CIUDAD DE MÉXICO (apro).-En medio de la crisis política por la revelación de la acusación contra el gobernador Rubén Rocha Moya, la Fiscalía General de la República (FGR) demandó al gobierno de Estados Unidos pruebas sobre estos señalamientos y anunció una investigación sobre el caso. 

“Se ha turnado la información recibida a la Fiscalía General de la República para que se evalúen dichas solicitudes conforme a la legislación mexicana”, dijo. 

En un mensaje a medios, realizado de manera virtual, Ulises Lara, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la FGR, primero confirmó las solicitudes de extradición al mandatario estatal y otros miembros del gobierno local. 

Lara López indicó que la dependencia analiza las solicitudes, pero que no se concederá ninguna extradición sin pruebas suficientes.

Asimismo, cuestionó que las autoridades estadunidenses no mantuvieran la confidencialidad, que ellas mismas solicitaron a las mexicanas para el manejo del caso.

“La Fiscalía General de la República informa que en éste, como en cualquier otro caso de solicitud internacional, debe cumplir todos y cada uno de los procedimientos y protocolos establecidos en la normatividad vigente en la materia”, dijo Ulises Lara en el mensaje.

Detalló que en este caso fueron notificados por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición hechas por el Gobierno de Estados Unidos.

“Con fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el Código Nacional de Procedimientos Penales y las Leyes aplicables en la materia, es obligación de esta Fiscalía, a través de la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales, analizar la documentación recibida, con la finalidad de establecer, con toda exactitud, si existen los elementos probatorios necesarios para tal fin y, en su caso, sobre la viabilidad de la solicitud”, detalló Lara y añadió:

“De manera paralela, esta Fiscalía General de la República iniciará una investigación para allegarse de toda la información necesaria para conocer si existen datos de prueba que establezcan la probabilidad de que la acusación hecha por las autoridades estadounidenses cuente con el fundamento legal para solicitar órdenes de aprehensión”.

Recordó que la legislación mexicana señala claramente que para solicitar a la autoridad judicial una orden de aprehensión se requiere presentar datos de prueba que infieran la posibilidad de que alguna persona ha cometido un delito.

No obstante, expuso, el Tratado Bilateral en la materia refiere, con toda precisión, que solamente se concederá la extradición si se determina que las pruebas son suficientes, conforme a las leyes de la parte requerida.

“De manera particular, es necesario precisar que dicha solicitud no se acompaña de elementos probatorios suficientes, que aporten evidencias contundentes respecto de los hechos narrados.

“Además, es necesario referir que la propia solicitud de los Estados Unidos de América requiere que el Gobierno de México tome las medidas necesarias para asegurar que la información contenida en cualquier solicitud de detención provisional o de extradición que haya sido entregada o vaya a ser entregada, no sea divulgada ni se haga del dominio público, como ocurrió con este caso en particular, por propio dicho de las autoridades estadunidenses.

“Lo anterior toma en cuenta, de acuerdo con la propia misiva, que dar a conocer dicha información con otros fines distintos podría ser en detrimento de la naturaleza confidencial de los procedimientos penales en los Estados Unidos y contrario a las normas procesales que los gobiernan”, sostuvo el vocero.

Subrayó que la propia Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas establece que deben tomarse las medidas correspondientes a fin de que toda la información y documentación que se remite en este tipo de casos se maneje con carácter confidencial y reservado, a efecto de proteger la información que ha sido transmitida.

Recordó además que en el caso de gobernadores y senadores se requiere iniciar un juicio de procedencia para obtener una declaratoria que retire la inmunidad procesal a las personas servidoras públicas que ostenten dichos cargos.

“Para la Fiscalía General de la República es fundamental cumplir a cabalidad con todo lo que mandata la Ley, con pleno respeto a la soberanía nacional, ya que de lo contrario se violentaría el Estado de Derecho, así como los derechos y las garantías de las personas requeridas, que al igual que en el Estado requiriente, son inalienables. Al margen de la Ley, nada; por encima de la Ley, nadie”, concluye el mensaje.

Los señalamientos

El Departamento de Justicia de Estados acusó formalmente de narcotráfico y de colusión con el Cártel de Sinaloa al gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y al senador del mismo partido, Enrique Inzunza Cázares y a otras ocho personas.

Ante la Corte Federal del Distrito Sur en Nueva York, los fiscales del Departamento de Justicia develaron un encausamiento contra Rocha Moya, el senador y los otros ocho políticos mexicanos, con delitos que de los que si son declarados culpables por un jurado en un juicio serían sentenciados a cadena perpetua como castigo máximo o 40 años de cárcel como mínimo.

Los otros acusados en el encausamiento desvelado en la Corte del Distrito Sur de Nueva York son:

• Enrique Díaz Vega.
• Dámaso Castro Zaavedra.
• Marco Antonio Almanza Avilés.
• Alberto Jorge Contreras Núñez “Cholo”.
• Gerardo Mérida Sánchez.
• José Antonio Dionisio Hipólito, “Tornado”.
• Juan de Dios Gámez Mendivil.
• Juan Valenzuela Millán, “Juanito”.