CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).– La meta del gobierno mexicano de digitalizar el 80% de los trámites para 2030 podría contribuir a eliminar la corrupción y el clientelismo, dos lastres que obstaculizan el acceso de la ciudadanía a servicios indispensables. Sin embargo, lograr beneficios tangibles para la población depende de varios factores. En primer lugar, es necesario cerrar la brecha digital, de acuerdo con un reporte elaborado por Accionar.io, organización que brinda apoyo a activistas mediante labores de capacitación e investigación.

Con la implementación de herramientas como la CURP biométrica o la App MX, México se enfrenta a gigantescos retos en materia de ciberseguridad, privacidad e inclusión social.    

El informe de Accionar.io, titulado “Gobierno Digital para la Democracia: Impulsando Infraestructuras Públicas Digitales (IPD) confiables en México”, plantea que la actual política de digitalización del gobierno se trata de una “reestructuración profunda”, con el potencial de transformar la relación entre gobierno y ciudadanos.  

Brecha digital, problemática estructural 

La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) de 2024, publicada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), muestra que existen grandes disparidades en el acceso a internet.  

“Mientras que estados como Ciudad de México y Sonora alcanzan un máximo de penetración del 84.4% de hogares con internet, estados como Guerrero (58.9%), Oaxaca (55.5%) y Chiapas (50.7%) reportan los porcentajes más bajos”, detalló el informe. 

Si estas diferencias no se acortan antes de la digitalización masiva de trámites, el gobierno podría profundizar aún más las desigualdades estructurales en el país, apuntó Accionar.io.  

“El riesgo es que las altas metas de digitalización entren en conflicto directo con la realidad de la baja penetración en estados como Chiapas, socavando el pilar de la equidad”, advierte el reporte el INEGI.  

A la brecha digital territorial se suma otra quizás más profunda y difícil de remediar: la de las personas que tienen acceso a internet, pero no saben cómo utilizarlo o no cuentan con las capacidades para hacerlo. 

“Esta brecha va más allá del acceso: el 9.5% de la población de seis años y más que no utiliza internet indica que la barrera principal es que ‘no sabe utilizarlo’", resaltó el informe.  

Es indispensable que la política pública no les dé la espalda a las personas a quienes el acceso a los sistemas, tal como están diseñados, les resulta imposible. Personas con discapacidad auditiva o visual, que requieren adecuaciones; las personas que hablan alguna lengua indígena y por supuesto, los adultos mayores, quienes enfrentan grandes barreras frente a la tecnología, entre otros.  

Integrar a la población con mayor vulnerabilidad y romper con la exclusión histórica que han padecido es una prioridad para el gobierno mexicano en el discurso, pero mientras da un nuevo paso hacia el futuro dominado por la tecnología, no hay suficiente evidencia que compruebe esa intención.  

De no asegurarse la asequibilidad y la alfabetización digital, la eficacia de estas iniciativas será limitada, consideró el informe. Además, señaló que las experiencias internacionales demuestran la necesidad de implementar canales de atención, a través de medios digitales, telefónicos y físicos, para garantizar el acceso a servicios gubernamentales. 

En entrevista con Proceso, Damaris Espinoza, encargada de la Investigación e Incidencia en Accionar.io, compartió la creación de un grupo multiactor que ya tuvo una primera reunión con la ATDT buscando que sus consideraciones sean tomadas en cuenta.  

Diversas organizaciones, entre ellas colectivos de personas desaparecidas, de justicia climática, e incluso de personas migrantes buscan “decir qué trámites son los que nos gustaría que se digitalicen y que nos urgen en nuestras propias luchas. Creo que están a la expectativa y me parece muy urgente que sean escuchados”, expresó Espinoza.  

En este sentido, el informe de Accionar.io señala: “La decisión de avanzar con la CURP biométrica coloca a México en una posición de alta vulnerabilidad”, debido a la centralización masiva de datos biométricos, sin un marco legal preventivo que prohíba el uso obligatorio por parte de entes privados, así como el uso excesivo por parte de otras autoridades estatales. 

El gobierno de México está a punto de dar un gran paso hacia la digitalización, en el que escuchar a la sociedad civil y a las voces expertas podría incidir en el rumbo que tome la digitalización, logrando inclinar la balanza hacia su utilización como una herramienta de justicia social, o bien, ignorando las advertencias y utilizándola para el control y la vigilancia masiva.  

Alta vulnerabilidad 

La Infraestructura Pública Digital, definida en el citado reporte como “la columna vertebral tecnológica para la prestación de servicios”, se trata de una tendencia global en los gobiernos, y un requisito indispensable para ello es la creación de una identidad digital única para cada persona.  

En México, la Llave MX y la CURP biométrica buscan convertirse en pilares esenciales, permitiendo realizar trámites de forma simple y segura. Asimismo, la App MX es una plataforma unificada para servicios públicos que pretende resolver la fragmentación histórica de los sistemas.  

No obstante, estas herramientas digitales conllevan importantes riesgos como la vigilancia masiva, o la falta de mecanismos de protección frente a las fallas en el sistema.  

La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), creada en 2024, será la dependencia encargada de operar la CURP digital, mientras que el Registro Nacional de Población (Renapo) albergará la Plataforma Única de Identidad que integra toda esta información sensible.  

También se busca que dicha plataforma permita alertar sobre las coincidencias en registros administrativos, por ejemplo, de personas desaparecidas.  

Al respecto, Accionar.io destaca la importancia de que el gobierno avance en esta política de la mano de organizaciones de la sociedad civil, activistas y expertos, tomando en cuenta especialmente las voces de los colectivos que buscan a personas desaparecidas, en cuyo nombre se impulsó la aprobación de la CURP biométrica.