OAXACA, Oax. (apro).- A tres años de la llegada del morenista Salomón Jara Cruz al gobierno de Oaxaca con su mal llamada “Primavera Oaxaqueña” se evidencia “una política de continuidad neoliberal que simula ejercicios democráticos, la que se ha caracterizado por el nepotismo y la corrupción, mientras que en la vía de los hechos no corresponde a un gobierno de izquierda, indígena ni popular”, afirmaron 47 organizaciones de la sociedad civil. 

En la segunda Asamblea por la Reconstitución del Movimiento Social en Oaxaca sostuvieron que, por el contrario, este gobierno “responde a los grandes intereses transnacionales políticos y económicos, despojando sistemáticamente los territorios, agrediendo, persiguiendo y asesinado a los integrantes del movimiento social, violando los derechos laborales, los derechos humanos, e incrementando la violencia y el ecocidio. 

Además, esta “fragmentando el tejido social mediante la imposición de programas sociales con una lógica asistencialista y clientelar, militarizando los territorios, empoderando cacicazgos regionales, utilizando a la policía y a los grupos de choque disfrazados de expresiones y figuras sociales para confrontar, dividir y reprimir la protesta social, usando un discurso difamatorio y estigmatizante contra el movimiento social de parte de quienes arribaron a formar parte del Estado simulando ser luchadores sociales”. 

En el pronunciamiento de la Asamblea por la Reconstitución del Movimiento Social en Oaxaca más de 350 representantes de 47 organizaciones sociales, sindicales, colectivos, defensores y defensoras comunitarias, académicos, autoridades agrarias y municipales, así como comunicadores comunitarios en Santa María Atzompa, acordaron accionar para enfrentar en común la embestida del sistema capitalista y sus políticas neoliberales que afectan a los pueblos y comunidades agudizando las condiciones de precariedad. 

En el documento concertaron “rearticularnos para construir la unidad estratégica fortaleciendo mecanismos asamblearios para la toma de decisiones, reafirmamos la importancia de la formación política para fortalecer nuestras luchas, para la defensa territorial frente a los megaproyectos; construyendo autonomía y autodeterminación como acción cotidiana; así mismo nos comprometemos a garantizar la participación real y horizontal de mujeres, juventudes y diversidades sexogenéricas respaldando sus luchas”. 

“Hemos delineado un plan de acción con diversas actividades, entre ellas la recuperación de la memoria histórica del movimiento social y la conmemoración de los 20 años de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca (APPO); seguir fortaleciendo nuestras alianzas y vínculos a nivel comunitario, regional, estatal, nacional e internacional con otras luchas y resistencias que coincidan en hacer frente a esta crisis global”. 

Esta asamblea se declaró permanente y como un espacio de unidad colectiva de los pueblos de Oaxaca en defensa de la vida, la tierra, el territorio y la esperanza como ejes irrenunciables de nuestras luchas 

Este encuentro se realizó con el objetivo de dar seguimiento a los acuerdos de la primera Asamblea por la Reconstitución del Movimiento Social en Oaxaca, para construir una agenda de lucha y plan de acción con base al análisis del contexto global, nacional y regional para hacer frente a la grave crisis política, económica, climática y humanitaria de cara a una preocupante avanzada de la derecha y de gobiernos autoritarios que en su conjunto son consecuencias de este sistema capitalista, imperialista y patriarcal. 

Mediante mesas de trabajo regionales analizaron el impacto de este sistema en las ocho regiones de Oaxaca donde identificaron peligros y amenazas latentes a sus derechos y territorios tales como los megaproyectos extractivistas, minería, tala ilegal de árboles, proyectos turísticos e inmobiliarios, proyectos eólicos, proyectos hidráulicos, proyectos carreteros, el corredor interoceánico, la gentrificación, despojo de territorios y desplazamiento forzado, conflictos agrarios provocados desde el mismo estado, violencia feminicida y desapariciones. 

Consideran que existe una amenaza latente a la propiedad social de la tierra, así como de los derechos de los trabajadores del campo y de la ciudad. 

Finalmente se pronunciaron por “¡el cese inmediato de la criminalización y judicialización contra personas defensoras del territorio, así como la cancelación de órdenes de aprehensión y procesos penales fabricados contra las y los defensores comunitarios!”; la cancelación inmediata de todas las concesiones mineras en todo el estado y en particular de los valles centrales; reconocimiento de la energía eléctrica como un derecho humano; el reconocimiento pleno y vinculante de la autonomía, libre determinación y asambleas comunitarias, así como el respeto absoluto a bienes comunales y ejidales; alto a la criminalización de la protesta social y alto a los carteles y cese de los despojos en todas las regiones de Oaxaca”.