CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Atento a la información sobre México, Brayan Flamenco Quintero, uno de los 27 sobrevivientes del incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurrido el 27 de marzo de 2023, y en el que murieron 40 migrantes, no daba crédito a lo que se divulgaba en redes sociales: la asignación de un puesto de dirección general en la Secretaría de Educación Pública (SEP) para Francisco Garduño Yáñez, excomisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), quien mantiene un proceso abierto por la tragedia.

Activo en el juicio por el incendio, en el que fallecieron tres de sus amigos, asistente a audiencias en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y a la disculpa pública que dio Garduño el 26 de septiembre del año pasado, para Brayan resultó “inconcebible” que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sostuviera que Garduño Yáñez “ya no está bajo proceso de ningún tipo”, durante su conferencia matutina del 21 de enero.

“¿Cómo es posible que ella pueda estar poniendo en cargos públicos a una persona acusada de ser una de los responsables del incendio de Ciudad Juárez y cómo trata de protegerlo?”, cuestionó Brayan desde El Salvador, en entrevista con Proceso.

Para el joven salvadoreño que, derivado del incendio, sufrió lesiones internas y quemaduras en el cuerpo que lo mantuvieron en coma un mes, Garduño es “un señor que no debería hacer ningún cargo público, él debería estar pagando algo de lo que se le está haciendo responsable y lo están protegiendo a toda costa”.

Indignado por la noticia y por lo que significa para los sobrevivientes y familiares de los migrantes fallecidos, señala que “pelear con el gobierno de México es pelear con un monstruo, porque lastimosamente está lleno de corrupción”. Brayan reprueba lo dicho por la presidenta Sheinbaum al nombrar a Garduño como director general del Centro de Formación para el Trabajo de la SEP y sostener que “ya no está bajo proceso”.

“Justamente estamos viendo una declaración de la presidenta. Es corrupción que está con el total apoyo y mandándole un mensaje a las organizaciones que están acusando a este señor de que lo va a proteger a toda costa, y que va a ser difícil que este señor quiera pagar algo, o sea, pagar sobre sus responsabilidades”, alerta.

Brayan, quien a casi tres años del siniestro aún tiene pesadillas que lo remiten al “infierno” de la estancia migratoria y que vive con las secuelas de las lesiones que sufrió, dice que la noticia del nombramiento de Garduño le llevó a pensar en sus amigos Enrique, Milton y Andrés, y en los 37 migrantes más que murieron, así como en sus familiares.

“Siento como que el señor se ríe en la cara de nosotros, ¿no? Es un tema de como que él dice, ‘bueno, ya, ellos solos se quemaron, ellos hicieron esto, y, pues, como dice el mexicano, ¡A chingar a su madre!”, suelta Brayan.

Insiste: “Está demasiado protegido, diría yo. ¿Cómo le van a dar a alguien que está acusado de responsabilidad de un incendio donde fallecieron personas y lo premian dándole otro cargo? Un señor que ni debería estar libre, le den la confianza todavía. Se nota que el gobierno está con él y que el gobierno también se burla del dolor de las familias de los fallecidos. Es algo muy irrespetuoso para mí”.

Con secuelas que le impiden normalizar su vida y trabajar plenamente para mantener a su familia, Brayan Flamenco Quintero reflexiona sobre la situación tan inequitativa.

“Él (Garduño) creo que ya llegó a 76 años de vida, y anda alegre, anda agarrando cargos públicos. En cambio yo, a mis 30 años, que tuve lesiones internas, en riñones, pulmones, vías respiratorias, a veces siento en la noche que me quedo sin oxígeno, siento como que no quedamos al cien, y eso para mí es un problema, igual para el trabajo, no lo puedes ejercer muy bien porque sabes que tienes que cuidarte bastante”, apunta Flamenco Quintero.

Forjado en el grupo político de René Bejarano, Francisco Garduño posteó en su cuenta de Facebook el mensaje del secretario de Educación, Mario Delgado, anunciando que el excomisionado del INM “ha sido nombrado por parte de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo como director general de Centros de Formación para el Trabajo”, calificándolo como “un funcionario ejemplar”.

Nacido en Acámbaro, Guanajuato, en 1948, Garduño se ostenta en su página web, creada en 2022, como un político leal a Andrés Manuel López Obrador “desde la lucha contra el fraude en el estado de Tabasco” , en los años noventa.

En su galería fotográfica Garduño aparece junto al expresidente en Palenque, ya en una conferencia matutina, ya en instalaciones del Antiguo Palacio del Ayuntamiento o bajo el templete de algún evento masivo.

En su perfil destaca sus gestiones como funcionario de la administración del tabasqueño cuando era jefe de Gobierno del Distrito Federal, en la Secretaría de Transporte y Vialidad (2002-2005) y la Subsecretaría de Gobierno (2005-2006), y a partir de 2018 en el gobierno federal como comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Reinserción Social (OADPRS) y al frente el INM, gestión que ha sido severamente cuestionada por defensores de derechos de personas migrantes, por los actos de corrupción y violencia contra esa población.

Sobre ese último cargo con López Obrador, Garduño, quien se asume en su perfil como “defensor” de derechos humanos, sostiene que durante su gestión atendió “la mayor crisis migratoria de los últimos tiempos”, omitiendo mencionar el incendio en la estancia migratoria de Ciudad Juárez.

Sigue bajo proceso

Marcos Zavala, abogado de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD), lamenta que al nombrar a Francisco Garduño como parte de su gabinete, la presidenta Claudia Sheinbaum demuestre “que no está debidamente asesorada”.

Zavala, quien pertenece a un equipo de defensores de varias organizaciones sociales que representan a 17 familiares de víctimas mortales y sobrevivientes, refuta la declaración de Sheinbaum de que el excomisionado “ya no está bajo proceso de ningún tipo”.

“En la causa penal 237/2023 él sigue vinculado por el delito de ejercicio ilícito del servicio público, por la que tenemos una audiencia programada para el primero de septiembre de 2026. El proceso no está cerrado, sigue abierto y el señor va a tener que acudir personalmente al Centro de Justicia Penal Federal en Chihuahua, Ciudad Juárez”, afirma el abogado en entrevista.

Advierte que la audiencia está programa para determinar el cumplimiento de siete medidas impuestas por el juez en una audiencia del 24 de enero de 2025 a partir del “beneficio indebido por el que se le otorgó a Garduño una suspensión condicional”.

Explica que esas medidas son obligatorias: “Inclusive después de que él haya dejado el cargo, tendría que velar por que se cumplan”, como la disculpa pública, la cual las víctimas “no consideraron que fuera una disculpa sentida que restituyera su dignidad”, así como la cobertura de compensaciones económicas para las víctimas y sus familias, “a las cuales él personalmente se había comprometido, y de las cuales no tenemos conocimiento que él las haya entregado”.

Apunta que las compensaciones que se han otorgado a los sobrevivientes y a las familias de las víctimas responden a la recomendación 111VG/2023 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) dirigida al INM, no por el proceso penal abierto contra Garduño.

Otras medidas impuestas son tomar seis meses de cursos en materia de protección civil y derechos humanos; garantizar que las víctimas sobrevivientes reciban atención médica en el IMSS (medida imposible de cumplir porque las víctimas no se pueden trasladar de sus países de origen a la Ciudad de México); que se garanticen condiciones dignas y con protección civil en las estancias migratorias, así como un registro nacional de retenciones del INM.

Marcos Zavala explica que aunado a la audiencia programada para el 1 de septiembre en Ciudad Juárez, están pendientes las resoluciones de dos amparos interpuestos por las organizaciones que representan a las víctimas y que sería aplicable a todos los afectados.

El primer procedimiento, añade, deriva de la primera audiencia del 30 de abril de 2023, en la que se cometió “un fraude procesal porque nunca fueron representadas las 40 víctimas fallecidas ni las 27 personas sobrevivientes, ni se le inhabilitó como se pidió, lo que le permitió que sólo a él se le vinculara por un delito menor o de bajo impacto, que no excede en su media aritmética de cinco años y eso le permite obtener el beneficio de suspensión condicional, mientras que a los otros 11 imputados se les está vinculando por homicidios y lesiones. Vemos una deficiencia, la justicia selectiva y un trato preferencial precisamente para posteriormente obtener este beneficio”.

Las organizaciones también impugnaron la resolución del juez del 24 de enero de 2025, por el que se le otorgó a Garduño el beneficio de suspensión condicional del proceso 237/2023, y que es lo que motiva la audiencia de septiembre.

“Nosotros, cuando vimos el expediente, nos dimos cuenta de que el gran ausente eran las víctimas. El Estado les falló doblemente, primero porque no les garantizó condiciones óptimas, dignas, en una estancia migratoria, dejaron que se murieran 40 personas y que a 27, pues casi truncaron su vida, y luego les fallaron en garantizarles el acceso a la verdad, a la justicia, a la reparación”, reprueba Zavala.

Tras describir los procedimientos penales que todavía tiene la defensa de las víctimas, el abogado insiste en que “todavía tenemos para rato del proceso del señor Francisco Garduño y que lo que dice la presidenta, lamentablemente mal asesorada, no tiene ni pies ni cabeza. El señor todavía puede estar sujeto bajo proceso por lo menos un año y medio más”.

Brayan Flamenco Quintero no pierde la esperanza de que se haga justicia. “Creo que nadie se va sin pagar algo en esta vida. El señor (Garduño) lo tiene que tener presente, si tiene conciencia, de que fue responsable de algo de lo que todavía se sigue hablando. Mis quemaduras me recuerdan de dónde vengo, dónde estuve y de dónde salí con vida.

“La justicia para mí es que se siga el proceso, que al señor se le haga responsable de lo que hizo y que se reconozca una compensación de su parte hacia las familias, que no crea que esto ha sido fácil para nosotros, porque tenemos que estar luchando por nuestra vida”, finaliza Brayan Flamenco.