para ser senador por la vía plurinominal.

La renuncia de Mancera fue severamente criticada, entre otros elementos, por dejar a medias el proceso de Reconstrucción de la CDMX luego de los múltiples daños que sufrió por el sismo del 19 de septiembre del 2017.

El pasado 23 de septiembre, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX informó que investiga una supuesta red de espionaje a políticos y funcionarios que operó durante su administración, con recursos públicos de la Secretaría de Gobierno.