HIDALGO (apro).- Juan Leonardo Pérez Téllez, el padre de familia que el pasado 4 de enero increpó a la presidenta Claudia Sheinbaum en un evento en Tizayuca, Hidalgo, para pedir justicia por un posible abuso sexual agravado cometido contra su hijo, un menor con autismo, denunció hostigamiento y amenazas presuntamente cometidas por elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH). 

“Hoy, la justicia de Hidalgo le ha fallado a mi niño y nuestras vidas corren peligro inmediato. Denuncio públicamente que mi esposa, mi hijo y yo estamos siendo perseguidos y acosados por camionetas oficiales de la Procuraduría del Estado de Hidalgo y recibiendo llamadas de amenaza tras exhibir la corrupción del caso”, alertó el padre, quien consideró que su familia ya no tiene garantías en su propio estado, por lo que pidió “el auxilio urgente” de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). 

Asimismo, el padre de familia, de 27 años, acusó mediante un video difundido en sus redes sociales la posible evasión del testimonio de su hijo: “la Magistrada de la Segunda Sala Unitaria acaba de borrar y excluir la declaración de mi hijo del proceso, silenciando a la víctima para favorecer al agresor” René C.B. “y a su abogado”. 

El pasado 7 de enero, la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo confirmó que el director de la escuela primaria Donaciano Serna Leal, presunto responsable de la agresión sexual contra el niño de 9 años con trastorno del espectro autista, recibió la suspensión temporal de su cargo, mientras enfrenta el proceso penal en su contra. 

El directivo seguía el proceso en libertad por un amparo que fue concedido por un juez con sede en la Ciudad de México, medida que sería revisada por un Tribunal federal con sede en Hidalgo. 

La intervención ocurrió después de que Juan Leonardo Pérez se aproximara hasta la mandataria e interrumpiera el discurso oficial para denunciar posibles omisiones de la fiscalía estatal y urgir ayuda a Sheinbaum, quien supervisaba la construcción del Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS) 293 en Tizayuca el 4 de enero. 

Posteriormente, el padre acusó dilaciones en el caso y posible pérdida de evidencia que incluiría grabaciones que muestran la agresión, además de dar a conocer que ha recibido amenazas de muerte. A la mandataria, le dijo que teme por su vida y, después, Sheinbaum pidió a la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, que revise el caso. 

El asunto acumuló una serie de recursos legales por los que la medida cautelar prevista en la fracción XI del numeral 155, consistente en la suspensión temporal de una actividad profesional, se dictó hasta el 12 de diciembre, aunque René C. B., director de la primaria Donaciano Serna Leal, había sido vinculado a proceso por el delito de abuso sexual agravado desde una audiencia inicial que data del 4 de abril de 2025. 

La serie de recursos también ha permitido el seguimiento del caso en libertad –lo cual es reclamado por el padre de la víctima–, en tanto que el presunto agresor René C. B. se mantuvo en el sistema educativo estatal, con remuneración y todos los derechos laborales vigentes, asignado a funciones administrativas, hasta el inicio del procedimiento de separación salarial. 

El 7 de enero, cuando fue abordado respecto al tema, el secretario de Educación estatal, Natividad Castrejón Valdez, informó que esa separación salarial podría entrar en vigor a partir de la quincena que seguía. 

“Siempre que hay un tema de este tipo, de inmediato debe separarse de la escuela y evitar que tenga contacto con cualquier tipo de alumno. Desde el día siguiente que se recibió la queja (fue separado), y se manda a la jefatura de sector, donde tiene actividades administrativas, pero no de dirección”, dijo el funcionario. 

“Una vez que lo toma la Procuraduría, ya nosotros no somos parte del proceso, tenemos que esperar que sea la autoridad competente la que determine la falta, si es o no es; la verdad es que hemos tenido casos en los que resulta culpable el acusado y muchos otros en los que resulta inocente. No podemos prejuzgar, lo que tenemos que hacer es tomar las medidas para que el acusado no esté en contacto con alumnos”, expuso. 

Juan Leonardo Pérez Téllez hizo responsable de la seguridad de su familia, de cualquier atentado o “accidente” que sufran, a Francisco Fernández Hasbun, encargado del despacho de la Procuraduría de Hidalgo; a Iram González Pérez, subprocurador y hermano del actual secretario de Agricultura, Napoleón González Pérez, a quien había señalado de posible corrupción y negligencia en la atención del caso; al ministerio público Marco Antonio Chavarría Perchez, “por ocultar la carpeta cinco meses y hostigarnos”, y al juez Víctor Manuel Portela Ortiz, “por un año de burlas procesales”. 

En la grabación que subió a su perfil de Facebook, el padre del menor posiblemente agredido dijo: “hago este video de carácter urgente, porque la Federación nos ha dejado en el abandono absoluto y nuestras vidas y nuestra integridad física corren peligro inmediato por parte del propio aparato estatal del estado de Hidalgo”, para después denunciar lo que denominó “un esquema sistemático de hostigamiento, persecución y terror psicológico institucional que constituyen un crimen de estado”. 

“Tras denunciar la corrupción, las omisiones y los nexos delictivos en el caso de abuso sexual agravado cometido en contra de mi menor hijo, quien vive con autismo, mi familia y yo nos hemos convertido en el blanco de una cacería por parte de las propias autoridades que juraron protegernos. Denuncio abiertamente que estamos siendo perseguidos, vigilados y cercados por camionetas oficiales de la Procuraduría General de Justicia del estado de Hidalgo, que nos siguen en nuestras caminatas, nos vigilan al salir de las instituciones y utilizan recursos públicos para amedrentar a las víctimas, en lugar de capturar a los delincuentes”, afirmó. 

Asimismo, sostuvo haber recibido amenazas directas “por personas plenamente identificadas como trabajadores del gobierno de Hidalgo”, incluidos subordinados del subprocurador: “eso es represión, eso es persecución política y es el uso de la fuerza del estado para cubrir la pederastia”.