Huachicol fiscal

Vicealmirante Farías Laguna acusa fabricación de delitos de huachicol fiscal: "Es una venganza"

En el documento, fechado hoy, Farías Laguna relata su detención el 2 de septiembre de 2025 en su oficina de la Inspección de la Décima Región Naval en Salina Cruz, Oaxaca, por agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).
lunes, 26 de enero de 2026 · 09:10

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-En una carta dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum, el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, detenido desde septiembre de 2025 por presunta delincuencia organizada en materia de hidrocarburos, denunció irregularidades en su proceso judicial, solicitó la intervención presidencial para revisar su caso, pues asegura se trata de "una venganza". 

Farías Laguna, quien se encuentra recluido en el Cefereso No. 1 "Altiplano", alega que la investigación ha sido "politizada" y "corrupta", con negación de acceso a pruebas clave que le impedirían demostrar su inocencia.

"Fui vinculado a proceso y actualmente privado de mi libertad", escribe, enfatizando sus 33 años de servicio ininterrumpido en la Armada de México.

En el documento, fechado hoy, Farías Laguna relata su detención el 2 de septiembre de 2025 en su oficina de la Inspección de la Décima Región Naval en Salina Cruz, Oaxaca, por agentes de la Agencia de Investigación Criminal (AIC).

Acusó a la Fiscalía General de la República (FGR), instancias judiciales y la Secretaría de Marina (Semar) de tratarlo como culpable desde el inicio, incluyendo una baja institucional "ilegal" el 18 de diciembre de 2025, contra la cual ha interpuesto recursos legales para proteger sus derechos y prestaciones sociales.

El vicealmirante detalló que, desde el 10 de noviembre de 2025, solicitó acceso a la investigación complementaria contenida en la carpeta 5608/2025, pero no ha recibido respuesta, lo que califica como una violación a su derecho a una defensa adecuada.

"Existe información en la que se me quiere fabricar como culpable, iniciándose una investigación por un video de YouTube que no existe, y de ahí forzando una serie de datos y técnicas de investigación llenas de imprecisiones", afirmó en la misiva.

Además, destacó el impacto familiar: "Una afectación a mi familia que quedará como una huella para toda la vida en mi esposa y mis hijas menores".

Farías Laguna, quien mencionó haber escrito previamente a la presidenta sin resultados satisfactorios, pide una revisión del caso para evitar la "fabricación de culpables" y describe el proceso como "viciado y, en ocasiones hasta perverso", sugiriendo un "ánimo de venganza" más que de justicia.

Investigación

Este llamado surge en medio de avances recientes en el caso. El 22 de enero, una audiencia en el Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya abordó la entrega incompleta de la carpeta de investigación (solo 14 de 17 tomos proporcionados), lo que llevó a multas a la FGR desde noviembre de 2025 por incumplimiento.

a defensa, a cargo de Mendieta, ha argumentado violaciones al debido proceso, y amparos han frenado temporalmente la baja de Semar para Farías Laguna y su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, considerado prófugo.

El caso de huachicol fiscal, conocido como la red "Los Primos", involucra a los hermanos Farías Laguna –sobrinos del exsecretario de Marina Rafael Ojeda Durán– en una presunta organización que operó el desembarque ilegal de hidrocarburos en puertos como Tampico y Altamira, Tamaulipas, mediante 31 buques entre 2020 y 2024.

La FGR los acusa de integrar un grupo delictivo con marinos, funcionarios aduanales y empresarios, basado en evidencia como transacciones millonarias y decomisos, incluyendo 10 millones de litros de diésel en Tampico en marzo de 2025.

En septiembre de 2025, un juez federal vinculó a proceso a Farías Laguna y nueve implicados más, ratificando prisión preventiva oficiosa para la mayoría, con un plazo de seis meses para la investigación complementaria.

Entre los procesados figuran capitanes de navío como Humberto Enrique "L" y Clímaco "A", así como funcionarios de aduanas. El juez rechazó traslados a prisiones militares pese a reportes de amenazas en el Altiplano.

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