CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Durante los siete años de gobiernos de la llamada cuarta transformación han sido asesinados 13 sacerdotes católicos, un seminarista, y 29 laicos ligados a la Iglesia, alertó el Centro Católico Multidimensional (CCM) en su informe anual 2025.  

Durante la presentación del “Informe sobre la incidencia de violencia en contra de sacerdotes e instituciones de la Iglesia Católica en México”, el director del CCM, Omar Sotelo Aguilar, resaltó que al menos el 80% de los casos registrados por la Unidad de Investigación del CCM permanecen en la impunidad, situación que se replica en la falta de investigación de los saqueos de arte sacro o actos de vandalismo en contra de mil 300 lugares de culto.  

En conferencia de prensa, el sacerdote destacó que si bien durante la gestión de Enrique Peña Nieto fueron 19 los sacerdotes asesinados, ha sido durante los gobiernos de la cuarta transformación en los que “la escalada de violencia de alto impacto contra espacios religiosos y el ascenso de homicidios contra agentes de pastoral o bien laicos asociados a actividades parroquiales o que ejercen liderazgo particularmente en la protección de los derechos humanos”.  

De acuerdo al documento, 10 homicidios de sacerdotes ocurrieron durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y tres en lo que va de la administración de Claudia Sheinbaum, además que un seminarista fue ejecutado durante el mandato de López Obrador.  

Durante los gobiernos federales de Morena los estados donde se han reportado los eventos de violencia son Baja California, Tamaulipas, Morelos, Guanajuato, Durango Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Chiapas, Guerrero, Tabasco, Estado de México, Colima y Ciudad de México.  

“Los sacerdotes trabajan en tierra de narcotraficantes”, resaltó Sotelo Aguilar tras señalar que un sacerdote fue desaparecido durante el gobierno de Sheinbaum, y que hay otros dos casos de desaparición registrados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.  

El sacerdote lamentó que en la mayoría de los casos persista la impunidad, y reveló que sigue una tendencia de pretender “difamar o ensuciar” el trabajo de los sacerdotes víctimas, señalándolos de “borrachos, mujeriegos y pederastas”, además de que en situaciones de desapariciones han confirmado que las investigaciones ministeriales no pasan de los dos a tres primeros meses de ocurridos los hechos.  

Al señalar que hay indicios de que no solamente el crimen organizado estaría detrás de las muertes de algunos de los prelados, sino que también hay algunas muertes en las que habría sospecha de participación de autoridades de los tres órdenes de gobierno, Sotelo Aguilar explicó que lo que se busca con los homicidios de los sacerdotes es “sembrar el terror” en lugares donde el crimen organizado domina.  

Sotelo explicó que “el sacerdote sigue siendo un ente importante en la comunidad, por ello hay un mensaje al asesinar a un sacerdote: si soy capaz de matar a un cura, puedo matar a quien sea, porque el sacerdote es visto como estabilizador social, que genera sensación de seguridad a las comunidades, de ahí que los criminales advierten ‘no se metan conmigo’, para amedrentar a comunidades para sembrar el terror”.  

Entre los casos de mayor relevancia ocurridos en los últimos siete años descritos en el informe destacan el asesinato del padre Marcelo Pérez y el padre Bertoldo Pantaleón Estrada, de las diócesis de San Cristóbal de las Casas y Chilpancingo-Chilapa, respectivamente, quieres “eran notables líderes de su comunidad, con un importante activismo social y labor pastoral”. 

En cuanto a los asesinatos de laicos, se resaltan los casos de 11 integrantes de una familia en Chicomusuelo, Chiapas, que colaboraban con la diócesis de San Cristóbal de las Casas,  hechos ocurridos el 13 de mayo de 2024, que habrían sido ejecutados “por resistirse a formar parte de alguna de las bandas del crimen organizado”;  la ejecución de ocho jóvenes en una cancha contigua a la parroquia de San José de Mendoza en Salamanca, Guanajuato, “mientras hacían preparativos para la Semana Santa, así como el asesinato de 10 jóvenes, el 10 de mayo de ese año, en San Bartolo de Berrio, Guanajuato, “cuando estaban reunidos en festejos del día de las madres organizado por la parroquia local”.  

De acuerdo al informe, “no son hechos aislados, sino síntomas de un mal mayor: la pérdida de valores y la relativización de lo sagrado, aunado a la creciente e invencible impunidad sostenida por la corrupción ya provoca que templos y comunidades eclesiales se conviertan en blancos de violencia”.